La subidas del precio de los alimentos y de la factura de la luz complican la cuesta de enero

Para ser justos, estas subidas impositivas suponen volver a la situación de normalidad. Acabar con las bonificaciones que activó el Gobierno de España para hacer frente a las consecuencias inflacionarias de la invasión de Ucrania. Es decir, que ahora se sube el impuesto lo mismo que se bajó.

La misma explicación, la del fin de las bonificaciones, tiene el incremento que se apreciará en la factura de la luz del mes de enero. Aquí el IVA salta del 10% al 21% por el fin de las subvenciones públicas a la electricidad. En el caso del gas, el final de la bonificación se hizo ya en la pasada primavera por la estabilización de los precios, por lo que no se notará. No se apreciará el salto del 31 de diciembre al 1 de enero, otra cosa es que las perspectivas del mercado de futuro apunten al alza a lo largo de 2025. También se vislumbra un encarecimiento de la luz, aunque dependerá mucho del contexto geopolítico y de las condiciones meteorológicas, en el caso de las fuentes de producción renovable. La bombona de butano no subirá tras las campanadas, pero porque ya subió en noviembre, casi un 10% en doce meses. Por contra, Correos sí dispara un 8,5% el precio de los sellos nacionales y casi un 4% el de paquetes. Ya en el sector privado, en telefonía, Vodafone ha anunciado una subida del 3% de sus tarifas y Movistar y Orange han dicho que las revisarán, pero no cuánto. Quien tenga Netflix, también le costará más desde ya.

Con todo -precios de las materias primas e impuestos-, el Banco de España prevé que la inflación crezca este año un 2%, frente al 2,8% con el que cerró diciembre. Es justo -2,8%- el mismo porcentaje que suben de media las pensiones, aunque la Seguridad Social ha hecho un especial esfuerzo con las mínimas al subirlas al 6% y un 9% en el caso de las no contributivas, como son las de viudedad y orfandad, que son los que tienen ingresos más bajos. A estos colectivos les seguirá costando más que a la media llegar a fin de mes, pero porcentualmente el esfuerzo será menor del que hicieron en 2024.

Quien cobre el ingreso mínimo vital que sufraga el Ministerio, que sepa que sube otro 9%. Y quien cobre la renta social básica del Gobierno regional, que complementa el IMV, que sepa que se mantiene el incremento extraordinario del 15% -también fue una medida antiinflación- respecto a la cuantía que le correspondería por ley. ¿Y qué pasa con el salario mínimo? El Ministerio de Trabajo está aún negociando la subida, que será al menos como la de las pensiones, con los agentes sociales. No se sabe cuánto subirá, pero sí que tendrá efecto retroactivo a 1 de enero.

Otro de los clásicos cuando se habla de subidas de precios con el nuevo año son los impuestos municipales, que los consistorios revisan en el mes de diciembre. Desde el temido IBI del que no se salva ningún propietario, hasta el de circulación o las tasas por servicios como el agua o la basura. Entre los 102 localidades cántabras hay casos para todos los gustos. Los que los incrementan, los que los congelan, los que los bajan... A modo de resumen, Santander ha aprobado, por décimo año consecutivo, no tocar ninguno excepto el agua y el alcantarillado, que suben el IPC. La capital igual no puede presumir de ser una de las más limpias de España, pero sí lo hace de ser una de las que menos mete la mano al bolsillo de sus ciudadanos -que es de donde sale el dinero para sufragar los servicios municipales-, ya que tiene una de las presiones fiscales más bajas del país.

En Torrelavega, donde quieren tener sus cuentas saneadas para hacer frente pronto a inversiones tan costosas como el soterramiento de las vías, directamente, los grupos del equipo de Gobierno PRC-PSOE han hecho tabla rasa y suben todo un 5%. Es el doble del IPC, algo que la oposición ha calificado de «sablazo».

De los impuestos autonómicos, no entran en vigor grandes cambios -sí bonificaciones en el IRPF a inversiones extranjeros y para atraer familias a Cantabria-, pero en cambio sí se notará en la declaración de la renta que se hace este 2025 la revolución fiscal que aplicó Buruaga el año pasado, bajando «todos los impuestos posibles, todo lo posible». A nivel estatal, el Gobierno central incrementa la «cuota solidaria» de sobrecotización de los salarios más grandes, que pasa del 0,7% al 0,8%. Y para los autónomos, habrá un nuevo sistema de cotización que se ajuste más a los ingresos reales: los que menos ganan podrán ahorrarse 360 euros y los que tienen ingresos más altos podrían pagar hasta 1.000 euros más.

Hasta hace dos semanas, todo parecía indicar que el final de las bonificaciones públicas también iba a llegar a las rebajas de precios en el transporte. Esa era la intención que había manifestado el ministro Puente: que una vez superada la crisis de precios, lo lógico sería acabar con esta medida extraordinaria y crear un nuevo sistema de incentivos únicamente para los colectivos de mayor vulnerabilidad. Pero el Ejecutivo central ha dado marcha atrás a través de un acuerdo con Podemos. Durante al menos seis meses, se queda todo como está.

En el caso de los trenes, esa hipotética supresión de las ayudas públicas en Cercanías no habría afectado ni a Cantabria ni a Asturias, que tienen garantizada la gratuidad hasta que lleguen las nuevas máquinas como penitencia por el fiasco de los trenes que no cabían por los túneles. Así, seguirá funcionando el abono cuatrimestral que cuesta 10 euros a modo de fianza, un dinero que se devuelve si se hacen al menos 16 viajes durante esos cuatro meses. Y en los autobús, continuará la rebaja del 50%, descuento que en las líneas autonómicas y municipales corre a cargo del Ministerio en un 30% y de la otra administración en un 20%. Cuando parecía segura la supresión de las ayudas estatales, tanto el Gobierno cántabro como los ayuntamientos de Torrelavega y Santander se apresuraron a decir que ellos sí mantendrían su parte de la ayuda. En el caso de la capital, condicionó su aportación a que también lo hiciera el Ministerio.