El PRC subirá 30.000 euros el sueldo de su directora general del Servicio Jurídico

Así aparece en una de las enmiendas que han presentado de manera conjunta a las Cuentas ambos socios del bipartito y que saldrá adelante gracias a su mayoría absoluta. Una iniciativa del PRC que, aunque los socialistas no veían con buenos ojos, finalmente también han firmado en aras de la paz en la coalición. De esta forma, pasará de cobrar 68.339,57 a 96.920,74 euros al año. Un poco más con la aplicación de ese incremento del 2% general a todos sus compañeros.

Desde el Gobierno apuntan que la norma autonómica que rige el funcionamiento de los Servicios Jurídicos habla de que el puesto requiere «una independencia funcional en los mismos términos» que establece la Ley de Finanzas para la figura del interventor funcional, el puesto de responsabilidad mejor pagado de toda la Administración regional. Por ese motivo, entienden que era una anomalía que hasta ahora no rigiera el mismo régimen de retribuciones para ambos cargos. De hecho, precisan que en algunos supuestos es la dirección del Servicio Jurídico la que supedita algunas decisiones de la Intervención General de Cantabria.

Una independencia para desarrollar su labor que, por otra parte, los regionalistas consideran demostrada, ya que la actual responsable del Servicio Jurídico, antes de formar parte del bipartito, también tuvo puestos políticos durante el Gobierno de Ignacio Diego (PP). Así, entre 2011 y 2015 desempeño las labores de secretaria general de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo que capitaneaba el popular Javier Fernández.

Licenciada en Derecho por la Universidad de Cantabria, García-Barredo es funcionaria del Cuerpo de Letrados del Gobierno de Cantabria desde el año 2000. Durante el periodo de 2003 a 2008 desempeñó el cargo de Jefe de Servicio del Área Contencioso del Servicio Jurídico, un puesto de alta funcionaria en el que tenía un sueldo superior incluso que el actual. Es decir, que dar el paso al ámbito político -aunque este sea un perfil eminentemente técnico- le supuso una pérdida retributiva. En los últimos tiempos ha tenido que hacerse cargo, entre otros asuntos, de armar la respuesta legal y el respaldo jurídico a todas las restricciones puestas en marcha para hacer frente a la pandemia.

En etapas anteriores, los directores del Servicio Jurídico no tenían el mismo sueldo que el interventor general, pero sí un complemento para evitar, precisamente, que funcionarios sufrieran un perjuicio económico por asumir el puesto. Eso se eliminó hace años y ahora se opta por esta fórmula.