«La Ley del Suelo traerá especulación y beneficiará solo a unos pocos»

–¿Era necesaria ahora una reforma de la Ley del Suelo?

–Tras veinte años, es normal que haya aspectos a actualizar. Las expectativas de la región cambian. Pero si se cambia una ley, en todo caso que sea para mejorarla.

–Uno de los aspectos fundamentales es la utilización del suelo rústico. ¿Tiene sentido permitir construir en él bajo determinadas condiciones?

–En algunas comarcas, esa posibilidad va a hacer que todo el valle se convierta en potencialmente edificable. El modelo tradicional de Cantabria es el de muchos pueblos pequeños y dispersos, pero cercanos entre sí. Están tan cerca que si se permite construir en suelo rústico a lo largo de 100 metros desde los núcleos, las corolas de unos pueblos y otros acabarán unidas. Eso provocaría lo que cualquier experto rechazaría, un crecimiento en 'mancha de aceite'. En Cabuérniga, por ejemplo, habría una continuidad total entre Terán, Valle, Sopeña... Con la actual redacción, un pueblo pequeño, de cuatro hectáreas cuadradas de núcleo podría extenderse hasta las dieciséis. Es un disparate, porque además se haría sin garantías. Sin atender a pendientes, regatos, al impacto visual. Para evitar eso se inventó la ordenación territorial.

–Queda claro que no le gusta.

–La idea central de una Ley del Suelo tiene que ser la ordenación del territorio y el desarrollo urbanístico. Que dé las normas para hacer los planes urbanísticos municipales. Eso es lo que decía la norma de 2001, que obligaba a que en cuatro años todos los ayuntamientos tuvieran su plan. Si se hubiera hecho eso, si tuviéramos un PROT que está hecho y sin aprobar, probablemente los conflictos que esta ley genera no estarían sobre la mesa. Como estos planes generales están en colapso, lo que hará la Ley del Suelo es abrir la puerta a liberalizar el suelo sin ninguna garantía.

–Los conservacionistas piden que se aplique «el sentido común»: que se urbanice el suelo urbanizable y que se preserve el rústico.

–Claro. Vete a Asturias, vete a Castilla, vete a País Vasco, vete a Navarra. Allí el suelo rústico es eso, suelo rústico. Reservado para las actividades agrícolas y ganaderas. El dato que tenemos en Cantabria de 1.400 viviendas unifamiliares en suelo rústico con permiso de la Administración no es comprensible. Y las que vendrán...

–Esta vía está abierta en Cantabria desde la reforma de 2012 y en esta década se han concedido esas 1.400 licencias. ¿Qué conclusiones podemos sacar?

–Lo que se ha hecho desde 2012 es convertir la excepción en regla. Esta Ley del Suelo en tramitación contradice totalmente la de 2001, que reservaba el rústico para las actividades ligadas a los usos agrícolas, ganaderos, forestales… Y las viviendas iban al suelo urbano o urbanizable. Solo así se consigue que el resultado esté ordenado y con garantías de que los nuevos inmuebles quedan integrados en las tramas existentes previamente. El problema es que estas nuevas viviendas –y basta con dar una vuelta por Cantabria–, en el 90% de los casos, se construyen sin urbanizar el entorno. Se accede a ellas por una calleja, ponen una portilla y hacen una casa. Si eso se hace 1.400 veces se degrada el paisaje, el territorio y queda una herencia envenenada que después hay que pagar. Luego los propietarios exigen que se les dote de pavimento, alumbrado eléctrico… Y lo tenemos que pagar todos. Los resultados de lo que se consagra en este proyecto de ley ya los estamos viendo. En algunos casos, están apareciendo viviendas en lugares absolutamente perniciosos, con la degradación evidente de la región que implican.

–¿Es una anomalía dentro del contexto español?

–En los territorios que nos rodean es impensable. La prohibición es total o casi absoluta.

–Además del efecto en el paisaje, ¿qué otras consecuencias tendrá liberar el suelo rústico?

–Va subir el precio de todo el suelo rústico en su conjunto por la especulación y reducirá las posibilidades de que el profesional agrario o ganadero que quiera invertir, pueda hacerlo a esos precios. Eso nos aboca a convertir Cantabria en un solar. Producirá una inflación del precio del suelo que va contra los intereses del sector primario. ¿Quién se beneficia? Unos pocos. Aunque las viviendas ocupen solo un 3% del territorio de la región, la inflación afectará al 97% del suelo. Eso está más que medido. Y ese 3% que se desarrolla, si no está bien ordenado y urbanizado, integrarlo con las tramas de los pueblos nos va a costar mucho dinero. Lo inteligente, pero también lo más económico a medio plazo, es ordenar.

–El argumento del Gobierno para facilitar la construcción en suelo rústico en los pequeños municipios es la lucha contra la despoblación. ¿Es una excusa?

–¡Qué desconocimiento! Que vayan a lugares pequeños como el Nansa o Valderredible y pregunten. El 50% de los inmuebles se está cayendo y hay muchísimos solares vacíos. Los vecinos no demandan construir fuera del pueblo. Eso lo pide el paracaidista que viene de fuera y que no va a arreglar la despoblación.

–¿El perfil de quien pida licencias será el de nuevos moradores o segundas residencias?

–La herramienta para evitar la despoblación es que los niños tengan colegio y los ancianos sanidad. La herramienta son los servicios para equiparar al ciudadano rural con el urbano. Esta norma se hace para la segunda residencia, pero en condiciones muy especiales. Hay muchos dueños de segundas residencias que se han dedicado a restaurar estupendamente. Los que dicen los viejos que quedan en los pueblos es que necesitan que la Consejería les dé unas perras para arreglar el tejado y la cuadra. Que ya lo arreglan ellos para dejárselo a sus hijos o ponerlo en el mercado.

–Todos los partidos dicen que sus alcaldes quieren un modelo lo más liberalizador posible.

–Evidentemente. Más obras suponen más ingresos. Prefieren un marco jurídico que les permita a ellos decidir directamente, no que haya una ordenación general.

–¿Demasiado cortoplacismo?

–Lo que es evidente es que construir en suelo rústico es una regresión urbanística y democrática. Es obvio y por eso la sociedad cada vez lo tiene más claro. Si queremos ir a ese modelo…

–La Ley del Suelo es un asunto denso y técnico. Sin embargo, ha generado un debate intenso entre muchas capas sociales.

–Es que nos jugamos el futuro. En Cantabria ya estamos viendo territorios muy degradados por no tener una ordenación adecuada. Cada vez más gente es consciente de que en esta región tenemos unos valores como son el suelo, el territorio y el paisaje, con un nivel de calidad muy alto y que van a ir degradándose si continúa este proceso de dejadez.

–Más allá del cómo. ¿Tenía sentido la idea de la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo de crear dos modelos de desarrollo distintos para municipios de más y de menos de 5.000 habitantes?

–Se supone que todos los municipios grandes tendrían que tener su PGOU al día. Y los pequeños, donde se puede entender que no lo tengan, la Ley del Suelo lo que debe hacer es crear ese marco común. El problema es cuál es ese marco común.

–En este debate público, uno de los argumentos encima de la mesa es que hubiera sido más lógico tener el Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT) antes que diseñar la Ley del Suelo.

–Es que el PROT era un mandato de la ley de 2001. Igual que los PGOU. Es verdad que puede haber dificultades administrativas para resolverlo. De acuerdo, pero no resolverlas y confiar todo a esta ley es una regresión en términos de cultura urbanística y de las garantías que la sociedad tiene para el desarrollo social. Esas garantías de las que hablo son buenas para el sector de la construcción, porque establecen claramente las leyes del juego; son buenas para la economía agraria, porque limita cuáles son esos terrenos para que no haya interferencias en el mercado, y son buenas para el futuro de la sociedad.

–¿Tiene sentido que se obligue a municipios pequeños a realizar el inmenso esfuerzo de crear un Plan General o en esos casos hay que darles otras herramientas?

–Frente al crecimiento desordenado en el suelo rústico, un PGOU garantiza un crecimiento ordenado y democrático, porque cuando se redacta se explica, se consensúa, se lleva a la gente, se negocia con alcaldes, partidos, vecinos… El PGOU no se hace para fastidiar, sino para que una sociedad tenga una herramienta con la pueda crecer todo lo que necesite, pero de manera ordenada. Claro que un pueblo o ciudad, si hay una coyuntura económica favorable como parece que hay, tiene que crecer y aprovecharla, pero de esta manera.