El Supremo anula el último cambio de la Ley de Costas, una «victoria» para los afectados

No modificó la ley, pero lo que sí hizo el Gobierno de Pedro Sánchez (PSOE) tras la moción de censura fue modificar el reglamento que la desarrolla. Con este nuevo reglamento cambió el criterio del Ministerio para la Transición Ecológica que dirige Teresa Ribera: de manera general ya no se tramitarían prórrogas por 75 años adicionales, sino que las concesiones caducarían automáticamente sin posibilidad de prórroga cuando se cumplieran 75 años desde la primera licencia de ocupación. Una reinterpretación más restrictiva de la misma norma que supuso un mazazo para los afectados cántabros, ya que la mayoría de los permisos para desecar marismas –allí se instalaron granjas, explotaciones ganaderas o conserveras– en la comunidad autónoma datan de principios del siglo XX. Es decir, que ese tiempo máximo de 75 años ya ha transcurrido de sobra, por lo que quedaban abocadas a abandonar sus posesiones.

Dentro de esta montaña rusa de emociones en la que están inmersos los afectados cántabros, esta semana han recibido una noticia que califican de «auténtico triunfo». La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha declarado nulo el Real Decreto diseñado por Ribera que modificó el Reglamento General de Costas. En la sentencia, el Supremo apunta que lo hace porque el Ministerio omitió el trámite obligatorio de consulta pública. Es decir, que se saltó un paso en el procedimiento normal. De esta forma, estima el recurso presentado por la Plataforma de Afectados por el Deslinde de Costa Formentera, aunque el fallo tendrá consecuencias en toda España. El reglamento no solo regulaba el tiempo máximo de las concesiones, también establecía que no se podían dar nuevas prórrogas para actividades que no tuvieran que realizarse obligatoriamente cerca del mar.

«Es un gol al Estado de primera magnitud y da una nueva perspectiva a la gente de Cantabria que pedía una prórroga de sus concesiones», afirma José Luis Thomas, portavoz de los afectados en la comunidad autónoma. Thomas considera que los primeros beneficiados serán aquellas personas que todavía no habían solicitado la prórroga o las «muchas» que estaban esperando la respuesta de la Demarcación de Costas en Cantabria. Una Demarcación de Costas que, por orden del equipo de la ministra, no estaba resolviendo los casos en conjunto, sino analizando caso por caso. Y lo hacía con mucha demora.

Además, Thomas considera que puede tener efectos retroactivos beneficiosos para los intereses de los afectados que sí habían tenido respuestas –aunque insatisfactorias– de Costas. Es su propio caso y el del resto de integrantes de la Sociedad Marisma de Carasa –cincuenta propietarios de once explotaciones ganaderas–, que reclamaron una prórroga de 75 años para sus concesiones y obtuvieron una de tan solo cinco.

Este grupo de afectados decidió optar por la vía judicial antes de conocer el fallo del Supremo. Por ahora, lo que han hecho es enviar a Transición Ecológica un requerimiento previo a la vía contencioso administrativa al que en las últimas semanas se han sumado el Gobierno de Cantabria, la Junta Vecinal de Carasa y el Ayuntamiento de Voto. Habrá que ver cómo actúa ahora el Ministerio y si tras la sentencia del Alto Tribunal cambia su criterio.

En cualquier caso, el departamento de Ribera también podría comenzar a redactar un nuevo reglamento, una solución que, si esta vez lleva a cabo el procedimiento de forma correcta, tardará años. La delegada del Gobierno en Cantabria, Eugenia Gómez de Diego, apunta que entiende la postura y el sentir de los afectados, pero también les pide que sean «conscientes del momento que estamos viviendo, con los efectos del cambio climático que afectan a todo el territorio y también a Cantabria, por lo que hay que ir recuperando zonas de marisma que en el pasado se ganaron al mar».