El Supremo desestima el recurso de Uneatlántico contra las exigencias para ser una universidad

En el decreto que la universidad cántabra ha intentado frenar, el Ministerio establece una serie de condiciones para que un centro sea considerado una universidad, como que la mitad de su plantilla deben ser doctores, la necesidad de contar con una cantidad de alumnos determinada y con un mínimo de titulaciones (diez carreras, seis posgrados y dos programas de doctorado), además de que el porcentaje del presupuesto dedicado a investigación suponga al menos un 5% del total. El rector de la Universidad Europea del Atlántico, Rubén Calderón, asegura a este periódico que a día de hoy «el único» requisito del texto que la entidad no cumple es el de contar con dos programas de doctorado: «Tenemos ocho años de vida, no ocho siglos, vamos poco a poco y ya hay cinco doctorados encima de la mesa, independientemente del decreto. El problema aquí no es que lo cumplamos o no, sino que ese texto trata de generar dudas respecto a una parte del sistema universitario». En su opinión, es una cuestión de «libertad» o de «autonomía universitaria».

La sentencia, facilitada a El Diario Montañés por el Tribunal Supremo, rechaza la pretensión de la entidad de que las universidades privadas deban estar sometidas a requisitos diferentes que las públicas: «Resulta incuestionable que la creación y mantenimiento de universidades es una actividad que la propia Constitución exige que sea regulada. Pretender que las privadas operen en el vacío regulatorio resulta, así, manifiestamente insostenible». En el texto también se hace referencia a la «escasez de argumentación propiamente jurídica» de la demanda e incide en varias ocasiones en la idea de que «el hecho de estar en desacuerdo con una determinada regulación o de considerarla inoportuna o desafortunada no implica que sea ilegal», reiterando que Uneatlántico basa su argumentación en «preferencias y en un subjetiva visión de las universidades privadas».

De hecho, la letrada explica que es «perfectamente legítimo que a las universidades privadas se les exija unas condiciones mínimas y que admitir otra cosa equivaldría a aceptar que pudieran utilizar la denominación de universidad entidades que poco o nada tienen que ver con las funciones típicamente universitarias; algo que podría llamar a engaño a una parte del público, así como conducir a una ausencia de controles mínimos de calidad». También se hace referencia a que una universidad «no puede ser un simple expendedor de diplomas» para justificar la necesidad de unos criterios comunes entre ellas.

Uneatlántico expresa a este periódico su rechazo a la sentencia y su rector asegura que «estamos planteando algunos pasos que aún no se han dado, como recurrir al Tribunal Constitucional para reclamar la tutela judicial efectiva», mientras explica que «he reclamado algo que tienen que responder respecto a ello y no una sarta de opiniones que no recoge los dos artículos a los que he hecho referencia». En esta línea, Calderón considera que no es justo «limitar el número de estudiantes de posgrado o formación complementaria en función de los alumnos que una universidad tenga de grado, lo que quiere el Ministerio es limitar la financiación de los campus privados, hay una clara carga ideológica», zanja en tono contundente.