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La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria se ha visto obligada a suspender este miércoles, por tercera vez, el juicio contra un hombre, administrador único de una mercantil, acusado de servirse de un entramado de testaferros, también procesados, al igual que sociedades, controladas ... por él, para simular operaciones y eludir así el pago de una deuda de 1,73 millones a la hacienda pública.
La Fiscalía de Cantabria solicita una pena de tres años de cárcel y el pago de una multa de 3,5 millones de euros para el acusado y pide para los otros dos procesados dos años de prisión y 500.000 euros de multa. Y para las cinco sociedades mercantiles que figuran igualmente como acusadas, una multa de 3,5 millones de euros.
Según han detallado fuentes judiciales a este periódico, se trata de la tercera suspensión del juicio en dos años. La primera vez que tuvo que aplazarse la vista fue en 2022 como consecuencia de un problema de conexión por videoconferencia con uno de los acusados, que estaba enfermo y no acudió al plenario. La vista se volvió a señalar para el 31 de mayo de 2023, pero tampoco pudo celebrarse debido a la huelga de los funcionarios. Este miércoles estaba previsto que el juicio comenzase a las 09.30 horas y que continuara el jueves, pero al llegar los periodistas a la sala de vistas han sido informados de una nueva suspensión debido a la renuncia de uno de los abogados de las defensas, lo que ha provocado que el nuevo letrado sustituto pida tiempo para estudiar el caso.
Según el escrito de calificación provisional de la Fiscalía, la mercantil de la que era administrador único el principal implicado tenía una deuda con hacienda derivada de una reducción de capital y debía ingresar un IVA por importe de 1,73 millones.
«Con el manifiesto designio de eludir el pago de la cuota tributaria adeudada», el acusado junto a otras personas también investigadas en esta causa y simuló la adquisición de varios inmuebles por parte de su empresa, «de forma que mediante el libramiento de las facturas correspondientes a las supuestas ventas figurase dicha sociedad con un IVA soportado de 1,62 millones de euros, añadiendo el resto de cantidad en concepto de IVA por labores de intermediación».
De ese modo, el hombre «pudo compensar todo el importe y no ingresar cantidad alguna, con notorio perjuicio para las arcas públicas», añade el ministerio fiscal.
En las operaciones de compraventa «no existen pagos efectivos», «no se fijan con nitidez ni cantidades ni medios de pago documentados, lo que evidencia que se trata de un carrusel de operaciones ficticias destinadas únicamente a aflorar un IVA soportado» por la mercantil por un montante de 1,62 millones.
La Fiscalía considera los hechos un delito contra la hacienda pública que imputa al principal acusado como autor material y a otros dos acusados como cooperadores necesarios. La pena solicitada para el primero asciende a tres años de prisión y 3,5 millones de multa, y para los otros dos, dos años de cárcel y 500.000 euros de multa.
También figuran como acusadas cinco sociedades mercantiles, para las que se solicita una pena de multa de 3,5 millones. Además, esta parte interesa que ninguno de ellos pueda obtener ayudas o subvenciones públicas y gozar de beneficios o incentivos fiscales durante un plazo de cuatro años.
En concepto de responsabilidad civil, el ministerio considera que deben indemnizar a la hacienda pública en 1,73 millones de euros.
Por su parte, el abogado del Estado, en representación de la Agencia Tributaria, considera los hechos un delito fiscal agravado en concurso con un delito continuado de falsedad en documento mercantil.
La pena solicitada por la Abogacía del Estado para el principal acusado es de cinco años de prisión, 8,2 millones de euros de multa y pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o beneficios públicos durante siete años. También, que sea inhabilitado para desarrollar cargos de gestión o representación en empresas durante cinco años.
Y para los otros dos acusados, la pena pedida por la Abogacía del Estado es de cuatro años, multa del triple de lo defraudado, pérdida de subvenciones y beneficios públicos durante seis años, e inhabilitación para gestionar o representar empresas.
Junto a ello, solicita para la mercantil del principal acusado una multa de 8,2 millones de euros, y para las otras cuatro, del triple de las cuotas defraudadas.
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