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Teóricamente, tras los muchos retrasos burocráticos y una vez superado un sinfín de procedimientos ambientales y urbanísticos, el parque eólico de El Escudo logró el visto bueno de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio (Crotu) el pasado mes de octubre. Tanto la Consejería ... de Fomento como la empresa impulsora del proyecto, Biocantaber –filial de Iberdrola en Cantabria–, daban por hecho que ese hito suponía un paso adelante definitivo. Que la iniciativa entraba así en una vía de no retorno y que se convertiría en realidad más pronto que tarde, hasta el punto de concretar que las obras empezarían «esta primavera».
Solo faltaba que los cuatro ayuntamientos implicados (San Miguel de Aguayo, Luena, Campoo de Yuso y Molledo) concedieran las licencias de obras, algo a lo que no se pueden negar una vez logrados el resto de parabienes administrativos. Ni el Gobierno cántabro ni la promotora se imaginaban que el Consistorio que desde el principio más pegas ha puesto al parque, el de Aguayo, se guardaba un as en la manga. Como avanzó ayer El Diario Montañés, lo que ha hecho el Pleno municipal a propuesta de su alcalde, el socialista Eduardo Gutiérrez, es acordar la suspensión durante un año del otorgamiento de licencias de obra en suelos rústicos de especial protección. En la práctica supone paralizar el parque, al menos en los terrenos de Aguayo.
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No solo El Escudo, también los otros tres proyectos que afectan al término municipal: Cuesta Mayor, La Costana y Alsa. Los tres son más pequeños y, aunque tienen la autorización administrativa de la Consejeria de Industria, se encuentran menos avanzados porque aún tienen que pasar por la Comisión de Urbanismo.
La paralización de la concesión de licencias se lleva a cabo con una solución imaginativa, utilizando una herramienta que figura en el artículo 89 de la Ley del Suelo y que permite esta medida cautelar mientras que un municipio pone en marcha la modificación de su Plan General, un camino que el Ayuntamiento también ha iniciado por la vía de urgencia. «Estamos aquí para defender nuestro territorio. Lo único que nos queda como forma para evitar la despoblación total es proteger el territorio y el paisaje», insiste Gutiérrez, que recuerda que tiene el apoyo de la mayoría de los vecinos y avanza que usará«todas las armas legales» a su alcance para lograr el objetivo. Después de que el consejero de Fomento, Roberto Media (PP), afirmara que la utilización de este recurso podría ser «un fraude de ley», el regidor socialista señala que el paso dado está «más que estudiado» y tiene, a juicio de los abogados del Consistorio, «todas las garantías».
Lo que no es capaz de determinar Gutiérrez es si esta decisión frenará las obras de El Escudo en su municipio o en los cuatro afectados por el proyecto. De hecho, es algo que tampoco tiene claro Biocantaber, que está estudiando las consecuencias de este movimiento y también las posibles acciones judiciales. Cabe destacar que de los 25 aerogeneradores de El Escudo, solo uno se instalará en Aguayo, que de seguir adelante la actuación sí albergará otras infraestructuras vinculadas.
Desde Campoo de Yuso, su alcalde, Eduardo Ortiz, piensa que, al menos a corto plazo, hay muchas opciones de que la paralización del proyecto será total. «La concesión de licencias de obra es un acto reglado. No sé si lo que ha hecho Aguayo tiene todo el amparo legal, pero ellos sabrán», apunta el regionalista. En su caso, como no tiene ningún técnico municipal experto en la materia, ha enviado una consulta a la Dirección General de Acción Local para que les indique cómo actuar: si seguir adelante con la concesión de las licencias de obra o esperar a ver cómo avanzan los acontecimientos.
Menos templado con la decisión de sus vecinos de Aguayo se muestra el alcalde de Luena, el también regionalista José Ángel Ruiz:«Si los demás organismos han autorizado el parque, ¿quiénes somos los ayuntamientos para oponernos?». Además, insiste en que su colega Gutiérrez puede decir 'no' a los molinos porque la actividad de la central hidroeléctrica que Repsol tiene en el municipio reporta a las arcas locales unos ingresos «impresionantes»: «Posiblemente es el pueblo con más dinero de España. Si yo tuviera esos ingresos también podría negarme, pero aquí nos vendría bien cobrar las licencias de obras, el canon anual que nos pagarán cuando funcione el parque eólico y el ahorro del 50% de la factura de la luz para todos los vecinos». En el caso de Luena, el plan es autorizar ya la licencia de obra que está mas avanzada (la de los caminos de acceso al parque) y esperar los tiempos normales hasta autorizar la licencia de obra para la instalación de los aerogeneradores.
Ayer quiso echar un capote al alcalde socialista de Aguayo su jefe de filas, Pablo Zuloaga. El líder del PSOE regional recordó que la postura de Gutiérrez es la de los vecinos y la que llevaba en el programa electoral, que la herramienta utilizada es plenamente legal porque figura en la Ley del Suelo y que nadie puede dudar del compromiso de este ayuntamiento con las energías renovables porque, «a día de hoy, es el que más energía limpia aporta a Cantabria» a través de la producción de la central hidroeléctrica. Además, Zuloaga pide al consejero Media que cese su beligerancia y le invita a acudir a la Fiscalía si ve indicios de ilegalidad. Central hidroeléctrica, por cierto, en la que Repsol quiere llevar a cabo de inmediato una inversión millonaria para su ampliación y que no se verá afectada por la suspensión cautelar de licencias de obra. El acuerdo plenario establece expresamente que la medida no afecta «a los supuestos de ampliación, desarrollo, mantenimiento o conservación de infraestructuras o instalaciones ya existentes y en funcionamiento».
También tiene posición fijada el PRC, que recuerda que siempre ha apoyado los proyectos eólicos «allí donde sea posible en términos ambientales y con pleno respeto a la ley». Condiciones que «cumple El Escudo, por eso lo hemos impulsado desde el primer día». Aunque comparten la defensa de esta iniciativa con el PP, los de Revilla creen que esta paralización es «consecuencia de la acción política del Partido Popular en los últimos años». «El PP utilizó la eólica como arma arrojadiza y de desgaste contra el anterior Gobierno y consiguió su propósito de crear problemas y boicotear el desarrollo de los proyectos. Ahora su posición cambia porque las cosas no se ven igual desde el Gobierno, pero debe asumir que la situación actual es la consecuencia de su irresponsabilidad», explica Pedro Hernando, portavoz regionalista.
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