El taxi pide paralizar el futuro decreto del sector por la transmisión de licencias

La Federación se queja de no haber recibido aún respuesta del director general, aunque es consciente de que presentó el escrito fuera del plazo de exposición pública. «No lo hicimos en octubre cuando salió porque el Gobierno regional nunca se había opuesto a la transmisión de licencias. El caso de David es el primero. Hasta ahora no había aplicado el real decreto de 1979», subraya Ruiz. Es decir, acusan a Piña y a sus antecesores en el cargo de haber hecho la vista gorda. Para que un taxi pueda trabajar, necesita contar con una licencia municipal y una tarjeta de transportes, que es la que concede el Gobierno. Sin esta segunda, no puede salir del municipio para trabajar.

Transportes, en cambio, se aferra a esta norma de hace 44 años, que es clara. Las licencias no se pueden transferir, menos en dos casos concretos: si el titular fallece -pasaría a sus herederos- o si se transfiere a un conductor al que tenga asalariado durante un año. Los taxistas piden que el futuro decreto cántabro permita la transmisión de licencias por jubilación o a un conductor asalariado, que no tendría por qué ser necesariamente asalariado suyo.

Piña justificó el nuevo rumbo tras la denuncia de la Federación al Ayuntamiento de Comillas por conceder una licencia de taxi a una empresa de autobuses amparándose el artículo 14 del citado real decreto. Esto obligó a Transportes a retirarle también la tarjeta.

«Nosotros denunciamos que se transmitía a una persona jurídica, autobuses La Cantábrica, algo que prohíbe expresamente la ley. El director general se lo ha tomado como una excusa para cambiar de criterio», explica el presidente de la Federación. «La razón de por qué lo hace la tenemos clara: por la presión que las compañías de autobuses ejercen sobre el Gobierno regional. Nos pasa lo mismo en el transporte escolar», concluyó.