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La Federación Cántabra del Taxi ha emitido un duro comunicado en el que acusa a Felipe Piña, director general de Transportes, de «paralizar la transmisión de licencias». Van, de hecho, más allá y apuntan al PRC y al Gobierno, que «arremete contra los trabajadores autónomos ... para facilitar la entrada de empresas privadas en el transporte, como lo demuestra el dato de la desaparición de 59 taxis en el último año».
«Transportes paraliza la concesión de tarjeta de transporte a una licencia de taxi de Cabezón de la Sal (la única existente en el municipio adaptada para personas con movilidad reducida) porque, según su criterio, no cumple los requisitos recogidos en el Reglamento Nacional de 1979. Esto supone que, a partir de ahora, las licencias no se podrán transmitir por jubilación del titular y tendrán que ser devueltas al Ayuntamiento correspondiente», explican en la Federación, que afirma que se actúa de forma distinta a como se ha hecho «durante 43 años». Acusan a Transportes de «autorizar recientemente la transmisión de licencias de particulares a empresas privadas» (señalan que el beneficiario de una tarjeta es el dueño de una empresa que «juega al tute» con Revilla) y añaden que, con esta actuación, quedarían «invalidadas la gran mayoría de transmisiones autorizadas en los últimos años». «¿Qué se busca hundiendo al taxi?», preguntan.
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