Los taxistas denuncian al Gobierno de Cantabria por el concurso de rutas escolares

Los taxistas aspiran a la puja de los itinerarios en los que hay menos de nueve alumnos. A partir de diez plazas el vehículo se considera autobús. Así, un taxi de nueve plazas puede transportar hasta ocho alumnos. En resumen, de las 471 rutas escolares que hay en Cantabria, los taxistas aspiran a 75 recorridos, el 16% del total. Sin embargo, Manu Andoni Ruiz asegura que sólo se han podido presentar al 3'4% del total de rutas en un concurso público que ya ha concluido.

Esa diferencia entre ambos porcentajes se debe a dos motivos, que son las peticiones que han requerido a las autoridades: la licitación por bloques y la liberación del conductor de la ruta. Según Manu Andoni Ruiz, el portavoz parlamentario del PRC, Pedro Hernando, en 2019 aceptó sacar las licitaciones en dos bloques: uno para autobuses en rutas con nueve alumnos o más y otro para las rutas de menos de nueve alumnos, a las que podría aspirar el sector del taxi.

En ese sentido se pronunció la CNMC en enero, cuando se realizó un informe que abogaba por fraccionar los lotes para que más empresas concurrieran a las licitaciones. También, la CNMC aseguraba que «se ha restringido la participación de operadores, resultando en ocasiones perjudicados los taxis y los operadores de VTC». Además, instó a las Administraciones a no imponer un determinado vehículo en función del número de pasajeros; en ese sentido consideraba que los vehículos de turismos pueden ser «más convenientes en zonas rurales con baja densidad de población».

Desde el taxi también apuntan al convenio colectivo del transporte de viajeros por carretera de Cantabria ya que «juega en favor de las empresas de autobuses porque si cambia el titular de la licitación te obligan a contratar al conductor, o indemnizarle. Pero un taxista no puede permitirse contratar o indemnizar al conductor», critica el presidente de la Federación Cántabra del Taxi. Por ello, solamente aspiran a renovar las «rutas que ya controlamos». Mientras, piensan que en el resto de rutas «la competencia ni siquiera es posible».

Estos se debe a que, según denuncia Manu Andoni Ruiz, las empresas de autobuses «para blindar la ruta» colocan a conductores veteranos. En caso de que un taxi gane la ruta y no pueda contratar al conductor debería indemnizarle. Y «por culpa del convenio no sólo habría que pagarles el tiempo que han conducido esa ruta, sino que habría que indemnizarles por lo que llevan en la empresa. Con ello consiguen que los taxistas ni siquiera presenten ofertas, pues el coste de la indemnización sería incluso superior al propio contrato de la ruta», señala.

Asimismo, en el caso de que se sacaran las licitaciones en dos bloques creen que se renovarían las rutas, y también la antigüedad del conductor, a quien no tendrían que contratar o indemnizar. Lo que para ellos sería «el fin del conflicto, ya que habrían cumplido con lo que desde el Gobierno nos prometieron en 2019», concluye Ruiz. En julio de 2019 la Federación Cántabra del Taxi recurría la licitación y el pliego de cláusulas del contrato que la Consejería de Educación, dirigida por Marina Lombó, había publicado días antes.

En octubre, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales desestimó el recurso y dio vía libre a la Consejería para seguir con su criterio. Este año se ha sacado el concurso en las mismas condiciones. Sin embargo, los taxistas han dado un paso más allá al denunciar al Gobierno regional ante la CNMC. A pesar de ello, no pretenden que multen al Ejecutivo «porque sería malo para todos». Buscan, dicen los taxistas, «que se cumpla lo prometido».