![Los taxistas indican «contradicciones» del Gobierno sobre los traslados de pacientes](https://s1.ppllstatics.com/eldiariomontanes/www/multimedia/2024/07/14/96252668-kkxB--1200x840@Diario%20Montanes.jpg)
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De entrada, dicen, nadie se ha puesto en contacto con ellos. Ni para contarles en qué consiste el plan ni para avisar de que se ponía en marcha. «Preguntamos en la Consejería y sólo nos dijeron que se dejaba en manos de los ayuntamientos». Y ... no es que les parezca mal que el Gobierno page la factura del traslado de pacientes cuando en su consultorio no haya médico este verano. Todo lo contrario. Pero sí ponen el grito en el cielo al escuchar que se hará «en taxis, VTC, minibuses o vehículos municipales». Porque estos últimos, dicen, estarían cometiendo «una ilegalidad» al carecer de tarjeta de transporte. Explican, de hecho, que el plan pone sobre la mesa «todas las contradicciones» del Ejecutivo regional en lo que al taxi se refiere.
Lo dicen desde la Federación Cántabra del Taxi. Y ponen un ejemplo. «El Gobierno promueve que traslademos a pacientes a los centros de salud y, a la vez, sigue adelante con una multa de 4.001 euros a un taxista de Ramales con su licencia y su tarjeta de transporte por llevar a una paciente a una mutua. Según ellos, porque no tenía autorización de servicio regular», explica Manu Andoni Ruiz, presidente del colectivo.
La Federación recuerda que hace pocas semanas -el 17 de junio- se ha aprobado una orden para conceder subvenciones a los ayuntamientos para adquirir vehículos. «Entre otras cosas, para transportar vecinos, que es una ilegalidad porque no tienen la tarjeta de transporte que sí tenemos taxistas, VTC o autobuses», destaca Ruiz, que llama la atención sobre esta «competencia desleal». Más, «cuando se ha dejado en un cajón la propuesta del taxi a demanda». Esta iniciativa ofrecía una subvención del 50% de los gastos para aquellos ayuntamientos que llevaran a los vecinos a centros oficiales, bancos o tiendas que no existieran en su pueblo -y siempre que no hubiera una línea regular-. Ruiz explica que esta iniciativa se publicó dos veces en el BOC para que los consistorios pudieran acogerse, pero que ninguno lo hizo por la complejidad de los requisitos que solicitaban. «Hay ayuntamientos como Rasines o Valdeolea que lo hacen, pero prefieren pagar el 100% del gasto, que no es tanto, que el maremágnum de papeles que les pedían».
Unos lo hacen con taxis y otros (les consta) con vehículos municipales. Y hay más contradicciones, a su juicio. Como que en algunos municipios las licencias de taxi estén «en manos de empresas de autobuses que las dedican a otros fines y no al servicio propio de taxi». Pone de ejemplo el caso de Ruesga, donde «tres licencias se dedican a tres minibuses de transporte escolar». La Federación pretende rebocar estas licencias y que salgan a concurso, algo que ya han conseguido en los tribunales en otros municipios. «Hay muchos sin taxis, como Soba o Arredondo. Si al taxista de una zona así le dieran algún servicio regular fijo podría desarrollar también la labor propia del taxi. Pero sólo de una llamada para hacer un recado no se puede subsistir».
«Que cuenten ahora con los taxis para ese plan a la vez que pasa todo esto es una contradicción», dicen en la Federación, que representa prácticamente a todo el taxi rural en la región.
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