Los taxistas se querellan contra el director de Transportes «por prevaricación continuada»

Para entender el conflicto hay que remontarse a los orígenes. David Gómez Pérez, el taxista de Cabezón de la Sal, decidió el año pasado comprar una licencia municipal a un compañero que se jubilaba. La ordenanza municipal se lo permitía, así que sólo necesitaba el visto bueno de la Dirección General de Transportes. Hasta entonces, el organismo que dirige el ahora también candidato a la Alcaldía de Santander por el PRC, no había puesto ninguna pega, pero Gómez Pérez se convirtió en el primer afectado por el cambio de criterio del organismo adscrito a la Consejería de Industria de Javier López Marcano.

Un taxi necesita dos permisos para poder trabajar. Una licencia que es la que concede el ayuntamiento y una tarjeta (VT), la que permite al vehículo salir del municipio, que expide Transportes. Piña explicó a este periódico en enero que el cambio de criterio se debía a una sentencia contra una empresa de autobuses de Comillas, a la que la Justicia había denegado la licencia al no cumplir los requisitos de un real decreto de 1979, el que regula el sector a nivel nacional, que nunca había exigido en estos más de 40 años. Tras esa sentencia estaba la Federación Cántabra del Taxi.

«Nosotros denunciamos que se transmitía a una persona jurídica, autobuses La Cantábrica, algo que prohíbe expresamente la ley. El director general se lo ha tomado como una excusa para cambiar de criterio», explicó entonces su presidente, Manu Andoni Ruiz.

Ante esta situación, los profesionales cántabros trataron de solventar el caso por la vía administrativa. Presentaron un recurso de alzada contra la decisión de Transportes y solicitaron al Gobierno que paralizase el decreto que lleva años elaborando para regular el sector –para que incluyese sus reivindicaciones relativas a la transmisión de licencias–. Agotada esa vía, tras varias semanas de gestación, este martes registraron la querella que va dirigida contra el titular de Transportes.

En el escrito, al que ha tenido acceso este periódico, el colectivo explica que las diferentes ordenanzas municipales –citan las de Santander, Torrelavega, El Astillero, San Vicente de la Barquera y Cabezón de la Sal– sí permiten la transmisión de licencias por jubilación, algo que prohíbe expresamente el Real Decreto 763/1979 al que se aferra Transportes. Este sólo contempla unos pocos casos concretos, entre los que no aparece la jubilación. Los taxistas entienden que si las diferentes ordenanzas municipales chocan con otra nacional de mayor rango «es una cuestión que, evidentemente, deberían dilucidar los tribunales de Justicia y no una Dirección General».

La querella subraya que Transportes «ha autorizado la transmisión de todas y cada una de las VT (tarjetas de Transporte) transmitidas por jubilación desde diciembre de 2016 hasta junio de 2022 –13 según la documentación aportada–, sin requerir a uno sólo de los solicitantes que acreditara que cumplía con los requisitos del RD 763/1979». En su opinión, «durante todo el mandato del ahora querellado, ha autorizado las transmisiones en seis ayuntamientos que nos conste cuya normativa municipal estaría contraviniendo la estatal, según sus propios argumentos».

Es en este punto donde la Federación Cántabra del Taxi sustenta su acusación. «¿Actúa el señor Piña siendo conocedor de que está dictando una resolución no adecuada a Derecho y a sabiendas de su injusticia? Si la respuesta es positiva, concurren todos los requisitos para concluir la comisión de un delito de prevaricación», afirma la querella. «Si la respuesta es negativa, si el señor Piña está dictando en este caso una resolución adecuada a Derecho y completamente justa, significa entonces que durante todos los años que lleva en el cargo ha venido autorizando transmisiones de licencias por jubilación a sabiendas de que eran contrarias al ordenamiento jurídico, al contravenir las diferentes ordenanzas municipales la normativa estatal», continúa el escrito.

«En el primer caso estamos ante un delito de prevaricación; y en el segundo, ante un delito continuado de prevaricación (artículo 74 del Código Penal)». También se pregunta la asociación que preside Manu Andoni Ruiz si el director general pudiera haber cometido «un delito por omisión», al llevar «cuatro años sin exigir el cumplimiento de los requisitos del Real Decreto de 1979, que sí ha usado en la última transmisión de Cabezón de la Sal». El colectivo de taxistas piden, además, que el propio Piña declare en el juzgado.