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Una de las condiciones que ha puesto Miguel Ángel Revilla para facilitar que el PP gobierne en solitario en Cantabria tiene que ver con el control de su gestión política durante los últimos ocho años. «No queremos lo mismo que ocurrió en 2011. Esperemos ... que no se comporten como en aquella legislatura, con esa tortura de un montón de comisiones de investigación e, incluso, llevándolas a los tribunales. No tenemos nada que ocultar, pero que se dediquen a gobernar», apuntó este jueves el líder del PRC.
Sin embargo, lo cierto es que durante el último mandato al frente del Gobierno regional (2011-2015), el PP de Ignacio Diego solo promovió dos comisiones de investigación, la del 'caso GFB' (la fábrica de fibroyeso en Orejo) y la del 'caso Cantur', que luego derivó en el 'caso Racing'. Las conclusiones de ambas indagaciones terminaron en los tribunales, donde fueron archivadas por ausencia de delito, aunque hubo reproches hacia la gestión del bipartito PRC-PSOE.
El 24 de mayo de 2011, dos días después de ganar las elecciones autonómicas por mayoría absoluta, Diego anunció que una de sus primeras decisiones iba a ser encargar dos auditorías, una contable y otra de eficiencia, de todas las empresas públicas del Gobierno regional. Además, avanzó que pediría responsabilidades por el fracaso de la fábrica de fibroyeso de GFB al expresidente Revilla, «en caso de que haya habido malversación de caudales públicos». Dicho y hecho. Porque se realizaron las auditorias y se promovió una comisión de investigación sobre el 'caso GFB', que se constituyó en octubre de 2011, para conocer el destino de los 45 millones de euros de dinero público invertidos en el proyecto fallido del bipartito durante la legislatura 2007-2011.
La comisión sacó a la palestra a los exconsejeros socialistas Ángel Agudo y Miguel Ángel Pesquera, y al consejero delegado de la empresa pública Sodercán, Salvador Blanco, amén de otros supuestos implicados de inferior rango. El caso llegó a los tribunales y, en diciembre de 2015, la Audiencia Provincial confirmó lo que ya había dicho el juzgado meses antes, que no hubo malversación de fondos públicos, ni administración desleal ni tampoco fraude de subvenciones. El caso quedó zanjado cuando en 2016, el nuevo gobierno PSOE-PRC decidió no recurrir al Supremo.
En febrero de 2013, se abrió la comisión de investigación de Cantur, en la que se abordaron, entre otros asuntos, la política de personal de PRC-PSOE en esta empresa pública; sus relaciones con algunos proveedores de la misma; o su papel en la venta del Racing de Santander a Ali Syed. En dicha comisión también se trató sobre la supuesta malversación de fondos públicos del exdirector de Cantur Diego Higuera y algunas de las infraestructuras ejecutadas por el bipartito, como espacio para albergar los gorilas de Cabárceno. Este asunto no tuvo ninguna consecuencia judicial.
En julio 2016, tras un cambio de Gobierno, el bipartito PRC-PSOE impulsó una comisión de investigación sobre Ecomasa (la fábrica de estufas de Camargo que cerró pese a los cerca de 21 millones invertidos por el Gobierno del PP). Dos años después, la Fiscalía archivó las conclusiones de la investigación.
Desde el año 1983 hasta la actualidad, se han celebrado en el Parlamento de Cantabria un total de seis comisiones de investigación. Además de las tres ya citadas, se promovieron dos en la primera legislatura (una sobre la situación de Caja Rural y otra sobre política financiera y patrimonio del Gobierno cántabro), y una tercera en la segunda legislatura que se centró en la gestión en la Consejería de Economía, Hacienda y Presupuesto.
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