La tensión entre la plantilla de las ambulancias amenaza los traslados del servicio programado

Su testimonio, que plasmó también como reclamación ante el servicio de atención al usuario -donde están habituados a este tipo de quejas, aunque Sanidad no facilita el dato de cuántas acumula-, da la razón a los trabajadores del transporte programado, que la semana pasada denunciaron que su situación de «precariedad laboral» no solo les conduce a un nuevo conflicto, por no poder acogerse a la mejora de las condiciones recogidas en el convenio colectivo como sus compañeros del transporte urgente, sino que, además, «repercute directamente en la calidad del servicio que se está prestando a los cántabros, que es pésimo», como admiten desde el sindicato CSIF, «por la grave falta de personal».

Y el problema tiene pinta de que puede ponerse mucho peor sin tardar. El próximo lunes está convocada una asamblea de los 150 trabajadores de Ambuibérica adscritos al transporte programado en la que se decidirá si van a la huelga. Sus representantes sindicales habían avisado tanto a la Consejería que ahora lidera César Pascual como a la empresa, que continúa gestionando el servicio en prórroga tras quedar desierto el concurso público, de la tensión generada por la división del contrato del Servicio Cántabro de Salud, que no sólo ha partido la plantilla en dos sino que sus condiciones y sus sueldos también van a ser muy diferentes. Y por ahí viene el lío.

Los trabajadores del servicio urgente (ambulancias amarillas), que sí se ha adjudicado a Autransa (nueva marca de Ambuibérica), notarán el incremento salarial en la nómina de octubre, verán crecer la plantilla y renovarse la flota de vehículos, tal y como establece el nuevo pliego. En cambio, los del programado (ambulancias blancas) se quedan como están, sin saber cuándo les llegará esa equiparación salarial y esa mejora de condiciones que permita ofrecer «un servicio digno y sin las largas esperas que soportan los pacientes» en los traslados a rehabilitación, diálisis o tras recibir el alta en el hospital.

Hasta ahora, Sanidad se escudaba en que tenía «las manos atadas» para buscar soluciones a esa «discriminación» porque la única compañía que se había presentado al lote del transporte programado (SSG), y que fue descartada, había recurrido el proceso. Pero esta misma semana el Tribunal Central de Recursos Contractuales ha tumbado las aspiraciones de la empresa. Con el recurso desestimado, no hay impedimento para repetir la licitación, pero «no podemos estar así durante los meses que llevará ese proceso», denuncia CSIF: «Sanidad debería tener una solución pensada ya para evitar este problema asistencial, pero no la tiene».