Un tercio de los municipios cántabros carece de secretarios, interventores y tesoreros

El PRC ha urgido al Ejecutivo de Sánchez a que cubra las plazas vacantes de secretarios, interventores y tesoreros para garantizar la legalidad y la seguridad jurídica en los ayuntamientos y ha alertado de que un tercio de los municipios de Cantabria carecen de estas figuras «claves» en la gestión local. Solo en Cantabria, en 2020, había 33 plazas sin cubrir. Con este objetivo, los regionalistas han registrado en el Parlamento de Cantabria una proposición no de ley en este sentido que se debatirá en el Pleno del próximo lunes, 28 de febrero.

Los encargados de presentarla en rueda de prensa han sido hoy el portavoz parlamentario, Pedro Hernando, y la diputada y alcaldesa de Polanco, Rosa Díaz, que será la encargada de defender esta iniciativa cuyo objeto se centra en evitar que «los ayuntamientos se encuentren atascados o paralizados en su actividad diaria y que incide directamente en la vida de los vecinos».

Díaz ha apuntado que los ayuntamientos llevan «años» sufriendo esta situación que, en Cantabria, afecta a un tercio de los municipios. Ha explicado que «la ausencia» de estos profesionales que, en muchas ocasiones se están cubriendo con auxiliares o con funcionarios de igual rango está provocando «falta de seguridad jurídica» y la acumulación de expedientes, su retraso y la acumulación de las facturas, un hecho que, según han apuntado, «se agrava» en los municipios de menos de 5.000 habitantes donde la figura del secretario e interventor se acumula en una sola persona.

«Pedimos seguridad jurídica en las decisiones y en todas las gestiones que realicemos quienes estamos al frente de las administraciones locales, pero además se va reforzar la legalidad porque los habilitados nacionales son los que mejor nos pueden garantizar esos dos principios: seguridad jurídica y legalidad», ha dicho.

Han recordado que el problema de debe a que desde la Administración central se han convocado plazas y procesos de selección «con cuentagotas», lo que, según han señalado, ha disuadido a los potenciales opositores.

Además, han señalado que la situación puede agravarse más porque los habilitados nacionales que se incorporaron en los años 80 y 90 del siglo XX están próximos a su jubilación.

En este sentido, han destacado «el esfuerzo» del Gobierno de Cantabria que, en colaboración con Cosital Cantabria, ha creado una bolsa de trabajo autonómica para interventores, secretarios y tesoreros interinos para cubrir «de manera subsidiaria» las vacantes cuando el Estado no lo hace.

Por el contrario, desde el PRC consideran que la modificación del Real Decreto 128/2018 no ha ayudado a mejorar la problemática porque es «más restrictivo» en cuanto al número de acumulaciones que se permite por habilitado nacional respecto a las funciones que le son reservadas, limitándose a una única acumulación por funcionario.

Por todo ello, los regionalistas proponen al Gobierno de Cantabria instar al Gobierno central a convocar plazas y realizar procesos selectivos «ágiles de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, en cantidad suficiente para cubrir las necesidades de todas las entidades locales de España».

También piden la modificación del Real Decreto 128/2018, para «eliminar la restricción en cuanto al número de acumulaciones de funciones reservadas a estos habilitados de carácter nacional, en tanto en cuanto se cubran las vacantes, evitando, a su vez, interpretaciones restrictivas para la cobertura provisional por dichos funcionarios.

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