La tía de un alumno del colegio de Ampuero agrede a una maestra

La Guardia Civil de Cantabria ha instruido diligencias en calidad de investigada a una mujer como presunta autora de un delito de atentado contra la autoridad, tras zarandear y agredir a una maestra del colegio Miguel Primo de Rivera, ubicado en la avenida de los Tilos de Ampuero.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 25 de abril cuando en las proximidades del centro educativo, la tía de un alumno abordó a una maestra y comenzó a increparla, zarandearla y agredirla en un hombro.

Al parecer, la investigada, que es vecina del término municipal de Ampuero, recriminaba a la docente que no la hubiera informado de una situación ocurrida en el patio del colegio, cuando se encontraban jugando varios escolares, entre ellos, su sobrino.

Tras el incidente, la víctima acudió al centro de salud de Ampuero para ser asistida de sus lesiones, de carácter leve, y posteriormente, con el informe, se personó en las dependencias de la Guardia Civil para denunciar los hechos.

Días después, la Benemérita instruyó diligencias en calidad de investigada a la tía del menor.

Este periódico se ha puesto en contacto con el colegio. Sin embargo, la dirección del centro no ha querido hacer declaraciones sobre lo ocurrido porque «hay que ser prudentes con estos asuntos y no armar revuelo en el pueblo».

El Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Cantabria (STEC) ha valorado lo sucedido en el colegio de Ampuero y sus primeras palabras han ido dirigidas a la maestra agredida, «a la que transmitimos todo nuestro apoyo». Además, STEC ha querido instar nuevamente a las administraciones públicas «a que nos apoyen para garantizar nuestro desempeño docente libres de violencia». «Este curso estamos trabajando en la mejora del protocolo contra agresiones a trabajadores públicos de la enseñanza, con la esperanza de que sea más efectivo», ha señalado el sindicato.

Según la última Memoria de Actividades del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de centros docentes, en 2023 se registraron únicamente tres casos expedientados como 'violencia ejercida sobre las personas trabajadoras': en el colegio Santa Catalina, en el IES Ocho de Marzo y en el CEIP Miguel Hernández. Los tres centros educativos se sitúan en Castro Urdiales.

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