La tiranía de ser una región segura

Este ventajoso punto de partida subyace en cualquier análisis sobre la seguridad en Cantabria en la última legislatura, un periodo en el que la región se ha mantenido entre las de menores índices de criminalidad de España (actualmente con 30,1 delitos por cada mil habitantes), por debajo de la media nacional y de la Unión Europea.

Se partía de un periodo convulso, en el que por primera vez el miedo se colaba en las conversaciones de los cántabros por el alarmante aumento de los robos de viviendas. En 2012 se rebasó la línea roja de mil casos en un año (1.004), una situación que obligó al Ministerio de Interior a tomar medidas extraordinarias. Refuerzo de agentes, equipos especiales detrás de las bandas itinerantes que atravesaban Cantabria, y la petición pública de colaboración a los ciudadanos. Se logró poner freno a la escalada de robos en viviendas, y además en un contexto de recortes por la crisis que estaba mermando las plantillas de los cuerpos policiales.

La ola, sin embargo, ha vuelto a subir en esta 'balsa de aceite' que se presupone en Cantabria. El caballo de batalla de la seguridad sigue siendo el mismo: los robos en viviendas. 2018 terminó con el fantasma de los mil al año pisando los talones de las estadísticas (974 casos).

En cuatro años apenas ha variado el número de efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en Cantabria que, junto a las policías locales, velan por la seguridad en este territorio. Si en 2015 había 1.164 efectivos en la Guardia Civil ahora hay 1.170; y en la Policía Nacional de 478 han pasado a 473. Por delante, un horizonte alentador para unas plantillas envejecidas y necesitadas de medios gracias a la Oferta de Empleo Público de 5.561 plazas para los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

En estos cuatro años la Delegación del Gobierno ha estado en manos de tres hombres, que coinciden en reconocer el «trabajo profesional y la extraordinaria dedicación de ambos cuerpos durante estos años con menos recursos». Son palabras de Samuel Ruiz (delegado del Gobierno en Cantabria entre 2011 y junio de 2018), que recuerda que en 2015 los delitos más habituales eran los citados robos con fuerza en domicilios, los hurtos principalmente al descuido y los delitos de lesiones. «Pero ya empezaban también a aumentar de forma exponencial los delitos tecnológicos, de muy difícil esclarecimiento, y entró en escena la amenaza del terrorismo islamista, que ha obligado a establecer medidas activas y pasivas para prevenirlo».

En ese momento se incrementó en la calle la presencia de efectivos policiales, también se trató de informar a los ciudadanos «para hacerles corresponsables de su seguridad y la de sus bienes» y se organizaron tareas de inteligencia. Consultado sobre los retos en materia de seguridad, Ruiz contesta que «los peores delitos son los que conllevan la pérdida de vidas humanas, y ese tipo afortunadamente no es habitual en Cantabria. Después generan mucha inseguridad los robos con fuerza en domicilios y por supuesto los delitos contra la integridad sexual de las personas». Estos últimos, precisamente, aumentaron de forma exponencial en el último balance de criminalidad elaborado por el Ministerio de Interior, con datos de 2018, en el que se detectó un incremento de un 21% de denuncias por delitos contra la libertad e indemnidad sexual, con 102 casos en un año en Cantabria. Un menor miedo a denunciar y una mayor concienciación de las mujeres de no consentir las agresiones puede estar detrás de estas cifras, en una sociedad sensibilizada a raíz de casos como el de La Manada.

El sucesor de Samuel Ruiz, Pablo Zuloaga (delegado del Gobierno entre junio de 2018 y abril de 2019) destaca, también, la lucha contra la trata de personas con fines de explotación sexual, un drama «que está en muchos de nuestros municipios, y cuando accedí al cargo no disponíamos de herramientas para atacarlo», de ahí que se pusiera en marcha un protocolo de actuación contra este tipo de delitos que implica a todos los cuerpos policiales y a los ayuntamientos, bajo la coordinación de la Delegación.

En el mandato de Zuloaga los eternos «delitos contra el patrimonio, especialmente los robos en viviendas y establecimientos» han seguido siendo uno de los principales problemas de seguridad en la región porque son «los que más alarma generan», pero añade la lacra de la violencia de género, más cuando este año comenzó de la peor manera, «con el triste récord de tener la primera víctima mortal del país», con el asesinato en Laredo de la joven Rebeca Alexandra Cadete.

También en las estadísticas de violencia de género Cantabria siempre ha aparecido en los vagones de cola, pero a pesar de eso hay una cifra que hace zozobrar la balsa: desde 2003, año en el que comenzaron a contabilizarse las muertes por violencia machista, nueve mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en la región. Las denuncias están aumentando año tras año, fruto de esa mayor concienciación, un incremento que ha sido del 4,8% entre 2015 y 2018 (de 1.327 a 2.000 denuncias). Y ha crecido también el número de víctimas (de 1.256 a 2.038) y de medidas de protección ordenadas por los juzgados (de 202 a 240).

Eduardo Echevarría es el tercer delegado del Gobierno en Cantabria (desde el 1 de abril) de la legislatura. Lleva mes y medio ocupando el cargo y coincide con sus predecesores en marcar la reducción de los delitos contra el patrimonio como «una de las metas a conseguir para incrementar la seguridad en una de las comunidades con menos delincuencia de España». Destaca, también, la importante presión policial que se está ejerciendo contra la producción y distribución de marihuana, con constantes desmantelamiento de plantaciones por toda Cantabria, e indica que seguirá la línea marcada por Zuloaga en la lucha contra la trata de personas.

Consultados los tres delegados de estos cuatro años sobre la utilidad de poner vallas en el puerto contra los polizones, coinciden en observar que «no es la solución», pero que «son necesarias».