Entre togas, acusados y mascarillas

Una vez en el interior, llama la atención el número de carteles informando de las normas de seguridad y concienciando sobre la importancia de mantener las distancias de seguridad para evitar contagios del virus. También se han instalado marcas por el suelo que señalan la dirección en la que se puede circular para mantener un metro y medio de espacio entre las personas que se muevan por los pasillos del edificio. Siguiendo el recorrido, se llega hasta el salón de actos donde a las 10.00 horas está programado un juicio por delito de agresión asexual. Un hombre es acusado de mantener relaciones sexuales con una menor de quince años de edad, con su consentimiento y con el conocimiento expreso de la edad de la chica.

El espacio antes de entrar a la vista es amplio y allí esperan su turno abogados, testigos, acompañantes y medios de comunicación. Todo ello en un espacio amplio, con todas las personas llevando mascarilla y la mayoría haciendo uso del dispensador de gel hidroalcohólico instalado junto a la puerta de la sala.

Pasadas las diez comienza el juicio y la sala se rige por las estrictas medidas de aforo y la distancia de seguridad reglamentaria entre los allí presentes. El juez, el fiscal y los abogados están separados entre sí por mamparas de metacrilato, usan micrófonos con un capuchón de seguridad y todos ellos llevan mascarilla, al igual que el acusado y los periodistas que acudieron a la vista. En total ocho personas estuvieron presentes en el juicio, garantizando el cumplimiento de todas las normativas exigidas.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, José Luis López del Moral, indicó que las medidas «no difieren demasiado» de las tomadas por el resto de edificios públicos. Las principales normativas han sido una determinación de aforos «bastante complicada»; la determinación de una independencia de circulaciones adaptada a cada edificios «que también ha sido complejo»; la instalación de separadores verticales y mamparas para garantizar que cuando no haya distancia mínima de seguridad, exista una barrera física; el refuerzo de la limpieza en general de las sedes judiciales; y la puesta en marcha de los medios técnicos necesarios para la organización de actuaciones y juicios telemáticos.

López del Moral confirmó que hasta que no se han implementado estas medidas -en las que ha colaborado el Gobierno de Cantabria- no se han incorporado las plantillas de personal, ni tampoco se han celebrado vistas orales, más allá de las que se consideraban urgentes según el decreto del estado de alarma. Sobre la limitación de aforos, el presidente del TSJC explicó que cada espacio tiene diferentes dimensiones y características y, por tanto, cada sala tiene un aforo teniendo en cuenta sus condiciones. «Algunos espacios que no tenían ventilación exterior ni posibilidad de ventilación forzada, que son muy pocos, no los estamos usando. En el resto se ha determinado las distancias de seguridad para marcar el número máximo de personas». El objetivo de estas medidas es que no se produzcan aglomeraciones. «Queremos facilitar que cuando alguien tenga que venir a un órgano judicial venga convencido que las medidas de seguridad son eficaces», confirmó el presidente.

La limitación de público no sólo afecta a los juicios, sino a todo el edificio judicial. De esta forma, los funcionarios a la hora de poner fecha a un determinado juicio, deben tener en cuenta la celebración de otras vistas que tendrán lugar ese mismo día para saber un número aproximado de personas que acudirán a las dependencias judiciales y, así, no superar el aforo máximo.

La reanudación de la actividad judicial ha introducido, además, la obligatoriedad de requerir cita previa por teléfono y correo electrónico para realizar cualquier trámite en el juzgado. En la 'nueva normalidad' no tiene cabida presentarse en el edificio mostrando el DNI sin preguntar el motivo de su presencia y cada órgano sólo podrá citar a una persona cada media hora para lo que se establecen diferentes intervalos horarios entre edificios judiciales.

Durante la pandemia de coronavirus, la actividad judicial ha vivido sus propias fases de desescalada. La consejera de Justicia del Gobierno de Cantabria, Paula Fernández, cree que con el sistema de administración electrónica regional se ha avanzado «más rápido» que otras comunidades en este sentido. Para conseguir estos resultados, el Ejecutivo cántabro está «gastando mucho dinero». Hasta el momento, la Consejería ha destinado 500.000 euros a las medidas para hacer frente al coronavirus en los juzgados de la región, en su mayoría sanitarias.

Fernández también destacó el trabajo de la Justicia en servicios básicos y esenciales durante la pandemia. Especialmente ha agradecido la labor de jueces, fiscales, letrados de la administración y peritos que no han dejado de trabajar durante la crisis sanitaria. «Se ha trabajado lo que menos a un 7%, pero no se ha parado. Se han dictado diez resoluciones en todo el estado de alarma. Es una barbaridad». Esto ha sido posible gracias a la inversión tecnológica. Actualmente hay wifi en 42 salas de vista para favorecer los juicios telemáticos, se han instalado 50 cámaras web, 38 escaneadoras para favorecer la digitalización de datos y reducir el papel, etc. Además, se ha licitado el contrato para la centralización de las grabaciones con un sistema que, según Fernández, podría estar en marcha a principios del año que viene.

La consejera hizo hincapié en la apuesta del teletrabajo y su importancia durante los últimos meses. En este sentido, el Gobierno trabaja por culminar el expediente judicial electrónico, lo que facilitaría el teletrabajo de todos los operadores jurídicos que participan en un proceso judicial, junto a otras medidas de carácter organizativo y de refuerzo de personal, frente a la creación de un juzgado especial covid, así como la adquisición de ordenadores portátiles corporativos.