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El magistrado del Tribunal Supremo, César Tolosa, ha considerado que, en materia de vacunación, los tribunales españoles «se van a mover» en una nueva línea a la hora de dictar sentencias porque, tal y como ha considerado, «el interés del menor debe prevalecer sobre ... la patria potestad de los padres».
«La patria potestad constituye un oficio que se atribuye a los padres para conseguir el cumplimiento de los intereses del menor, no para otra cosa», ha aseverado durante su intervención en el curso 'En un mundo global... las vacunas cuentan' que se celebra en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander.
En este sentido, el magistrado ha lamentado que hasta el año 2015 «padres y madres hacían lo que querían» debido a que no existía «legislación clara» a este respecto, si bien en la actualidad estamos asistiendo a «novedades importantes», según ha considerado, en materia de tratamiento legal de vacunación en España.
A este respecto, Tolosa ha opinado que el «gran debate actual» se orienta en torno a la «voluntad u obligatoriedad» de la vacunación, si bien ha considerado que existen «situaciones intermedias» sobre las que se deben «concretar» los modelos legales.
Según el magistrado, España se encuentra en una situación de «voluntariedad de la vacunación» si bien ha alertado contra la creencia de que, por contar con una alta tasa de vacunación, se elimina el riesgo de contagio. «No estamos libres de que ocurra cualquier cosa», ha apostillado.
Tolosa ha lamentado que en nuestro país «no se haya profundizado» en el «aspecto político» de la vacunación y que el derecho a la salud se ha entendido «desde la perspectiva individual» en la que «los poderes públicos cuidan» del individuo frente a la idea de que éste «tenga que cuidar de la salud colectiva». Frente a ello, ha recordado que existen «derechos y obligaciones» en materia de salud pública para los ciudadanos.
El magistrado ha señalado también que el «único instrumento» que utilizan los jueces para «obligar» a la vacunación es una ley del año 1986 en la que «se conecta» con el «elemento colectivo» porque, según ha explicado, «está pensada para situaciones de emergencia sanitaria» en las que existe riesgo de que se produzcan «escenarios de epidemia».
Así, ha explicado que los tribunales «nunca defendieron» que la vacunación «no fuera voluntaria» sino que suponía una medida «mucho más positiva en materia de salud colectiva».
Por su parte, el presidente de la Asociación Española de Vacunología (AEV), Amós García Rojas, ha lamentado que «no se percibe la importancia» de la salud pública y ha hecho un llamamiento a «reforzar las líneas de financiación» de esta materia que, a su juicio, «sigue siendo la cenicienta» del Sistema Nacional de Salud (SNS).
«Yo he llegado a leer que invertir en salud pública no ayuda a ganar elecciones sino a perderlas», ha criticado García Rojas. Por el contrario, el presidente de la AEV ha considerado que «las auténticas crisis» que acaban por «generar tensión y pánico» en la sociedad «son las crisis sanitarias».
La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, ha liderado hoy en la UIMP las voces contra los movimientos antivacunas, a los que ha calificado como «corrientes muy peligrosas» que constituyen «un riesgo importante para la salud pública» y ha hecho un llamamiento a la necesidad de crear una «conciencia colectiva» en torno a la vacunación.
«Es muy importante que toda la población y todos los padres conozcan la necesidad de vacunar a sus hijos por el efecto colectivo», ha señalado en declaraciones a los medios con motivo de su intervención en la inauguración del curso 'En un mundo global... las vacunas cuentan' que se desarrolla esta semana en la UIMP.
La ministra ha instado a «mantener» los niveles de cobertura en materia de vacunación, que en España se encuentran en torno al 97% respecto al 95% recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), ya que, tal y como ha recalcado, la cobertura individual supone también la «protección» de aquella parte de la población que «por casos personales no pueden ser vacunados».
Además, Carcedo ha recordado que la OMS catalogó a España como país «libre de sarampión endémico» ya que los contagiados en los últimos tres años, según la ministra, provenían «de otros lugares».
Preguntada por si existe voluntad política de imponer la obligatoriedad de la vacunación, la ministra ha considerado que esto se daría «si fuera necesario» ya que en la actualidad, tal y como ha recordado, el grado de cobertura en España es mayor que el recomendado por la OMS. «Estamos cumpliendo», ha aseverado.
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