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Primero fue la inflación, antes incluso de la invasión rusa a Ucrania. Llegó poco a poco y se disparó cuando el conflicto y la situación económica mundial empezaron a tambalearse debido a las tensiones energéticas y el auge disparado de los precios del gas, el ... petróleo y la electricidad. El sombrío panorama no ayudó a que la economía remontase y sigue presionando a los principales indicadores, hasta el punto de que esta misma semana conocimos que la inflación se mantenía por encima de los dos dígitos. Ante este escenario, marcado por la pérdida constante de poder adquisitivo por parte de los consumidores, la ministra de Trabajo y Economía Social y vicepresidenta segunda del Gobierno de Pedro Sánchez, Yolanda Díaz, sorprendió a propios y a extraños planteando la posibilidad de topar el precio de una serie de productos de primera necesidad y negociando la medida con las grandes cadenas del sector.
La propuesta de Díaz no tardó en generar todo tipo de reacciones, entre ellas la del presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, quien se posicionó en contra afirmando que «no se puede engañar a la gente diciendo que ahora podemos poner precios fijos a las cosas porque estamos en Europa y es un mercado de libre competencia y no se puede hacer». Sin embargo, otros actores vieron en la iniciativa una oportunidad. Fue el caso de Carrefour, que decidió lanzar la campaña '30 productos a solo 30 euros', en la que ofrecen hasta el próximo 8 de enero 30 productos con precios ajustados y congelados con el fin, según señalan, de ayudar a los consumidores a afrontar la compleja situación económica.
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La campaña despertó gran expectación pero se ha ido desinflando conforme han asado los días. Entre otras cosas porque entre la selección de artículos no incluye productos esenciales como huevos o leche. En general, ningún alimento fresco. Al final, la percepción general que ha dejado la campaña es la de ser un gancho comercial más y que, aunque permite el acceso a productos baratos, no resolverá el problema de las economías domésticas.
Con ese contexto de fondo, El Diario Montañés ha hablado con representantes de distintas asociaciones de comerciantes cántabros para conocer su valoración de la propuesta de Yolanda Díaz y, de paso, con qué expectativas encaran un otoño y un invierno que se presumen complicados.
Gonzalo Cayón, secretario general de Coercan, la Federación del Comercio de Cantabria, se desmarcó abiertamente de la propuesta y criticó la falta de diálogo con el sector minorista, que no fue incluida por el Ministerio en sus reuniones con las grandes superficies, cadenas y distribuidoras. «Las planteadas por la vicepresidenta no nos parecen medidas ni medio lógicas, especialmente cuando solo se está hablando con una parte del sector comercial como pueden ser las grandes superficies y las grandes cadenas comerciales como supermercados y se está dejando fuera a todo el comercio minorista», afirma. Cayón apunta a las bases del modelo económico europeo para descartar por completo el tope de precios: «Seguimos creyendo en la ley de la oferta y la demanda, no en que se incline la balanza hacia un determinado formato comercial a la hora de dirigir la compra de los usuarios. Es algo que nos parece muy grave de lo que nos hemos venido quejando«.
El coordinador de Izquierda Unida en Cantabria, Israel Ruiz Salmón, ha reclamado al presidente regional y líder del PRC, Miguel Ángel Revilla, que atienda la «realidad de las familias» y siente a las distribuidoras, superficies y supermercados de la comunidad autónoma para que «arrimen el hombro». Con estas declaraciones, se suma a la propuesta impulsada por la vicepresidenta del Gobierno central Yolanda Díaz y el ministro de Consumo, Alberto Garzón, quienes han mantenido un encuentro con las grandes distribuidoras que operan en España para que las entidades lancen una «cesta equilibrada, sana y a un precio accesible» de alimentos esenciales, con productos frescos como carne, pescado, lácteos, huevos, hortalizas y fruta.
Ruiz Salmón argumenta que el Ejecutivo autonómico PRC-PSOE «no puede permanecer impasible a las necesidades de cada casa, que están en cada conversación y que dificulta la vida de miles de familias». Por ello, reclama que Cantabria «hable y acuerde» con las grandes superficies que operan en la comunidad una fórmula «igual o similar» a la iniciativa del Gobierno de la Nación.
De igual forma, IU ha llamado la atención sobre el apoyo necesario que el pequeño comercio debe encontrar por parte de los poderes públicos.
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En su opinión, compartida por otros muchos miembros del sector, existen otro tipo de medidas que tendrían un efecto beneficioso para el sector, incluyendo el comercio minorista. Entre ellas destacan la rebaja del IVA de muchos de esos productos de primera necesidad y propuestas que ayuden a minimizar el impacto del auge de los costes energéticos. En ese sentido, Cayón resalta que «antes que la limitación de precios pensamos que es más idóneo la reducción del IVA de un determinado grupo de productos, una medida que al final conseguiría que esos productos de la cesta básica diaria fuesen más económicos para todos los consumidores».
El secretario general de Coercan alude a las diferencias que existen entre la realidad de las grandes superficies y las de los pequeños comercios: «El tope de precios plantea un escenario desigual, porque la gran superficie puede afrontar una reducción del precio de determinados productos que la mayoría de los comercios minoristas no pueden asumir porque trabajan con volúmenes menores y por tanto con márgenes más pequeños», afirma.
José Víctor Pardo, presidente de Aceas, la asociación de Comerciantes de Santander, es aún más crítico que Gonzalo Cayón: «Poner un tope a los alimentos es una estupidez de lo más grande, un absurdo. Si dicen que el pan no puede pasar de 30 céntimos y producirlo así, mientras le suben la harina y la luz, no es rentable, entonces el resultado es que se dejará de hacer pan», expone. Y va más allá: «Eso lo hace el Gobierno, te da una cartilla de racionamiento y al final acabamos como en Cuba». Por ello, Pardo reclama que los precios se regulen «con el libre comercio y la libre competencia, y el Gobierno no puede meterse en eso. Lo que sí puede es dar ayudas a las personas que tengan dificultades, pero no intervenir en los precios», señala. «Si hay que pagar más sueldos, más luz, más gastos de todo y encima te dicen cuál tiene que ser el precio al final te das cuenta de que así no es rentable», concluye.
Para Pardo, la propuesta de Díaz llega tras «un verano que no ha sido nada boyante». Según su experiencia, «ha habido bastante gente pero en cuestión de ventas en el comercio tradicional han seguido bajando. Los precios nos están subiendo una auténtica burrada, hasta el punto de que hay cosas que han subido un 30%, un 40%... Es imposible asumir todo esto». Por ello, destaca, los pequeños comercios intentan «no repercutirlo todo en los precios pero a este paso no va a quedar otro remedio con este margen de movimiento».
La visión de María José Martínez, presidenta de la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de Colindres (Apymeco), no difiere demasiado en líneas generales de las anteriores. Al analizar el posible tope de precios, Martínez señala que «Está claro que hay que hacer algo con la inflación y los precios, porque están machacando mucho nuestra economía, pero las decisiones deben contar con todos, incluido el pequeño comercio». Su postura es crítica con una iniciativa que no tiene en cuenta a su sector: «Si solo se cuenta con las grandes superficies al final nosotros vamos a salir perjudicados, como siempre. Los pequeños tenemos mucho más complicado ajustar los precios porque trabajamos con mucho menos volumen que los grandes y por tanto nuestros márgenes también son más limitados», declara.
A su juicio, sería mucho más razonable plantear propuestas alternativas, especialmnente las destinadas a reducir el impacto del coste de la energía: «Si cogemos el problema de raíz y se abaratan las energías todos podremos abaratar precios. Nos ha subido mucho la luz y como consecuencia lo hace todo lo demás, así que entendemos que para arreglar el problema habría que atajar su causa», resalta.
Por su parte, Jon Cabo, presidente de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Reinosa-ACER, define el tope de precios como «un parche que además repercute negativamente en el comercio local». «Se habla de topar los precios en las grandes superficies pero con ello de alguna forma se estarían topando también en el comercio minorista», explica. Como en el caso de María José Martínez, Cabo cree que «el problema radica en que la inflación viene disparada por una energía que encarece a producción, la distribución... y ahí es donde hay que actuar, en el origen del problema». «Hay que bonificar la energía a productores, distribuidores y comercios para que los precios se mantengan», reclama, «y dejar un libre mercado que permita a la gente tener un sueldo digno, incluidos los autónomos, que son una parte fundamental de nuestro tejido económico y siempre los más olvidados». Jon Cabo también reclama la puesta en marcha de más iniciativas que «incentiven el consumo, por ejemplo con programas de cheques para las familias que lo necesiten, y si además se primase al comercio local mucho mejor, porque las grandes marcas tienen mucho más margen en contextos como este».
Las malas perspectivas económicas para los próximos preocupan mucho a los agentes del comercio minorista, no tanto porque acierten sino por el clima que generan entre los consumidores. Para Gonzalo Cayón, «lo peor de todo son las llamadas al alarmismo que estamos recibiendo también desde la clase política y del Gobierno». «Cuando es el propio Gobierno central el que lanza en los medios la idea de que van a ser meses muy complicados lo que se provoca es la restricción del consumo y que no sepamos qué vamos a tener que afrontar en estos meses», señala. Desde su perspectiva, esperan que «no sean tan complicados, sobre todo octubre y noviembre, y para eso todos debemos poner un poco de nuestra parte, tanto los consumidores, que deben seguir consumiendo en la medida de sus posibilidades, a las administraciones, como por ejemplo los ayuntamientos fomentando programas de consumo».
Maria José Martínez, por su parte, incide en el mismo argumento: «En los meses de junio y julio se notó mucho la caída, mientras que en agosto con el verano y el turismo no se ha notado tanto. Ahora en septiembre se vuelve a notar un montón, vemos que la gente se centra mucho en el precio, la inflación...», señala. «La verdad es que da miedo afrontar el invierno así. Tenemos en octubre la baza de los bonos de comercio local del Ayuntamiento, que es una campaña que genera bastante movimiento, pero más allá de eso el contexto general es de mucha incertidumbre», concluye.
En el caso de Jon Cabo, el campurriano afirma que desde su asociación se realizan «regularmente campañas a nivel local bonificando el consumo y la confianza en el comercio, pero no hay una receta mágica». Por ello entiende que «a nivel local son cosas que funcionan pero está claro que no resuelven el contexto; a nivel general creo que se debería desglobalizar, que es el gran hándicap que tenemos en estos momentos: todo nos viene dado, fijado y prefabricado. Así se podría localizar la producción y apostar más por los productos y los productores locales», argumenta. Actualmente, denuncia, «la situación actual exige más trabajo y rinde menos», algo que se traduce en que «se vende menos y todos los incrementos los estamos repercutiendo en nuestros márgenes». En el actual contexto «hay que hacer muchos números, que la oferta disminuye porque ya no puedes tener la variedad que tenías antes. Márgenes reducidos, incremento de costes... la verdad es que el futuro se ve marrón oscuro tirando a negro».
Por último, José Víctor Pardo resalta que «los gastos también van subiendo cada vez más y así no sabemos lo que va a pasar». A ello se suma el hecho de que «la gente está con mucho miedo en el corto plazo, con todos pensando que el otoño y el invierno van a ser muy malos». Por parte del sector, Pardo destaca que «muchos comerciantes están asustados porque ya han comprado todo lo de esta temporada y ya está llegando, y ahora toca ver si se lo van a tener que comer o qué». A su juicio, los cambios de los últimos años han situado en una posición muy delicada al comercio minorista: «La verdad es que el comercio tradicional se está hundiendo porque los cambios de hábitos de compra es muy grande y las ventas por internet están haciendo mucho daño».
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