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Una alta funcionaria resentida por el ninguneo y la prepotencia de los advenedizos que parten el bacalao en el Servicio Cántabro de Salud (SCS), el ... primer partido de la oposición que antes estuvo en el Gobierno y que todavía tiene gente adentro que le filtra papeles comprometidos, el 'fuego amigo' de los socialistas a la gresca perpetua, alguna de las empresas hartas de quedarse siempre fuera de los golosas contratos y adjudicaciones… Florecen muchas cábalas sobre si ha habido un factor desencadenante o si se han alineado todos a la vez para producir la 'tormenta perfecta' que se abate sobre la Consejería de Sanidad y su titular, María Luisa Real. La gestora discreta se ha convertido en un blanco político al que disparan propios y extraños desde los cuatro puntos cardinales.
El Partido Popular, que en lo que va de legislatura se ha dedicado más a su batalla interna que a la función opositora que le corresponde, cree que por primera vez ha infligido una buena dentellada al Gobierno con las supuestas irregularidades detectadas en el SCS y no va a soltar fácilmente la presa. Así que dosifica el impacto mediático de los casos sospechosos y los remite muy documentados al interventor y también a Miguel Ángel Revilla, a ver cómo le huele la 'orina del enfermo', por utilizar el repertorio del presidente cuando comenta los asuntos oscuros que no le afectan.
La controversia del SCS puede tener un largo recorrido. Además del PP que encabeza la ofensiva, Podemos y Ciudadanos también han promovido iniciativas en el Parlamento. No así, de momento, el llamado diputado 18 de la coalición PRC/PSOE, Juan Manuel Carrancio, el ex de Ciudadanos que ya le ahorrado al Gobierno más de un revolcón en la Cámara, además de propiciar la aprobación de los Presupuestos del año en curso.
Por su parte, IU, que no tiene representación en la Cámara y debe buscar su cuota de protagonismo por otros caminos, ha resuelto llevar el caso del SCS a la Fiscalía. Una decisión que resulta bastante precipitada, en opinión de los demás actores políticos, antes de evaluar con detalle el alcance de las acusaciones. No vaya a ser que la denuncia judicial sea archivada a las primeras de cambio y el Ejecutivo se apunte el tanto.
Revilla sabe muy bien que en este episodio el PP y los demás partidos opositores tiran por elevación contra él, como jefe del Gobierno de Cantabria, así que desde el primer momento intenta tomar distancia de seguridad con el conflicto. Si el PSOE cree que el presidente va a poner la mano en el fuego por la consejera Real están muy equivocados, advierten en el PRC. También se lo han dejado claro a los socios. Una vez concluya la investigación interna, el Consejo de Gobierno estudiará las conclusiones. Si hay indicios de irregularidades, actuarán la Intervención General y en su caso la Fiscalía, y se tomarán medidas políticas al más alto nivel. O sea, que la cabeza de la consejera está en el aire y quizá también el pacto PRC/PSOE. ¿Será para tanto? A estas alturas de la legislatura los desencuentros políticos son previsibles, pero la estabilidad gubernamental es un bien en sí mismo que no conviene dilapidar.
Mientras tanto, la consejera de Sanidad hace frente a la situación como puede. Unas veces defiende su gestión y contraataca al PP ella misma y otras veces elige el segundo plano y pone por delante a los altos cargos implicados en las prácticas sospechosas en la Administración sanitaria, que también han sido denunciadas por el Sindicato Médico. El gerente del SCS, Julián Pérez Gil, sugiere incluso su disposición a dejar el cargo al considerar inaceptables las sospechas que se ciernen sobre las actuaciones de su departamento. Eventualmente, esa renuncia podría servir de cortafuegos defensivo para la consejera Real, pero a lo mejor no es suficiente.
El escándalo del SCS tiene otro frente abierto en el contexto del largo enfrentamiento interno en el PSOE de Cantabria. Luisa Real, elegida en su día por Eva Díaz Tezanos para ponerse al frente de la sanidad cántabra, posteriormente se pasó a las filas de Pablo Zuloaga, el nuevo secretario general. Ahora, a 20 días de las primarias electorales, el sector crítico observa cómo bajan las aguas turbulentas en la Consejería de Sanidad y espera a las que lleguen procedentes del departamento de Economía que dirige Juan José Sota. Este grupo contrasta el empeño del oficialismo en depurar a Salvador Blanco y a Rosa Inés García, no porque tuviesen investigaciones pendientes sino por su afinidad con Díaz Tezanos, con la actitud negligente de mirar para otro lado cuando emergen corruptelas en esta nueva etapa.
A la gente de Zuloaga le preocupa el ruido, naturalmente. Intentan atenuar la responsabilidad de la consejera Real y, por si acaso, ni siquiera se animan a defender la integridad de los altos cargos del SCS. Sólo subrayan que fue Díaz Tezanos quien bendijo los nombramientos cuando se formó el Gobierno PRC/PSOE y que el caso también salpica a uno de los suyos, el alcalde de Suances.
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