Torrelavega y Castro son los únicos grandes ayuntamientos que suben los impuestos

No les faltan argumentos a unos y a otros para justificar su política fiscal, en la que se percibe una clara orientación política: tanto en la capital del Besaya como en Castro Urdiales el PSOE forma parte del equipo de Gobierno; en los demás -con la excepción de El Astillero, donde Ciudadanos dirige la Corporación con mayoría absoluta-, está presente el PP. Santander, Camargo, Piélagos, Santa Cruz de Bezana, Laredo y Los Corrales de Buelna tienen regidor popular; en Santoña, Santoñeses ocupa la Alcaldía, gobernando en coalición con el PP.

No se trata de una casualidad, ya que PP y PSOE mantienen posturas opuestas respecto a la política fiscal tanto a escala nacional como regional y local. El partido de Alberto Núñez Feijóo ha dado la consigna de reproducir el exitoso modelo fiscal de Madrid en todas las comunidades que gobiernan. De hecho, en Cantabria, esa rebaja impositiva fue uno de los reclamos de la campaña electoral, y una de las primeras promesas en cumplir en cuanto María José Sáenz de Buruaga se convirtió en presidenta. Según su teoría, que el tiempo dirá si es o no acertada, una reducción de todos los impuestos -en su caso los de competencia autonómica-, se traduce en que ese dinero -se estima que serán 90 millones anuales- permanece en el bolsillo de los administrados, ciudadanos y empresas. Aunque, en principio, esa reducción de impuestos supone un descenso, en la misma medida, de los ingresos de la Administración, los populares defienden que la recaudación terminará siendo mayor: al haber más dinero disponible para inversión y gasto, la economía y el empleo se reactivan, y es toda esa actividad la que producirá el efecto positivo en las arcas públicas.

En el lado opuesto, los dos socios del Ejecutivo nacional, PSOE y Sumar, entienden que para reforzar el Estado de bienestar es preciso subir impuestos, no bajarlos, apuntando a medidas como la recuperación del Impuesto de Patrimonio -o un tributo equivalente de ámbito estatal-, y el gravamen a los 'beneficios caídos del cielo' de bancos y energéticas. Grandes empresas y patrimonios y rentas del capital están en su punto de mira.

Los ayuntamientos cántabros gobernados por el PP se han alineado con la rebaja fiscal capitaneada por Buruaga en Cantabria, que contempla extender la bonificación del 100% del Impuesto de Sucesiones que actualmente se aplica entre cónyuges y padres e hijos a los hermanos, reducir el de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, para bienes muebles e inmuebles, eliminar el Impuesto de Patrimonio y rebajar el tramo autonómico del IRPF a las rentas medias y bajas.

En Santander se mantiene la congelación de tasas, precios públicos e impuestos municipales, excepto las del agua y alcantarillado, a las que se debe aplicar la subida del IPC por obligación del contrato con la empresa adjudicataria del servicio, como explicó la alcaldesa, Gema Igual, quien destacó que no se va a repercutir en los vecinos el coste derivado de la inflación, dejando sin aplicación el incremento del 2,3%.

En Torrelavega, en cambio, se ha decidido subir tanto el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), en un 4,9%, como las tarifas de agua y alcantarillado, que crecen un 10%. Con esta decisión, el Consistorio, que encabeza el regionalista Javier López Estrada, que gobierna en coalición con el PSOE, prevé recaudar 1,2 millones más al año, para compensar el incremento de costes.

Torrelavega mantiene sin cambios otros tributos, como el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) y la plusvalía. Tampoco se modifica el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), que pagan las empresas con más de un millón de euros de facturación.

Por su parte, los vecinos de Castro Urdiales pagarán entre un 16% y un 23% más por 22 tasas y precios públicos, un acuerdo validado por los votos del bipartido PSOE-CastroVerde, con la socialista Susana Herrán como alcaldesa.

Desde el equipo de Gobierno se defiende que, en su mayor parte, se trata de gravámenes sobre servicios que los vecinos pagan de manera puntual, como la tasa por contraer matrimonio en la casa consistorial, la licencia de animales peligrosos y la tasa del cementerio. Capítulo aparte merecen las cargas sobre, agua y alcantarillado, que se actualizan, encareciéndose un 19%, después de haber permanecido invariables durante quince años.

Otros impuestos, como el IBI, el impuesto de vehículos, no se verán modificados, como tampoco sufrirán cambios los precios de las escuelas municipales.

En El Astillero, el alcalde, Javier Fernández Soberón, subraya el «gran esfuerzo económico» que soporta el Ayuntamiento para no trasladar a vecinos y empresas los incrementos del coste de suministros básicos.

Actualizará dos décimas el tipo del IBI, «muy por debajo del IPC actual y del previsto el año próximo». El impuesto de vehículos se congela, la tasa de basuras también o incluso se bajará en varios supuestos; el agua se actualiza aplicando el contrato que está en vigor desde hace más de diez años. Tampoco suben los impuestos a las empresas del municipio.

En Camargo, con el popular Diego Movellán de nuevo en la Alcaldía, tasas e impuestos se mantendrán sin nuevas alzas. Es la misma decisión que ha adoptado su compañero de partido Carlos Caramés tras acceder al cargo en Piélagos. De hecho, el Pleno aprobó el aumento de las bonificaciones en diversas tasas e impuestos de competencia municipal, de las que fundamentalmente se beneficiarán las familias numerosas (en categoría general y especial), las monoparentales, las actividades ganaderas y agropecuarias o las familias víctimas de la violencia de género.

Santa Cruz de Bezana verá incrementada la tarifa del agua un 5,9%. «No se ha actualizado conforme al comportamiento del IPC desde el año 2014», indicó la alcaldesa, Carmen Pérez Tejedor (PP), una situación de la que culpó al anterior equipo de Gobierno. «Nosotros nos vemos en la obligación de cumplir con lo acordado». El resto de impuestos continúa sin cambios.

En Laredo, los vecinos están viendo incrementada la cuantía de los recibos de agua, basura y alcantarillado en un 10% los dos últimos trimestres del año. Se debe, como explicó el popular Miguel González -que preside la Corporación de Laredo, gobernando en minoría con el apoyo de OLA Cantabria-, a la obligación de corregir los errores que se produjeron en 2021 en la tramitación de una rebaja fiscal aprobada por el anterior equipo de Gobierno. Por lo demás, la carga fiscal no se ve alterada.

Tampoco en el vecino municipio de Santoña crece la presión tributaria: impuestos y tasas estarán congelados en 2024. Durante el último pleno, el PSOE propuso reducir el IBI del próximo año, una moción que se rechazó. Jesús Gullart (Santoñeses) ocupa el cargo de regidor con el apoyo del PP.

La Corporación de Los Corrales de Buelna, que dirige el popular Julio Arranz, en coalición con el PRC, aprobó la actualización del 2,6% del IPC a la tasas por servicio de cementerio y tanatorio, de suministro de agua y de alcantarillado.