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'Quien contamina, paga', es la frase que condensa el contenido de la Ley 7/2022, de 8 de abril, sobre Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, derivada de una directriz de la Unión Europea, que exige alcanzar un 55% de reutilización y ... reciclaje de residuos para 2025, incrementándolo hasta el 65% para 2035.
En su estrategia para alcanzar esos loables fines, España ha optado por exigir la implantación de una tasa que, por un lado, permita que los ciudadanos paguen en función de los residuos que generen y, por otro, cubra el coste real de su gestión, incluyendo la recogida, transporte, tratamiento, mantenimiento de vertederos y campañas de concienciación, sin posibilidad de que los ayuntamientos o la Administración regional asuman parte de ese gasto, como sucede en Cantabria. El plazo para establecer esta tasa concluye el 8 de abril de 2025.
De momento, y aunque ya ha empezado esa cuenta atrás, sólo el Ayuntamiento de Torrelavega, entre los diez más grandes de la región, tiene ya previsto cómo aplicar la ley y cómo calcular cuánto pagarán sus vecinos.
La capital del Besaya implantará una nueva tarifa fija de 19 euros más otra variable en función del consumo del agua –de 0,12 euros por metro cúbico–. Si hasta ahora se pagaban 19,25 euros fijos cada trimestre, a partir del 1 de enero serán 19 fijos más ese nuevo 'extra' en función del consumo.
El Ayuntamiento estima una subida cercana al 19% en la Tasa de Residuos Domésticos, unos tres euros y medio cada tres meses: tres de cada cuatro usuarios de la red de agua en Torrelavega gasta menos de treinta metros cúbicos de agua cada trimestre; tomando ese consumo como media aproximada y aplicando la regla de los 0,12 euros por metro cúbico, se puede calcular un incremento de 3,6 euros y una factura de 22,6 euros cada trimestre. Los vecinos que consuman esos treinta metros cúbicos de agua cada tres meses pagarán aproximadamente 90,4 euros, casi trece euros más de los 77 que se les cobraban hasta ahora.
En El Astillero trabajan con una idea diferente, aún no definitiva, como explica Alejandro Hoz, concejal de Atención al Ciudadano. «Tenemos datos de las toneladas de residuos que se generan en diferentes zonas del municipio: polígonos industriales, casco urbano y otras áreas. Estos datos se cruzan con el padrón de habitantes, viviendas, comercios y empresas para obtener una estimación lo más precisa posible sobre cuánta basura genera cada tipo de unidad (vivienda, comercio, empresa, etc.). A partir de esa información, generamos una tabla de coeficientes que refleja el peso proporcional de cada unidad en el total de residuos gestionados. Sabemos que el servicio de recogida tiene un coste aproximado de 1.200.000 euros. Dividimos este importe total entre la suma de todos los coeficientes y así calculamos el coste por unidad. Por ejemplo, una vivienda con cuatro personas podría tener un coeficiente de 1,5. Ese coeficiente se multiplica por el coste unitario obtenido, lo que nos da el importe correspondiente para esa vivienda».
En Santander, el Ayuntamiento ha optado por pedir la colaboración de la Universidad de Cantabria para fijar esta tasa. Según ha advertido el concejal de Economía, Javier García, «la tasa presenta un elevado grado de complejidad y dificulta su cuantificación dada la diversidad sociodemográfica de cada municipio. Por ello, el Ayuntamiento de Santander ha creado un equipo de trabajo junto al Grupo de Ingeniería Ambiental de la UC con el fin de establecer los criterios para la aplicación de la tasa».
García recuerda que «se trata de una nueva tasa que los ayuntamientos se van a ver obligados a aplicar en sus ordenanzas por imposición del Gobierno central». «Mientras el Ayuntamiento de Santander mantiene congelada la tasa por el servicio de recogida de basuras y el resto de impuestos desde hace diez años, el Gobierno central impone a los municipios la aplicación de este nuevo tributo, que supondrá una carga adicional para el bolsillo de todos nuestros vecinos».
Camargo está a la espera de la propuesta de los técnicos municipales de gestión de tributos y recaudación para valorar cómo se tiene que aplicar la tasa, estudiando el modo en que se está haciendo en otros ayuntamientos del país, para decidir si se acude a un modelo en el que se grave por tamaño o valor catastral (como Madrid) o al modelo por el que se han decantado otras ciudades y municipios como Valencia y Barcelona, que han optado por vincular la tasa de basuras de forma variable al consumo de agua.
Una vez se conozcan los datos y lo que supondría el incremento de la tasa de basuras por aplicación de la nueva ley de residuos se optará por aquella que suponga un menor incremento a las zonas urbanas residenciales, puesto que en estas zonas el coste del servicio es mucho más eficiente.
En Los Corrales de Buelna están esperando a ver de qué manera se establece la tasa en otros ayuntamientos grandes y evaluar su impacto. El concejal de Hacienda, Germán Arce, adelanta que la intención del Ayuntamiento es esperar al último momento para implantar ese pago. «Tenemos que cuantificar el coste del servicio y ver cómo repercutirlo, una cuestión que estamos analizando con los servicios técnicos municipales».
Santa Cruz de Bezana está en plena fase de contratación del estudio económico financiero para, en base a sus conclusiones, establecer la tasa, con el menor impacto posible en los vecinos.
Laredo y Santoña se encuentran pendientes en estos momentos de licitar un nuevo contrato para sus respectivos servicios de basuras. «Estamos estudiando la manera de aplicar la tasa de la manera menos lesiva para los vecinos, pero siempre acorde a la legislación, de obligado cumplimiento, que nos viene impuesta a través del Gobierno de Pedro Sánchez», indica Miguel González, regidor de Laredo. «Actualmente estamos en proceso de licitación del servicio y estamos a la espera de adjudicarlo, uno de los aspectos a tener en cuenta para establecer la tasa de gestión de los residuos».
Eloy Oliveri, concejal de Economía y Hacienda santoñés, señala que, coincidiendo con la preparación del nuevo pliego para contratar el servicio de basuras, se ha encargado la redacción de una nueva ordenanza para gestionar el 'tasazo'. «El servicio va a subir bastante, se calcula que puede costarle el doble al Ayuntamiento, y luego eso se tendrá que traducir en la tasa, lo que no quiere decir que todo el mundo tenga que pagar el doble, porque esa tasa se basa en el principio de que 'quien contamina, paga', y con la redistribución de la tasa habrá gente a la que no le toque tanto. Esperamos resolverlo a final de año, entre diciembre y enero, para ver por cuánto nos va a salir el servicio y cómo lo vamos a repercutir».
El Ayuntamiento de Castro Urdiales no ha querido detallar cómo aplicará la tasa. El de Piélagos ha decidido no hacer declaraciones sobre el tema.
Establecer un importe fijo para la tasa de basuras sin tener en cuenta de qué tipo de hogar se trata parece la opción más arbitraria, aunque resulta difícil determinar cuánto contamina cada ciudadano. Torrelavega vinculará el importe de la factura de la recogida y gestión de la basura al consumo de agua, encareciéndolo cuanto mayor sea este último: si en una vivienda se gasta más agua es lógico deducir que en ella hay más convivientes y que producirán más residuos.
Otros ayuntamientos determinan la tasa en función del tamaño de la vivienda, de su valor catastral o incluso de la categoría fiscal de la calle, opciones que tampoco establecen una relación directa entre un mayor uso del servicio y un mayor coste, que sería lo más justo.
Quizás la opción de instalar contenedores inteligentes, capaces de controlar quién hace uso de ellos –lo que obliga a identificarse con tarjeta o app de móvil–, sea la más afinada. Así, se registra el número de veces que se hace uso de ellos, o, en los más sofisticados, se mide la cantidad depositada por volumen o peso.
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