Los trabajadores de Ambuibérica anuncian una huelga indefinida del servicio de ambulancias

La empresa asegura que está «tratando de solucionar los problemas de tesorería a la mayor brevedad posible», pero recuerda que «las pérdidas recurrentes de cada mes casi se triplican cuando llega este desembolso extra». Sobre sus posibles consecuencias, «ya avisamos varias veces al SCS y a los representantes sindicales de que esto podía llegar a ocurrir».

La compañía que gestiona el transporte sanitario en Cantabria desde 2012 explica que «tratamos de pagar lo antes posible, pero el contrato quema mucho dinero», a razón de 300.000 euros mensuales, según sus datos internos. Un agujero en las cuentas que se acentúa con las «tensiones de tesorería derivadas de las pagas extraordinarias. Sólo nos ha ocurrido en estas dos ocasiones (julio y diciembre)».

Pero el comité de empresa –compuesto por CC OO, UGT, CSIF y USO– sostiene que esto sólo ha sido «la guinda del pastel». Argumenta que los 450 trabajadores que integran la plantilla del servicio de ambulancias de Cantabria llevan un año y medio sin convenio y que la situación es «insostenible» ante la «falta» de personal y de vehículos. El delegado de personal de UGT en Ambuibérica, Ignacio Achurra, afirma que los pliegos de condiciones con el SCS de cara a los usuarios «no se están cumpliendo», el equipamiento de las ambulancias es «deficitario» y hay «multitud» de vehículos en talleres con días que «faltan» para salir, provocando que los pacientes tengan que esperar durante «horas» para poderles trasladar tras recibir un alta hospitalaria. Además de la huelga indefinida, el comité prevé llevar a cabo movilizaciones y solicitar una reunión al presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, para tratar de llegar a una solución.

Para CSIF, «a la empresa le interesa generar conflicto en Cantabria como medida de presión a la plantilla para que, al sentirnos coaccionados, firmemos apresuradamente el convenio que estamos negociando desde 2020». Por su parte, desde USO recuerdan que, a raíz del impago de la paga de julio, presentaron una demanda de conflicto colectivo (los demás sindicatos también, aunque las suyas decayeron cuando la empresa abonó la extra unas semanas después) en la que se pedía que fuera responsable subsidiaria la Administración. De tal forma que, «de ganarse ese juicio (fijado el 8 de febrero), el SCS debería abonar en tiempo y forma las nóminas en caso de impago».

Además de la huelga indefinida, el Comité de Empresa de Ambuibérica prevé llevar a cabo movilizaciones y solicitar una reunión al presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, para tratar de llegar a una solución.

En esta misma línea, cabe recordar otra de las reivindicaciones recientes de la plantilla que solicita el «aumento de personal que hace falta para que las personas enfermas y accidentadas puedan recibir el servicio de calidad que merecen». No en vano, «hay altas hospitalarias que no salen a tiempo» y gente que «se queda un día más ingresada, porque la empresa no incorpora gente para trasladarla».

A este respecto, el comité de empresa señala que la gestión de las ambulancias acumula «numerosas sentencias judiciales» contra Ambuibérica y su «reiterado incumplimiento» por parte de la mercantil obliga a la plantilla a defender una y otra vez sus derechos en los tribunales. Un comportamiento «ilegal y peligroso» mantenido en el tiempo gracias a la «inacción» del Gobierno de Cantabria.

El pasado mes de octubre la Consejería de Sanidad pospuso la idea de la gestión pública del servicio de ambulancias, como pretendía su titular, Raúl Pesquera, que desde hace meses defiende la implantación del modelo impulsado en La Rioja, donde gobiernan en coalición PSOE y Podemos: crear una empresa que asuma el transporte sanitario, subrogar a los trabajadores y prescindir de concesionarias privadas, siempre con el objetivo de mejorar una prestación que en Cantabria lleva en manos de Ambuibérica desde 2012 y que no ha estado exenta de críticas. Los planes de Pesquera y del gerente del SCS, Rafael Sotoca, se vieron frustrados tras recibir un contundente informe elaborado en el seno de la Consejería de Economía que advertía de los serios riesgos presupuestarios de esa operación