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Poco dura la calma en el sector del transporte sanitario del Servicio Cántabro de Salud. Ayer por la tarde se decidió en asamblea la próxima convocatoria de huelga. Y en este caso el conflicto no parte de la plantilla del servicio programado, que continúa a ... la expectativa del desembarco de la nueva adjudicataria (Diavida) y protagonizó las últimas tensiones, sino del comité de empresa de Autransa (CC OO, UGT, USO y CSIF), es decir, del servicio urgente, que denuncia los «sistemáticos incumplimientos de la empresa en materia de seguridad y salud». Entre otras cosas, hablan de «ropa de trabajo que no se ajusta a las características técnicas de calidad y alta visibilidad», de «falta de desinfección del vestuario» y de «exposición a riesgos biológicos», deficiencias constatadas por la Inspección de Trabajo, que ha iniciado procedimiento sancionador. Pero «la gota que ha colmado el vaso», según expone el comité, es «el injusto y desproporcionado castigo aplicado a dos conductores que han sido sancionados con cinco días de empleo y sueldo tras sufrir dos accidentes fortuitos con las nuevas ambulancias», cuando –añaden– «no han tenido el periodo necesario de adaptación a los nuevos vehículos ni la formación adecuada para ello». La asamblea celebrada este viernes, con la asistencia presencial de unos 60 trabajadores y otros 50 online –la plantilla la integran 347–, decidió emprender movilizaciones. A falta de concretar las medidas en próximas reuniones, la primera fecha puesta sobre la mesa para iniciar la huelga es el 24 de mayo.
La compañía de HTGroup (Autransa, nueva marca de Ambuibérica) no solo ha impuesto esas dos sanciones tras comprobar los desperfectos causados en dos vehículos de la nueva flota sino que, además, ha enviado más de setenta cartas a modo de advertencia (de momento, no conllevan sanción) para exigir a sus trabajadores que cumplan con los protocolos y procedimientos que requiere un servicio de emergencias, especialmente en lo que respecta al tiempo de respuesta tras recibir el aviso del 061. En ellas, les recuerda que esa activación tiene que ser inmediata. No solo porque, de lo contrario, la compañía se expone a penalizaciones por parte de la administración, sino sobre todo porque los perjudicados son los pacientes que esperan esa asistencia solicitada.
Fuentes de la empresa aseguran a este periódico que esas medidas responden al interés por «salvaguardar el servicio urgente y hacer las cosas bien» en esta nueva etapa, lo que pasa por exigir a sus trabajadores «que cumplan con sus obligaciones». Aunque los representantes del comité recuerdan que «el servicio solo se ha mantenido gracias al inmenso esfuerzo y profesionalismo de nuestro personal operativo».
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