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El sindicato Trabajadores Unidos, mayoritario en el ámbito de la Función Pública en Cantabria, se ha sumado a la narrativa del 'caso Obras Públicas' para ... protagonizar un nuevo capítulo centrado en el punto de vista de los empleados del Servicio de Carreteras, «que se ha venido descapitalizando desde hace más de 30 años», denuncia Antonio Arenal, miembro del sindicato y también trabajador de la Consejería de Obras Públicas. Los representantes de los trabajadores aseguran que, con el paso de los años, se ha ido produciendo una «privatización indiscriminada» del Servicio.
Los representantes de los funcionarios aprovechan el estallido de la presunta trama de corrupción para argumentar, de alguna manera, que desde su colectivo se venía denunciando la contratación de servicios privados externos cuando ese mismo trabajo podría ser realizado con funcionarios del propio Servicio de Carreteras.
«Se ha ido dejando de reponer a los trabajadores jubilados y se ha olvidado de que hay que consolidar la plantilla», protesta la secretaria general de Trabajadores Unidos, Isabel Rodríguez. «Los medios materiales también se han olvidado. Faltan máquinas, las que hay, en muchos casos, están en malas condiciones por falta de mantenimiento y las que se van adquiriendo no cuentan con las medidas de seguridad requeridas».
«Todas esta información ha sido puesta en conocimiento del presidente regional y de los sucesivos consejeros de Obras Públicas en todos estos años», insiste Rodríguez. Pero pese a que siempre ha habido una respuesta voluntariosa, «todavía estamos esperando que lo resuelvan».
«De una plantilla de unas 200 personas estamos con un déficit de unos 70 funcionarios. Y los que están, muchos están próximos a la edad de jubilación; otros están pendientes de consolidar su plaza, etc», argumentan en el sindicato, que aseguran que la historia de este servicio ha sido la de una «crónica de una liquidación anunciada».
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Ana del Castillo
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