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G. S.
Santander
Lunes, 15 de octubre 2018, 06:49
Desde algunos sectores vinculados a la lucha contra la trata de personas y la explotación sexual se ha cuestionado la «relajación» de los ayuntamientos cántabros en la concesión de licencias de apertura a los clubes de alterne. En 2017 se detectaron en la ... región 31 posibles víctimas de trata y solo tres de ellas se prestaron a declarar como testigos protegidos, según recoge la Fiscalía Superior en su memoria anual.
El informe recoge la labor que realizan en este ámbito asociaciones y ONGs como la Red Cántabra contra la Trata y la Explotación o Aplec. Este último colectivo contactó el año pasado con 378 mujeres que ejercían la prostitución en los 24 clubes «activos» en Cantabria, así como en diferentes pisos, 57 de ellos estables y 78 no permanentes.
Las críticas a la actuación de los ayuntamientos respecto a los clubes y pisos se plantearon en la reunión anual de coordinación que convoca el área de Extranjería de la Fiscalía. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social es uno de los organismos que ha cuestionado la concesión de licencias municipales a estos negocios. A la vez, ha dejado constancia de las situaciones «especialmente preocupantes de falta de higiene y salubridad de los locales», y los defectos en materia de incendios, evacuación, ventilación... que ha detectado en las inspecciones que realizó en 2017 en clubes de alterne en colaboración con la Policía Nacional.
Se planteó, asimismo, la conveniencia de que la Federación de Municipios de Cantabria forme parte de las instituciones firmantes del Protocolo de Víctimas de Trata de Seres Humanos con fines de Explotación Sexual.
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