Los tránsfugas atacan de nuevo

«Nuevamente la decisión de un diputado regional de abandonar el grupo por el que accedió al parlamento regional, en este caso en Aragón, ha producido un vuelco político total en dicha comunidad, cambiando el signo político del gobierno que el pueblo aragonés quiso darse en las últimas elecciones autonómicas.

Es evidente que en tanto subsista el sistema electoral de listas cerradas y bloqueadas, se hace necesario adoptar algunas medidas que impidan, o al menos dificulten, la acción de los tránsfugas que con la traición al partido que les aupó al cargo traicionan también al elector que dio su voto a ese partido.

En Cantabria tenemos una larga historia de tránsfugas políticos, por lo que difícilmente nos sorprendemos – aunque, lógicamente, nos seguimos escandalizando– de lo que pase en otras regiones, razón por la que muchas veces no entendemos el escándalo que algunos partidos y medios de comunicación organizan cuando por tales situaciones hemos pasado por aquí, con más frecuencia de lo deseable, sin que nadie nos haya echado una mirada misericordiosa, ya que no una mano, para arreglar nuestros problemas.

Viene lo anterior a cuento para expresar la idea de que si al tránsfuga debemos darle lo que merece –y de ello nos encargaríamos los propios electores si contáramos con un sistema mayoritario o al menos de listas abiertas–, la responsabilidad principal debemos cargarla a los propios partidos que con su actitud promueven y fomentan a los tránsfugas, recibiendo sus favores y recompensando su traición con fórmulas mil.

La historia se ha repetido a pesar de que ésta nos enseña, una y otra vez, que el aliento al transfuguismo genera, inevitablemente, la aparición de nuevos tránsfugas en el seno de quienes, con su irresponsable proceder, son los verdaderos culpables de su existencia.

¿Alguien piensa que en Cantabria, por centrarnos en lo más próximo, como ahora en Aragón y antes en Galicia o Madrid, habría habido los tránsfugas políticos que hubo en la UCD al inicio de nuestra autonomía si con ellos no hubieran pactado el PSOE y el PRC, o los Solanas, Condes, etc., que hemos padecido a lo largo de estos años, si con ellos no se hubiese negociado y los mismo no hubieran visto premiada de inmediato su traición y deslealtad?

Dejémonos, por tanto, de palabras altisonantes y pongamos manos a la obra para solucionar el problema, de una vez por todas, mediante la simple práctica por los partidos mayoritarios –ya ven qué fácil– de mandar a hacer puñetas al posible tránsfuga de otro partido cuando aquél se acerque a ofrecer sus servicios, a no ser, lógicamente, que antes haya abandonado su escaño y militancia».

Es seguro que si no hubiera iniciado estos comentarios haciendo expresa mención a que lo que iba a leer el lector correspondía íntegramente al contenido de un artículo publicado hace ya casi veinticinco años pensaría, con toda lógica, que el texto anterior estaba recién escrito, dada la actualidad del transfuguismo político en Cantabria y el importante papel que sus actores están teniendo en diversas instituciones de nuestra comunidad.

Desgraciadamente, tal y como denunciaba en el artículo de referencia, nuestra región estrenó su autonomía con la traición de un grupo de diputados de UCD al partido por el que habían accedido a sus puestos –formación política que hasta ese momento había dispuesto de los dos tercios de la Asamblea Regional y por tanto había sido la actora indiscutible en la aprobación de nuestra autonomía como región uniprovincial. Estos tránsfugas, con su pacto con el Partido Socialista y el único diputado provincial que por aquellas fechas tenía el PRC, constituyeron el primer gobierno autonómico, dando con ello inicio a un transfuguismo político cuyo ejercicio, por lo que se ve, aún se sigue practicando con gran éxito (al menos para sus autores y para quienes de sus servicios se benefician).

Fundamental sería para corregir, de una vez por todas, estas prácticas (que tanto daño hacen a la imagen de nuestra democracia y de los partidos políticos sobre la que aquella se sustenta), la modificación de nuestro sistema electoral –basado en una norma preconstitucional aprobada para la celebración de las primeras elecciones generales de 1977– en las que la inexistencia hasta ese momento de partidos políticos exigía un sistema que reforzara a tales organizaciones. Hoy, ya consolidada como está nuestra democracia, parece necesario (imprescindible diría) modificar en profundidad nuestra ley electoral para dar mayor protagonismo a los ciudadanos a la hora de elegir a sus representantes en las diversas instituciones de nuestro país. En tanto se hace tal modificación es obligado exigir a los partidos políticos que a los tránsfugas, por mucho que algunos en un momento dado pudieran beneficiarse de los mismos, no les den ni agua, pues lo único que cabe hacer con ellos, si queremos acabar con tal lacra, es su total aislamiento y desprecio.