Vizcaya cobrará a los camioneros que entren en el País Vasco por la A-8

Indignación fue la palabra con la que los transportistas cántabros resumieron el sentir general al enterarse de la noticia por la prensa en junio de 2021. Y ahora el ambiente está incluso más caldeado tras el alza de los precios, un paro del sector de por medio y la amenaza de una nueva huelga si no salen adelante las negociaciones con el Gobierno. «Es un sinsentido. Nuestro problema principal es el precio del carburante, pero esto supone una gota más para que colme el vaso y el agua se desborde», admite con contundencia José Andrés Cianca, presidente de Asemtrasán, quien asegura que el «malestar» y «hartazgo» cada vez es mayor.

Cianca también advierte de las consecuencias que esta medida puede tener para la población: «Son costes añadidos y no quedará más remedio que repercutirlo en el precio del producto. Al final, el pagano de todo esto será el consumidor. Esto nos afecta a todos», explica al tiempo que recuerda que el País Vasco es una de las principales salidas hacia el resto del país para los transportistas cántabros. Hasta el momento no se conoce la cantidad que deberán abonar estos vehículos, pero según publica El Correo, esta se establecerá a través de un decreto foral. «No es el momento adecuado, esto es otra carga más para una situación insostenible. O nos ponen medidas sobre la mesa o estamos avocados a otro conflicto, y no creo que ni la economía de este país ni el Gobierno se puedan permitir otro paro», zanja el presidente de la asociación de transportistas, quien recuerda que el sector todavía espera las nuevas propuestas del Gobierno para decidir si llamar o no a los trabajadores a una nueva huelga.

El malestar también es compartido por Gerardo Pontón, secretario general de la Agrupación Empresarial de Transporte de Cantabria (Aetrac), quien lamenta «que el PNV y PSE se hayan puesto de acuerdo para penalizar y ahogar aún mas a un sector que es esencial para la economía». Y no solo eso, Pontón asegura que, si al final los peajes salen adelante, Aetrac emprenderá «todas las acciones legales que considere oportunas» para evitar que el transporte de Cantabria «sea perjudicado».

En su opinión, los transportistas ya contribuyen «sobradamente» al mantenimiento de las infraestructuras y esta medida solo supone «una mayor fiscalidad, que puede favorecer la inflacción y que resulta otra traba más para superar la actual crisis». Apunta también que «el Gobierno Vasco debería tener en consideración que el Comité Nacional de Transporte llegó a un acuerdo con el Gobierno en el que se comprometió a no imponer peajes si no cuenta con el consenso de los transportistas».

El objetivo de la Diputación con este proyecto, que costará 60 millones de euros, consiste en descongestionar las vías gratuitas y trasladar parte del tráfico pesado a las de alta capacidad que ya son de pago, como la AP-68 y la Supersur, según publica El Correo.