Trasladan a El Dueso al etarra que intentó asesinar al rey emérito en la inauguración del Guggenheim

Además, ha dispuesto el regreso al centro penitenciario de Ávila de la interna preventiva María Soledad Iparraguirre Guenechea, 'Anboto'. En la actualidad se encuentra en la prisión de Soto del Real (Madrid), a disposición de la Audiencia Nacional.

Según ha informado Prisiones, entre los acercados también está Patxi Javier Macazaga Azurmendi, que deja la cárcel de A Lama (Pontevedra) para ir a El Dueso. Está condenado por varios atentados, tal y como señala la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), que recuerda que el Gobierno de Sánchez «ya ha realizado 68 traslados de etarras con delitos de sangre, que acumulan a sus espaldas la friolera de 163 víctimas mortales en 124 atentados».

Prisiones ha informado de que Macazaga Azurmendi, progresado al segundo grado, cumplirá las tres cuartas partes de la pena en febrero de 2024 y «acepta la legalidad penitenciaria, rechaza la violencia y reconoce el daño causado». Azurmendi cumple condena, según la AVT, por matar a Juan María Jáuregui Apalategui y Ramón Díaz García, así como el atentado contra José Ángel Santos Laranga y Josu Leonet Azkune. También cumple condena por el asesinato de Mikel María Uribe Aurkia, José María Korta Uranga e Iñaki Totorika Vega, así como el que le costó la vida a Santiago Oleaga Elejabarrieta y Manuel Indiano Azaustre.

La presa de ETA Ana Belén Egües Gurruchaga es otra de las trasladadas, en su caso desde Córdoba a Asturias. Está condenada por el asesinato de Luis Ortiz de la Rosa, Justo Oreja Pedraza y Pedro Antonio Blanco García. Cumplirá las tres cuartas partes de la condena en abril de 2024.

Ainhoa Barbarín Yurrebaso es la última para la que se aprueba un traslado, de Valencia a la cárcel de Álava. Fue condenada por la colocación de un coche bomba en el Aeropuerto de Málaga en 2001 que fue desactivado por los Tedax, así como por un coche-bomba en la localidad tarraconense de Salou cuya explosión en agosto de 2001 provocó 18 heridos, entre ellos tres guardias civiles y varios niños.

Como del resto de etarras progresados también a segundo grado, el organismo dependiente del Ministerio del Interior ha señalado que «acepta la legalidad penitenciaria y ha presentado un escrito en el que rechaza la violencia y reconoce y lamenta el dolor causado». Cumplirá las tres cuartas partes de la pena en diciembre de 2024.