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El sindicato ANPE ha detectado un aumento de los casos de depresión y estrés entre los docentes cántabros, así como un incremento de las bajas laborales causadas por situaciones de conflictividad en las aulas. Su servicio del Defensor del Profesor atendió el pasado curso a ... trece profesionales: el 80% tuvo problemas de salud mental y la mitad tuvo que ausentarse temporalmente de su trabajo, generando «un coste para la administración y una modificación de la propuesta pedagógica para el alumnado». Pero es que en el curso académico actual, advierte ANPE, su Defensor ya ha prestado ayuda a nueve docentes.
Son las cifras que ha aportado esta misma mañana Blanca Rivero, defensora del Profesor en ANPE-Cantabria, que ha indicado que desde 2005, cuando el sindicato creó este recurso en la comunidad autónoma, se ha atendido a 96 docentes víctimas de situaciones de conflictividad y violencia en las aulas. «Pero lo que nos llega es solo la punta del iceberg e indica que las situaciones de conflictividad están lejos de erradicarse de los centros escolares», ha asegurado Rivero.
De los trece casos atendidos en el curso 2021-22 -tres más que el año anterior pero lejos de la veintena que se registró el año escolar previo a la pandemia-, el 38% tienen que ver con maestros de Educación Primaria; el 22%, con docentes de Secundaria y el resto, con los de Formación Profesional. ¿Y qué motiva las situaciones de conflicto? ANPE apunta a que algo más de la mitad de los casos (55%) están relacionados directamente con el alumnado y que cerca de un 20% lo está con sus familias. Los docentes sufren, en este sentido, presión para modificar notas o los informes; problemas para dar clase; faltas de respeto y amenazas por parte de estudiantes o de su entorno, además de acoso (amplificado, dice ANPE, por el uso de las nuevas tecnologías).
Ante esta situación, ANPE exige «unas normas claras» que regulen la convivencia escolar y le reclama al Ministerio de Educación dos cosas: que elabore un Plan Estratégico para mejorar el clima en las aulas y que aumente el número de especialistas en los centros. Y si bien Cantabria ha estrenado este curso una 'Unidad técnica de mediación en el ámbito docente' -para intervenir, a petición de los centros, en la resolución de conflictos entre docentes, personal de administración y servicios, y familias-, ANPE asegura que la comunidad educativa no sabe cómo funciona porque la Consejería de Educación aún no ha trasladado información al respecto.
La sociedad cada vez es más compleja y los centros educativos son un reflejo de ella, ha expuesto Rivero. «Venimos de años difíciles por el covid -la comunidad ha vivido tres cursos atravesados por la pandemia- y el profesorado cada vez tiene mayor responsabilidad y se enfrenta a mayores retos, sobre todo con las nuevas tecnologías, la Lomloe... Y todo eso repercute en los docentes», ha explicado.
Además, tras la pandemia, los centros educativos ofrecen mayor «soporte psicológico y asistencial al alumnado», y el profesorado se enfrenta a esta situación «sin una formación previa», ha señalado Rivero. Y los fondos europeos previstos en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para afrontar estas situaciones no han sido suficientes, ha lamentado.
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