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«No tienen luz eléctrica, ni agua corriente, ni retretes para hacer sus necesidades fisiológicas, ni lavabos para limpiarse las manos. En el actual contexto de crisis sanitaria se trata de un grave caso humanitario y sanitario», denuncia Javier González, de la organización Pasaje Seguro ... , al poner el acento en las duras condiciones de un grupo de treinta jóvenes albaneses sin hogar que pasan el régimen de aislamiento en un edificio abandonado de Nueva Montaña.
Se trata de un grupo migrantes, en situación vulnerable, que se encontraba en Santander a la espera de cruzar a Reino Unido a través del puerto. Desde la imposición del estado de alarma por la crisis mundial del coronavirus, están retenidos en el edificio, confinados y algunos haciendo la cuarentena contra el Covid-19 sin capacidad para dar respuesta a sus necesidades de higiene mínimas.
El colectivo recibe atención de Cruz Roja, pero Pasaje Seguro señala que «es insuficiente» y reclama que sean reubicados en albergues o polideportivos. González llevó hasta el lugar una cisterna con el fin de que pudieran ducharse de manera provisional, pero ello le ha costado una denuncia de la Policía.
«Exigimos a las autoridades, al Ayuntamiento de Santander, al Gobierno de Cantabria y a la Delegación de Gobierno la inmediata solución a la situación de infravivienda y riesgo de enfermedad en la que se encuentran varias decenas de personas de origen albanés», indicó la organización en una nota de prensa.
Pasaje Seguro criticó «la tardanza del Ayuntamiento en ampliar las plazas disponibles en el albergue municipal Princesa Letizia, que está impidiendo el correcto alojamiento de estos migrantes y de todas las personas sin hogar en una situación de alarma sanitaria como la actual».
Además, desde esta organización reclaman que unidades militares recojan a estas personas sin techo, «como ya está sucediendo en otras comunidades autónomas».
Por su parte, otro coordinador de Pasaje Seguro, Jesús Puente, manifestó que «mantener en la calle a decenas de personas sin alojarlas debidamente para protegerlas del contagio, a ellas y al resto de la ciudadanía, es un atentado contra la salud pública y un delito». Puente denunció que «la ausencia de criterios de la Delegación del Gobierno está impidiendo el posible acceso de estas personas al albergue municipal», ya que «la no circulación de personas les ha impedido trasladarse del edifico abandonado donde se encuentran hasta el albergue».
El Ayuntamiento de Santander, por su parte, comunicó ayer que el albergue municipal se encuentra ocupado al cien por cien de su capacidad, sin plazas disponibles.
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