Treinta años tras la pista de las niñas de Aguilar

Sin más pistas, sin resultados en las nuevas líneas de investigación, sin esperanza, al fin y al cabo, las familias de las niñas Virginia Guerrero y Manuela Torres asisten al 30 aniversario de su desaparición. Han transcurrido exactamente tres décadas desde la noche del 23 de abril de 1992, cuando estas vecinas de Aguilar de Campoo, de 13 y 14 años, fueron vistas por última vez en las fiestas de Reinosa. Las pesquisas de la Guardia Civil resultaron infructuosas entonces y quedaron olvidadas por la revelación de una nueva testigo en febrero del pasado año.

Treinta años después, la mujer aportó nuevas pruebas que señalan a un sospechoso con nombres y apellidos. Dice que llamó a la Benemérita tras ver por la televisión un programa especial del caso. Contó que ella sufrió un episodio similar un año antes, en 1991, y que conocía al hombre que estaba detrás de lo ocurrido. Pero pasados varios meses de investigaciones, no hay novedades.

La familia, desolada, se resigna a que el caso quede cerrado nuevamente, y en colaboración con la Asociación de Mujeres Clara Campoamor -que se ha personado también en la causa como acusación particular- han exigido nuevas pesquisas a la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Cervera de Pisuerga, que se encarga de instruir el caso.

«Consideramos insuficientes las actuaciones practicadas por los investigadores durante los más de cinco meses de duración del secreto de sumario», explica la letrada de las familias en un comunicado. Por tanto, queda ahora que la jueza responda a esta petición. «De lo contrario nos veremos obligados a explicar lo que nos ha pasado y por qué consideramos que esta investigación no se ha realizado todo lo bien que podía haberse realizado», concreta Ramón Chippirrás, portavoz de las familias y criminólogo.

Lo cierto es que la desazón es comprensible en el caso de unas familias que han visto cómo la instrucción ha estado plagada de pistas falsas durante estas tres décadas. Meses después de la apertura del caso, en agosto de 1992, se situó a las dos menores en Málaga, pero resultó no ser cierto. En octubre de 1994 aparecieron en el pantano de Cervera dos cráneos que se llegaron a asociar a la desaparición, pero no se pudo demostrar que tuvieran relación con el suceso. Más recientemente, en octubre de 2018, el hallazgo de una mandíbula humana en el embalse del Ebro llevó a pensar que pudiera pertenecer a una de las dos niñas. Finalmente, el estudio del ADN con la base del programa 'Fénix' de personas desaparecidas no ofreció ningún resultado.

La crónica de todo lo ocurrido en la noche de aquel 23 de abril de 1992, cuando desaparecieron Virginia y Manuela, comienza cuando ambas se escapan de casa, con sólo 13 y 14 años, respectivamente. Habían disfrutado de las fiestas de Reinosa y ya cansadas, decidieron regresar a sus hogares. Se detuvieron junto al parque Cupido, en Reinosa, junto a la escalinata de una vivienda. Una de ellas se acercó a la carretera e hizo autoestop. Hay dos testigos que contemplan esa escena: la dueña de la casa, que observa todo desde la ventana, y una segunda mujer que está en la acera de enfrente. Llega un hombre con un Seat 127 blanco. Ellas suben y es la última vez que se las vio. La testigo de la acera, que mantiene buena relación con la familia, todavía lamenta no haber apuntado la matrícula de aquel vehículo.

Un coche que, según las últimas investigaciones, pudo también estar implicado en otro intento de secuestro un año antes, según lo relatado por una nueva testigo del caso. La mujer que ofrece esta versión, 30 años después, acudió en febrero de 2021 a la Guardia Civil para explicar que ella vivió un caso idéntico un verano antes, en 1991. Que el hombre la recogió y que la llevó por un camino que no se correspondía con el itinerario pedido. Según consta en el sumario, ella tomó el volante en un momento del viaje y lo giró hasta conducir el coche hacia la cuneta. Entonces pudo escapar. Tantos años después esta mujer señala a un hombre con nombre y apellidos; pero no parece haber nada concluyente contra él.

Ocurre en todo caso que la Ley española contempla que cualquier delito prescribe a los 20 años, salvo alguna contada excepción -y no será este el caso-. Aunque la Guardia Civil termine por encontrar al responsable de los hechos, si es que es posible hacerlo 30 años después, no tendría la obligación de rendir cuentas ante la justicia.

¿Qué podría sacar entonces en claro la familia en este caso? «Cerrar incógnitas. Saber dónde están sus niñas y qué fue de ellas. En resumidas cuentas, poder pasar página en paz», zanja el criminólogo.

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