Treinta cámaras de seguridad se empezarán a instalar este mes en los Servicios de Urgencias

La instalación de cámaras de seguridad fue una decisión adoptada al final de la legislatura pasada en respuesta a la demanda de los propios profesionales ante el notable aumento de agresiones sufridas -pedían también vigilantes en los centros más conflictivos-. Este punto fue, de hecho, uno de los compromisos que adquirió la Consejería en el acuerdo de fin de huelga de médicos y pediatras de Atención Primaria de noviembre de 2022. A falta de conocer el balance del último año, en aquel momento Sanidad tenía contabilizados más de 250 episodios el ejercicio anterior, entre los que cabe recordar la brutal agresión a un médico de Los Castros (Santander), que incluso perdió la visión de un ojo por los golpes propinados por un usuario.

Aquella paliza no solo desató una oleada de solidaridad entre los compañeros de la víctima, con concentraciones de condena a las puertas de todos los centros de salud, sino también de indignación porque evidenciaba, y esta vez de forma grave, la inseguridad de sus puestos de trabajo. Como dato, el 80% de las agresiones a personal sanitario ocurren en consultas y servicios de Urgencias de Atención Primaria.

En la justificación del contrato de las cámaras, desde el SCS se reconocía «el temor» de los profesionales y cómo estos incidentes violentos afectaban a la organización del trabajo, «observándose un mayor aumento del absentismo laboral y un deterioro de la calidad del servicio». Razones por las cuales se consideraba que la instalación de videovigilancia no solo iba a aportar «una percepción de mayor seguridad» para la plantilla, sino que también podía resultar efectivo como «elemento inhibidor de conductas violentas». Las imágenes grabadas, además, pueden ser aportadas ante la autoridad judicial y administrativa de cara a determinar las multas a las que se enfrentan los autores de una agresión. Y las siete primeras sanciones que se notificaron desde Sanidad ascendieron a 3.000 euros.

Después de muchas idas y venidas y de un cambio de gobierno, el contrato licitado en marzo de 2023, con un presupuesto base de 240.000 euros, que abarcaba no solo la colocación de las cámaras en sí (en dos fases) sino el control de esa videovigilancia hasta 2025, se resolvió en octubre. Ambar quedaba como encargada de la instalación -ofreció 63.385 euros, sobre un precio de licitación de 77.442 euros, sin IVA- y Securitas asumió la parte de gestión y control de la videovigilancia las 24 horas del día, con una oferta de 49.000 euros (sin IVA), menos de la mitad del presupuesto base. Según el pliego, la adjudicataria deberá presentar mensualmente un informe de actividad con las operaciones realizadas y las incidencias más destacables, así como un registro de comunicaciones.