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Una treintena de colegios públicos de Infantil y Primaria carecen del personal que desarrolla los planes de apoyo, orientación y refuerzo educativo para atender ... a alumnos con necesidades específicas fuera del horario lectivo, más conocidos como PROA. Y otros muchos han conseguido mantener el número de monitores gracias al esfuerzo económico del propio centro y de las asociaciones de padres, que han adelantado el dinero para pagar el servicio, mientras esperan que la situación sea corregida por la Consejería de Educación. Por su parte, en Secundaria, la mayoría de los institutos se han quedado con un solo monitor cuando hasta el curso pasado contaban con dos o tres. Aunque la Administración aseguró a principios de curso que la problemática estaría solucionada en el mes de enero, no ha sido así.
La Junta de Personal Docente responsabiliza de la situación a la «mala gestión» del departamento dirigido por Francisco Fernández Mañanes. «El servicio ya está adjudicado a una empresa -está externalizado-, pero hay un problema, desconocemos cuál, y no se termina de firmar el contrato», explica Rus Trueba, representante del sindicato ANPE. Y mientras tanto, pasan los meses y los escolares que necesitan un apoyo educativo más allá de las clases para completar sus deberes, paliar sus deficiencias y estar lo mejor preparados posibles para no perder el ritmo curricular del resto de compañeros, se ven privados de esta atención «fundamental».
«Es grave que un programa que está orientado a paliar las desigualdades entre el alumnado no sé esté impartiendo en tantos centros», lamenta Trueba. Crítica a la que Patricia Ruiloba, presidenta de la Junta de Personal e integrante del sindicato STEC, añade «la precariedad» con la que se contrata a los monitores.
El origen del problema está en la nueva Ley de Contratos del Estado, que provocó un retraso en la adjudicación del Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo (PROA) y obligó a dilatar su tramitación hasta enero. Y la solución aportada por la Consejería a los colegios de Infantil y Primaria si querían contar desde el principio de curso con estos refuerzos era asumir ellos mismos la contratación del servicio a la empresa que lo gestiona, adelantando el dinero, que posteriormente sería reintegrado por la Administración. «Una vez más, en una clara dejación de funciones, Educación optó por trasladar la gestión de contratación directamente a los centros, sobrecargando a los equipos directivos con actividades burocráticas ajenas a sus competencias. Esta iniciativa no puede depender de que los colegios, de por si con un pequeño presupuesto para muchos asuntos, tengan que hacer malabares para gestionar unas contrataciones que corresponden totalmente a la Consejería», critican desde ANPE.
Así las cosas, hubo centros que optaron por no contratar a nadie, debido a que no disponían de fondos suficientes; y otros que sí pudieron y así lo hicieron, en buena parte gracias a la aportación económica de las asociaciones de padres. El problema para estos últimos vendría en enero, ya que al encargarse la Consejería de las contrataciones, se tendría que abrir una convocatoria nueva y, por tanto, los monitores encargados hasta entonces de impartir el plan serían despedidos y habría que contratar a personal nuevo, con el «claro perjuicio» para los alumnos que eso supone por la confianza que habían adquirido con ellos.
Pero el problema ha sido aún peor, ya que tampoco se ha resuelto la situación tras las vacaciones de Navidad, tal y como había anunciado la Consejería, lo que ha provocado que «al menos» treinta colegios de Infantil y Primaria no cuenten a día de hoy con monitores, entre los muchos que habían adelantado el dinero solamente hasta el mes de enero y los que no pudieron pero esperaban que se arreglase la carencia en el plazo prometido. Y los que sí los tienen es porque siguen adelantando el pago del servicio, desconociendo cuándo les será reembolsado.
El consejero de Educación admite que este curso está siendo «extremadamente compleja» la gestión de estos apoyos porque «estamos intentando sacar adelante el nuevo contrato», que se extenderá durante los próximos cuatro años. «Estamos en ese cometido y, mientras tanto, no nos ha quedado más remedio que recurrir a soluciones temporales y de urgencia para atender esas necesidades en el máximo número de centros posibles conforme a las posibilidades que nos permite la Ley de Contratos», explica. Lo que no supo concretar Mañanes es cuándo se podrá restablecer el servicio con normalidad, aunque puntualiza que «ningún año todos los centros han dispuesto de este servicio».
ANPE también ha pedido explicaciones -incluso con un registro oficial- a la directora general de Innovación y Centros Educativos, Isabel Fernández, pero «por ahora no hemos obtenido ninguna respuesta», critica Trueba.
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Ana del Castillo
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