El tren, Vuelta Ostrera y los diques, grandes deberes de Madrid con la región para 2020

Los socialistas cántabros repiten que en el año y medio que ha transcurrido desde la moción de censura de 2018 se ha visto con claridad el compromiso de Sánchez con la comunidad autónoma. Los regionalistas, aunque dicen estar vigilantes con el cumplimiento de los plazos, presumen de que lo conseguido ha sido gracias a su intermediación. Y la oposición, encabezada por el PP, insiste en que lo que ya se ha materializado forma parte de la herencia recibida. Ponen como ejemplo las obras del nudo de continuidad de Torrelavega. Aunque comenzaron a ejecutarse con el PSOE en Madrid, el proceso administrativo se hizo con Íñigo de la Serna al frente de Fomento.

Pocos días antes del cambio de calendario, los deberes para el próximo año del futuro Ejecutivo nacional no son muy distintos a los de los últimos doce meses. Con muchas de las competencias ya cedidas a las comunidades autónomas, casi todo lo que espera Cantabria durante 2020 tiene que ver con máquinas en movimiento. Que se pongan en marcha algunas obras «altamente demandadas» con el tren de altas prestaciones hacia la Meseta como principal referencia o que empiecen a concretarse otras como la ampliación de la calzada de las autovías A-67 y A-8 para sumar un tercer carril. Casi tantos asuntos tienen entre manos en el antiguo Ministerio de Medio Ambiente, desde los espigones de Santander hasta Vuelta Ostrera. Fuera del hormigón, otra vez aparece el pago de la deuda de Valdecilla y proyectos que han ido sonando en las sucesivas visitas de ministros a la región o durante las últimas campañas electorales. A partir de enero también tendría que quedar de manifiesto la implicación estatal en los grandes proyectos culturales de la región.

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En septiembre de 2018, tras la moción de censura en Madrid, el Ministerio de Transición Ecológica decidió la paralización de la obra de los espigones de las playas de Santander como pedía el Gobierno de Cantabria y diversos colectivos, pero en contra del criterio del Ayuntamiento de la capital, que quería concluir la actuación para fijar la arena. Tras el pacto municipal con Ciudadanos, la postura ha cambiado, pero es el Estado quien tiene que tomar una decisión definitiva que ya debería estar resuelta. Es solo uno de los tres grandes asuntos que el departamento que dirige Teresa Ribera debe concretar en los próximos meses. En esa lista también está la decisión sobre la ubicación definitiva de la nueva depuradora de Vuelta Ostrera. Todo parece indicar que será en la isla de Solvay, un lugar que no gusta a los vecinos de Polanco. De hecho, han anunciado movilizaciones si finalmente se opta por este espacio. El tercero es la concreción del derecho de Cantabria de captar agua del pantano del Ebro para abastecer al arco de la Bahía durante el verano. Ya se hace, pero la reclamación de la región es que se puede hacer de forma automática y sin necesidad de devolver lo recibido mediante el bitrasvase. Además, también el Ejecutivo autonómico ha pedido recientemente que Comillas sea una de las sedes del Centro Meteorológico Europeo que busca nuevo destino tras la salida de Reino Unido por el 'Brexit', algo que depende de Transición Ecológica, y está expectante ante las obras de la Confederación Hidrográfica para evitar el desbordamiento de los ríos en zonas sencillas. Ya hay algunos compromisos económicos por valor de 4,8 millones de euros, especialmente para la zona del Saja, pero los afectados las consideran insuficientes.

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Después de las primeras licitaciones de tramos, el 2020 tendría que ser el año de las adjudicaciones del tren de altas prestaciones a la Meseta. No habrá novedades sobre la conexión a Bilbao, porque ya está adjudicado el estudio y la empresa que lo ganó no lo acabará hasta 2021. Y lo que más reclaman los trabajadores ferroviarios: las Cercanías. La promesa es invertir 530 millones en obras de mejora hasta 2022, pero no se sabe en qué momento a lo largo de estos tres años.

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Si se cumplen los plazos, el próximo septiembre estará acabada la nueva obra de acceso al Puerto de Santander desde la A-67 (21 millones) y habrá avances significativos en los trabajos para deshacer el nudo de Torrelavega (109 millones). Esos son los dos grandes proyectos activos. En cuanto a pasos administrativos, la lógica dice que en 2020 tocaría que Fomento sacara a licitación la obra de el desfiladero de La Hermida y actuaciones más pequeñas. Más complicado es que haya noticias significativas sobre el tercer carril de la A-8 y de la A-67. En el primer caso, Ábalos se ha comprometido a que haya un proyecto antes de final de legislatura y en el segundo, ya se está redactando, pero sin horizonte temporal.

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El Ministerio de Cultura tiene pendiente desde otoño convocar una reunión del Patronato de Altamira con dos objetivos: la conceptualización del cambio de la exposición permanente para llevarla a cabo en los próximos meses y también confirmar -o no- la política de visitas a la cueva original para la conservación de las pinturas rupestres. En Cantabria también están atentos a la formación del nuevo Gobierno en Madrid, con el deseo de que continúe al frente del departamento el actual titular, José Guirao. El gestor cultural ha comprometido a Pablo Zuloaga su apoyo económico al nuevo Museo de Prehistoria y Arqueología (Mupac) siempre y cuando cuente con un proyecto definitivo, que según los planes del Ejecutivo cántabro estará listo en 2020. Así que el compromiso se puede convertir en avances. Y algo muy similar ocurre con el centro asociado del Reina Sofía para acoger el Archivo Lafuente, una obra que el consistorio quiere poner en marcha este mismo año con el apoyo ministerial. No depende de Cultura, sino de Fomento, la sede de la colección Enaire en Santander. Las obras finalizarán el año a punto de entrar, pero falta de firmar entre las partes el convenio que regulará su funcionamiento.

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Aunque ya está creado, la previsión es que el Juzgado de Primera Instancia número 12 de Santander no entre en funcionamiento hasta el mes de mayo de 2020. Se eligió esa fecha para que el Gobierno de Cantabria tuviera tiempo de acondicionar unas instalaciones, después de comprobar los problemas de espacio en el complejo de Las Salesas.

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Después de que como se ha conocido esta misma semana haya salido el tiro por la culata el intento de cobrar las anualidades de 2016 y 2017 por la vía judicial, Cantabria espera que Madrid vuelva a pagar -como sí hizo en 2018- una nueva anualidad correspondiente a las obras del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Si son como las anteriores, ascendería a 22 millones de los más de 120 que quedan pendientes. También es una reivindicación, aunque menos apremiante, la transferencia de la última competencia pendiente, la del servicio sanitario de prisiones, algo que no es exclusivo de la comunidad autónoma.

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El próximo año debería traer buenas noticias para El Dueso. El centro penitenciario de Santoña espera desde hace mucho tiempo algo más que un lavado de cara, una reforma integral que el Ministerio de Interior está dispuesto a acometer próximamente. En 2020 tendrá que concluirse el proyecto definitivo de la rehabilitación de este edificio centenario. Aunque es difícil, si se aceleran los procedimientos, podría incluso llegar a iniciarse alguna obra. También del ministro Fernando Grande Marlaska están pendientes la Policía Nacional y la Guardia Civil en Cantabria, en concreto en lo que tiene que ver con la equiparación salarial. Casi más un deseo que otra cosa es la cesión de la finca de La Remonta por parte de Defensa, una reivindicación histórica de Santander.

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En la conversación de Revilla y Sánchez de la semana pasada, el presidente del Gobierno adelantó que Industria está buscando fórmulas para abaratar la factura de la electricidad de las empresas más dependientes, que se quejan de que pagan más que sus competidores europeos. De hecho, desde el Ejecutivo autonómico creen que la cascada de expedientes de regulación de empleo de las últimas semanas está muy relacionado con este problema que también sufren Asturias y Galicia. La solución, o por lo menos las medidas de alivio, se esperan inminentes. Más difuso está el proyecto de crear un Parador Nacional en el actual edificio de Correos en Santander, una promesa electoral del socialista Pedro Casares que asumió Madrid.

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Cantabria no es ni mucho menos la única con intereses en este asunto. Todas las comunidades están a la expectativa del inicio de las negociaciones del nuevo modelo de financiación, que lleva postergándose desde hace años como consecuencia de la inestabilidad y la falta de voluntad política de los sucesivos gobiernos nacionales. Parece que 2020 puede ser el año definitivo y la región ya ha fijado sus objetivos. La consejera de Economía, María Sánchez, tratará de conseguir que en el reparto del dinero primen factores como la dispersión y el coste efectivo de los servicios, frente a la población. Sánchez también ha dicho que no habrá cambios impositivos hasta que no se conozca la nueva financiación autonómica. En estos momentos, Cantabria es la que recibe más ingresos por habitante del Estado

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Aunque la decisión se ha tomado ya en Bruselas, es el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que dirige Luis Planas el que tiene que encargarse de 'jugar' con las cuotas de pesca asignadas a las distintas comunidades autónomas para que Cantabria no sea el gran perjudicado y pueda utilizar parte de las asignadas a las zonas portuguesa y francesa. También hay incertidumbre entre los ganaderos de la región por la nueva Política Agraria Común (PAC) que está diseñando la Comisión Europea entrante, que se dibujará este año con la vista puesta en el medio ambiente.