«Tres cuartas partes de los asesinatos no resueltos suceden en los 'años de plomo'»

Entre todos esos asesinatos sin resolver se encuentran los de once cántabros que perdieron la vida a manos de los terroristas fuera de la región: Luis Carrero Blanco (1973), Fernando Llorente (1975), Luis Carlos Albo Llamosas (1976), Miguel Ángel Saro Pérez (1979), Miguel Rodríguez Fuentes (1980), Mariano González Huergo (1980), Carlos García Fernández (1980), Joaquina Patricia Llanillo Borbolla (1983), Reimundo Pérez Crespo (1991), Pedro Robles López (1993) y José Luis Caso Cortines (1997).

Los dos investigadores detallan por qué no se ha identificado a los autores. «Tres cuartas partes de los crímenes no resueltos fueron asesinatos cometidos en los 'años de plomo' y eso nos obliga a analizar qué pasó». Ese 40% de impunidad, en otros grupos terroristas de la misma época, desciende de forma considerable. «En el Grapo, que es un caso que ha estudiado Carmen Ladrón de Guevara, es del 12%. Con el mismo sistema judicial y la misma Policía. La diferencia en el Grapo es que era un grupo que no tenía el respaldo social de ETA, ni las complicidades, ni la capacidad de intimidación social», explica Domínguez.

El libro detalla ejemplos paradigmáticos de ese silencio que envolvió todo en los 'años de plomo'. Ciudadanos a los que ETA les robaba el coche -antesala habitual de la comisión de un atentado- y que permanecían retenidos seis horas con los terroristas en lugares públicos pero no recordaban ni uno de sus rasgos físicos. «Había un rechazo claro a colaborar, nadie veía nada, los testigos no sabían nada, nadie aportaba información», sentencia el director del Memorial. María Jiménez, periodista y profesora de la UNAV y coautora del libro, destaca que «entre los múltiples motivos que dificultaron el esclarecimiento hay uno especialmente doloroso: el miedo. No había colaboración ciudadana en atentados a plena luz del día. Esos casos son una llamada de atención. Cuánto miedo y cuánta cobardía», lamenta.

La amenaza de ETA, en este sentido, fue muy explícita. La banda acusó de confidentes y asesinó a «decenas de personas, en la mayoría de los casos no lo serían, pero sus asesinatos cumplían la misma función, que era crear un clima de intimidación colectiva».

La Policía trabajó en aquellos años en una situación muy complicada. «Son hostigados por ETA y tienen que dedicar recursos a la autoprotección», recuerda el director del Memorial, que valora que «en los años 80 logran reducir el terrorismo a la mitad».

Además de la amnistía, otra de las causas más habituales de la impunidad es la huida de los autores a países donde no era posible detenerlos ni extraditarlos -Venezuela, Cuba y Cabo Verde, entre otros-, así como la vigencia del santuario francés de Iparralde, donde Francia no perseguía a los etarras en los 80. «Existen otros 181 casos que estaban resueltos policialmente pero no judicialmente. 78 de ellos incluso llegaron a juicio, y en 50 se acusó a los autores pero fueron absueltos o condenados por otros delitos, como colaboración», detallan los investigadores. La muerte de los autores -de forma natural en tiroteos con la Policía o en explosiones- impidió esclarecer 59 casos.

Para María Jiménez, «este trabajo en el que documentamos cada historia, nos da la medida del sufrimiento de muchas familias. Hay comandos enteros que han estado implicados en asesinatos y hay un puñado de nombres que se repiten antes del año 1977, con las manos muy manchadas, y que no han pagado nada o muy poco por aquellos hechos». En ese sentido, los autores reivindican «una verdad histórica, más allá de la verdad jurídica», que es muy difícil en la mayoría de los casos. Aunque ambas son posibles en algunos casos recientes. «Hace unos pocos años hemos visto la condena a 'Ata'. Algunos de ellos, del año 2000 hasta ahora, tienen posibilidades de terminar en juicio todavía».

La Fundación Víctimas del Terrorismo (FVT) ha premiado esta semana al grupo de comunicación Vocento por su «apoyo y empatía», su «enorme» labor informativa «siempre en la vanguardia contra el terrorismo» y su defensa «de la democracia y las libertades».