Tres encargados de mantenimiento del Puerto se enfrentan a 4 años de cárcel

Los tres responsables de mantenimiento en el Puerto de Santander entre los años 2009 y 2011 se sentarán a partir de mañana, lunes, ante la Justicia, acusados de quedarse con el dinero procedente de la venta de material de desecho generado en el recinto portuario. Tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular que ejerce la Autoridad Portuaria de Santander solicitan una pena de cuatro años de cárcel o inhabilitación para empleo público de diez años para cada uno de los imputados como autores de un delito de malversación de caudales públicos.

Un jurado popular, constituido por nueve titulares y dos suplentes, se encargará de determinar si los trabajadores cometieron algún tipo de delito. La vista dará comienzo con la selección del tribunal de legos por parte de los abogados y el fiscal, un proceso que se realizará entre un mínimo de 20 ciudadanos.

Según las acusaciones, empleados del puerto a cargo de los acusados se encargaban de llevar a tres chatarrerías el material procedente de los residuos generales del Puerto y también del desmantelamiento de naves del recinto portuario. Los subalternos entregaban el dinero que obtenían de las chatarrerías a los tres acusados: el jefe del Equipo de Mantenimiento en aquel periodo y quienes se sucedieron en el puesto de encargado de mantenimiento.

Durante los tres años que duró esta práctica, llegaron a obtener 25.738 euros, de los que sólo se ingresaron en caja 3.800 euros. Tanto el fiscal como el abogado del Puerto sostienen que en algunas ocasiones, parte del dinero conseguido se reservaba para pagar la comida de empleados que se celebraba con carácter anual, así como para homenajear a trabajadores que se jubilaban de la institución. Aun así, y a pesar de que la cantidad que iría a parar a sus propios bolsillos no es muy elevada, las acusaciones consideran que cometieron un delito de malversación de caudales públicos, que el Código Penal castiga con penas de prisión de dos a seis años, inhabilitación especial para cargo o empleo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de seis a diez años. En este caso el fiscal y acusación particular solicitan una condena en su grado medio de cuatro años de cárcel y diez años de inhabilitación para empleo público. Además piden una indemnización de 21.938 euros, que es la cantidad que supuestamente no entregaron a la Autoridad Portuaria, y que deberá ser abonada de manera conjunta y solidaria por los tres acusados.

Dada la petición de penas, no se descarta que los abogados de los acusados lleguen a un acuerdo prejudicial con el fiscal y el Puerto que pase por asumir su responsabilidad a cambio de una reducción de condena que evitaría el ingreso en prisión, aunque habrá que esperar hasta el momento del juicio para saberlo. Si se produjera el acuerdo, el magistrado presidente dictará una sentencia de conformidad y se evitarían los cuatro días de juicio que están previstos. Según el calendario fijado por la sección primera de la Audiencia, el lunes declararán los acusados; el martes, los testigos; el miércoles, las conclusiones e informes finales, y el jueves, se leerá el veredicto.