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Menchu Argumosa abre la ventana de su casa, situada junto a la A-67, en Rinconeda. Será expropiada para construir el ramal que acabará con el nudo de Torrelavega. Luis Palomeque
Las tres grandes obras de Fomento en Cantabria obligarán a expropiar 1.123 fincas en ocho municipios

Las tres grandes obras de Fomento en Cantabria obligarán a expropiar 1.123 fincas en ocho municipios

Las propietarios de las viviendas que serán derruidas para desatar el nudo de Torrelavega aseguran que los trabajos arrancan en mayo y aún no han recibido ninguna notificación oficial

Daniel Martínez

Santander

Jueves, 19 de abril 2018, 07:19

El ramal de continuidad de la A-67 que permitirá deshacer el nudo de Torrelavega, el tercer carril en esta misma autovía entre Polanco e Igollo de Camargo y la duplicación de la vía ferroviaria entre la capital del Besaya y Santander son algunos de las principales infraestructuras que desarrollará en los próximos meses el Ministerio de Fomento en Cantabria. Sus trámites administrativos están muy avanzados y en poco tiempo -especialmente en el primero de los proyectos, cuyo inicio es inminente- las máquinas comenzarán a trabajar. Entre los tres suman una inversión de casi 370 millones de euros y servirán para descongestionar el tráfico en una de las vías con más densidad de vehículos de la región, en un caso, y para fortalecer la red de Cercanías autonómica.

Sobre el papel, los beneficios que aportarán son difícilmente cuestionables, pero también producirán daños colaterales. El departamento que dirige el cántabro Íñigo de la Serna estima que tendrá que realizar 1.123 expropiaciones en ocho municipios diferentes para levantar las nuevas comunicaciones. Hay otras obras como el tercer carril en la A-8 hasta Vizcaya, la variante de Potes o la carretera del Desfiladero de La Hermida que probablemente también requerirán expropiar, pero estas aún están en fase de redacción.

Donde todavía hay huertas, pequeñas fincas sin uso, montes comunales, terrenos sin urbanizar y algunas viviendas, en el futuro -si todo sale como esta previsto- se verá una carretera, un puente o las traviesas de la vía. «Cuando se hacen los estudios previos se intenta provocar el menor trastorno posible a los propietarios. Al hacer el trazado se evita pasar por zonas pobladas o polígonos industriales por las consecuencias que eso tendría y porque las indemnizaciones encarecerían mucho el proyecto», apunta Santiago Fuente, vicesecretario de la Delegación del Gobierno en Cantabria.

«¿A qué esperan para decirnos algo? No sabemos cuándo nos echarán ni cuánto nos darán. Nada»

Menchu Argumosa Vecina afectada

Con ese mismo criterio se planeó el ramal de continuidad, la vía que conectará Sierrapando con el límite entre Barreda y Polanco que evitará que durante un tramo la A-8 conviva con la A-67 a la altura de Torrelavega. Aún así, hay un puñado de viviendas que el trazado no pudo esquivar. Muchos conductores, incluidos los veraneantes procedentes de la Meseta que suelen sufrir los atascos en las fechas señaladas, están encantados, pero a los afectados no les hace ninguna gracia.

«Aunque sea un fastidio muy grande entendemos que es por el bien común. En eso no ponemos ninguna pega. El problema es cómo nos están tratando», apunta María Sánchez, una vecina del barrio Quintana de Rinconeda.

Allí se van a derribar tres bloques de 12 viviendas. Está previsto que la primera piedra de la obra se ponga antes de que empiece el verano y aún no han recibido ninguna notificación oficial. Ni saben cuándo tendrán que dejar la vivienda, ni cuánto tiempo tendrán para hacer la maleta, ni qué dinero les pagará el Ministerio en concepto de expropiación forzosa... «Es muy duro estar con esta incertidumbre. Igual después nos pagan bien, pero mientras tanto no podemos hacer ningún plan», lamenta.

«No ha venido nadie. Lo sabemos por el BOE. Igual vienen mañana y en dos días tenemos que irnos»

Sonia Fernández. Vecina

«El problema es la incertidumbre. Como no conocemos el justiprecio no podemos hacer planes»

María Sánchez Vecina afectada

Si el ingreso que haga el Ministerio lo permite, su idea es construir una pequeña casa en el mismo pueblo, en el que ha vivido durante toda la vida. Le encanta el barrio, los vecinos, el entorno... Prácticamente lo mismo le ocurre Menchu Argumosa, quien insiste en la misma idea: «Por lo que nos han contado la tasación del Ministerio suele ser justa, pero a qué están esperando para decirnos algo. Espero que sea así, porque yo me he gastado mucho dinero en arreglar la casa. Sólo faltaba que después de trabajar toda la vida para criar a los hijos y tener una propiedad...». Ella, como el resto del vecindario, se enteró por el anuncio que en abril de 2017 se publicó en el Boletín Oficial del Estado. Un propietario lo vio y rápidamente comenzó a correrse la voz. La voz de alarma. Desde entonces: nada.

El proceso se basa en una ley de 1954

Según la Ley de Expropiación Forzosa de 1954, la que aún rige en estos momentos, para que una administración pueda expropiar una finca el proyecto tiene que ser de interés general y de utilidad pública. La primera noticia que reciben los afectados es a través de su puesta a información pública en Boletín Oficial del Estado. En unas semanas –en teoría–, los propietarios tendrían que recibir una notificación en su buzón y poco después se celebraría una reunión para levantar un acta previa. En ese momento, si la administración ingresa un depósito de hasta el 10%, puede ocupar ya la finca aunque no se haya fijado el justiprecio. Con el justiprecio en la mano, el propietario puede aceptar la propuesta y ahí se acaba el proceso y hacer una contraoferta. Como lo normal es que ninguna de la parte esté conforme, es un Jurado especializado el que decide en base a criterios objetivos.

La 'amenaza' venía de lejos. Hace una década se habló por primera vez de la posibilidad de construir este ramal de continuidad. Desde entonces, antes de hacer una obra se lo piensan dos veces «para no invertir en balde». Pero con la crisis económica aquello cayó en el olvido. En el barrio pensaban que el proyecto había quedado descartado. Hace un año llegó la sorpresa y desde entonces cualquier reforma está totalmente descartada. «Hemos cambiado el grifo porque ya era insostenible, pero se acabó. Teníamos que pintar, pero ¿para qué? ¿Para que lo tiren en cuatro días?», afirma Menchu.

Expropiados, de nuevo

El de Sonia Fernández y su familia es un caso más que particular. A finales de los 80, cuando construyeron la autovía, Fomento ya echó abajo su casa. Con el dinero -reconocen que no tuvieron queja con la indemnización- compraron la vivienda donde residen actualmente, la misma que ahora está a punto de ser historia. «A nosotros lo que nos preocupa es que igual lo que nos dan no llega para pagar los 97.000 euros que debemos de hipoteca. Si la cantidad es menor el banco nos ha dicho que tendremos que pedir un crédito personal y después ya veremos dónde vamos y cómo lo hacemos. Igual vienen mañana y nos dicen que en dos días tenemos que estar fuera, pero para qué vamos a mirar ahora una vivienda si no sabemos de qué dinero disponemos», apunta la mujer, indignada porque «nos enteramos de todo por el BOE hace un año y seguimos igual». En su opinión, la única institución que se ha preocupado por su caso ha sido el Ayuntamiento de Polanco, pero «tampoco saben gran cosa».

Para su marido, la solución idónea sería que Fomento construyera los tres bloques afectados tal y como son actualmente en un emplazamiento cercano, una opción que el ministerio no contempla.

Proyecto a proyecto

Las viviendas de Rinconeda no son las únicas afectadas por estos tres grandes proyectos de Fomento que están a punto de ser una realidad, pero lo cierto es que la mayoría de las fincas son de carácter rústico. Sumando las tres infraestructuras, alrededor del 75% corresponde a terreno rural y una parte fundamental de las urbanas no están construidas. El ramal de continuidad de la A-67 tan solo toca los municipios de Torrelavega (257 fincas) y Polanco (118). En el caso del tercer carril de la A-67, las obras entrarán en 132 propiedades de Polanco, 157 de Miengo, 142 de Piélagos, 77 de Bezana y otras siete de Camargo.

Por último, la duplicación de la vía ferroviaria entre Santander y Torrelavega supondrá 233 expropiaciones en la capital del Besaya (7), Piélagos (164), Camargo (33), El Astillero (6) y Santander (23). No todos son particulares, también aparece en las listas con 1.123 expropiaciones que se han publicado en el BOE empresas, ayuntamientos y otras administraciones públicas.

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