Una de cada tres mujeres que aborta de forma voluntaria en la región tiene entre 15 y 25 años

El conjunto de interrupciones del año analizado arroja una tasa de 9,61 casos por cada mil mujeres de entre 15 y 44 años en Cantabria, por debajo de la media nacional, que se sitúa en 12,2, y solo hay seis comunidades con porcentajes inferiores: Navarra, Castilla y León, Aragón, La Rioja, Extremadura y Galicia, que es la que registra la tasa más baja. Las gráficas de evolución reflejan que, aunque el número de abortos de la población extranjera tiene un peso importante en el total de interrupciones realizadas en la región (un 25% fueron a residentes en Cantabria que procedían de otros países, especialmente de América Latina), su tasa ha experimentado un descenso progresivo en la última década.

En la actualidad es de 11,9 por cada mil, frente al 9,1 de las mujeres españolas, muy lejos de los registros que llegaron a alcanzar en 2012, cuando ese índice era de 26,7 por mil. Esa curva descendente explica el perfil del comienzo. Son las españolas las que engrosan el balance, observándose el mayor incremento en el grupo de 20 a 24 años -suponen un 24,7% del total que eligió abortar-, seguido de las de 35 a 39 años, que suman un 20,6%.

En su informe, Salud Pública analiza las distintas variables que pueden llevar a tomar la decisión de abortar (edad, situación laboral, convivencia en pareja o con familiares, número de hijos previos, etc), en aras de «generar conocimiento para el servicio público de salud que permita poner medidas para prevenir futuros embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual», otra de las grandes preocupaciones de las autoridades sanitarias.

En el grupo de 20 a 29 años pesa la necesidad de retrasar la maternidad debido a que no tienen una situación social y económica consolidada ni una relación de pareja completamente establecida; en las mujeres mayores de 30 años las razones personales tienen más que ver con limitar el tamaño familiar y las dificultades para conciliar vida familiar y laboral. Y entre las adolescentes, la conclusión es evidente: falta madurez y asumir una maternidad truncaría sus aspiraciones futuras. Sin embargo, llama la atención que entre las más jóvenes que han pasado por un aborto hay un 37% de ellas que reconoce que no utiliza ningún método anticonceptivo.

Y no son las únicas. Si se traslada la pregunta de si usan protección en sus relaciones sexuales a las 915 de mujeres que en 2023 se sometieron a una interrupción voluntaria en Cantabria, más de la mitad (51,3%) responde que no. En el resto, lo más común es el preservativo, seguido de métodos hormonales (píldora, inyección, parche...), pero en todo caso se aprecia un descenso con respecto a los datos de 2022.

En este sentido, el informe subraya que hay que «tener en cuenta que en nuestro Sistema Nacional de Salud estos anticonceptivos no están financiados», lo que puede ser una de las razones que dificulte el acceso en las mujeres de un perfil socioeconómico y familiar, en general, más desfavorable. Al hilo de esto, el análisis de los datos de 2023 revela que de las 915 mujeres que se sometieron a un aborto, había 174 que ya habían pasado por un episodio similar antes, para 40 era su tercera interrupción y en ocho casos se superaba incluso esa cifra.

Para dar respuesta a la demanda de las mujeres que quieren acogerse al derecho a la maternidad libremente decidida -regulado en la Ley Orgánica 2/2010-, el Servicio Cántabro de Salud (SCS) centraliza toda la atención a través del Centro de Salud Sexual y Reproductiva La Cagiga, integrado en el servicio de Ginecología del Hospital Valdecilla. Ahí es donde las mujeres son informadas del proceso (se establece un plazo de 14 semanas), de los distintos métodos de interrupción del embarazo, de los trámites para acceder a la prestación y de los centros autorizados para practicarla.

Cuando el aborto se produce por causas médicas, independientemente de las semanas de gestación, se encarga el equipo de Ginecología y Obstetricia de Valdecilla. Según la experiencia de 2023, en un 1% de los casos el motivo de la decisión era el riesgo para la salud de la embarazada (nueve mujeres por enfermedad psíquica y otra por complicaciones físicas) y 42 interrupciones (el 4,5%) respondían a anomalías fetales: cromosómicas, malformaciones cardiacas o musculo-esqueléticas... Además, hubo dos abortos (0,2%) superada la semana 22 de embarazo por enfermedad grave o incurable en el feto. Pero la mayoría de las IVE (861) se realizaron a petición de la mujer.

Prácticamente el 90% de las interrupciones se llevaron a cabo en la sanidad pública cántabra (768 a través de La Cagiga, vía farmacológica, y 45 en Valdecilla, que se encarga de los casos en los que hay causas médicas), siendo la única comunidad de España que alcanza esos niveles de respuesta con medios propios. No en vano, la media nacional está en el 18,5%, lo que implica que en más de la mitad de las autonomías lo habitual es que las mujeres tengan que desplazarse a centros privados para cumplir su deseo. Justo al contrario que ocurre en Cantabria, donde suman un centenar los casos derivados a clínicas concertadas por el SCS, que son Ginemédica (Valladolid) e Isadora (Madrid).

En concreto, se remiten únicamente a aquellas mujeres que desean expresamente que la intervención se realice fuera de la comunidad, las que precisan un método quirúrgico o superan las diez semanas de gestación. Desde el PRC, que valora de forma positiva la respuesta que se ofrece a las mujeres desde la sanidad cántabra, van a defender una iniciativa en el Parlamento para pedir que determinados casos de aborto farmacológico, método que se introdujo en 2018 en La Cagiga, se puedan desarrollar en el hospital de día, en lugar de en el domicilio.