El Tribunal de Cuentas cuestiona la falta de transparencia en las empresas públicas

El documento del órgano fiscalizador del Estado, publicado a finales de marzo y que analiza las cuentas de Cantabria de 2020 –lo hace con varios ejercicios de retraso, pero también analiza otros aspectos sobre el funcionamiento general de la administración regional–, emite también una alerta sobre los problemas de sostenibilidad del sistema sanitario de Cantabria. Básicamente, lo que dice es que el Servicio Cántabro de Salud se encuentra infrafinanciado y que, si el Ejecutivo autonómico no hace nada, será insostenible cuando Madrid deje de enviar los distintos fondos extraordinarios que existen en la actualidad. En concreto, alerta del riesgo de que falte dinero para cubrir las necesidades cuando cesen las aportaciones extraordinarias del Ministerio de Hacienda asociadas al covid –en aquel año 2020 que se fiscaliza se pusieron en marcha– y diferentes mecanismos de financiación con fecha de caducidad.

Por partes. En referencia a las carencias en el ámbito de la transparencia, el Tribunal de Cuentas destaca varias cosas. De manera general, critica que la información contable y presupuestaria «no se ofrezca al ciudadano en el formato de datos abiertos» que fija la legislación o que las aportaciones relativas a planes y programas plurianuales no incluyen a todas las consejerías y organismos autónomos que lo forman.

Hay tirón de orejas, pero también algunos aspectos positivos, como el relativo a la información patrimonial (la relación de bienes muebles e inmuebles). Aquí aprecia «mejoras en relación con el ejercicio anterior, si bien no se incluye información sobre la superficie ni la referencia catastral de los inmuebles», aspectos expresamente previstos en la normativa.

Y luego todo lo que se refiere a las fundaciones y empresas públicas. Aunque el informe subraya que todos los entes analizados disponen de su propia página web, pocos de ellos cuentan con un apartado dedicado a dar publicidad a sus procesos internos, con la única excepción del Servicio de Emergencias de Cantabria (Semca). Entre las más de 25 sociedades públicas, que suman más de 2.000 empleados –son 469 más que los que había hace cinco años– y una factura anual de 72 millones de euros, la mayoría de ellas presenta al menos una deficiencia en lo relativo a la publicidad activa.

O bien no publica sus estatutos (artículo 25 de la Ley de Transparencia de Cantabria) o no publican la información sobre altos cargos y asimilados (artículo 26), o no informan en materia de contratación (artículo 27), o no publican sus presupuestos y cuentas anuales (artículo). Pero el artículo que más entes infringen es el 29, el relativo a la información sobre los saldos de cuentas bancarias. Ahí caen desde las grandes como Cantur, Gesvicán o la Sociedad Regional de Cultura y Deporte hasta otras más pequeñas como Citrasa o la Fundación Leonardo Torres Quevedo para la Promoción de la Investigación Tecnológica, dependiente de la Universidad de Cantabria.

Entre las 100%cumplidoras está la empresa Medio Ambiente, Residuos y Energía (MARE), encargada de la gestión de residuos y los sistemas de depuración, entre otras muchas cosas. La compañía pública con sede en Cartes no tiene tacha en materia de transparencia, pero también tiene cuentas pendientes con el Tribunal de Cuentas que no figuran en el último informe. Se trata del presunto pago de sobresueldos a algunos empleados por valor de 1,3 millones de euros que detectó la Intervención de Cantabria. Según señaló el consejero Blanco, responsable de MARE, toda la información al respecto se ha remitido al órgano fiscalizador nacional para que diga si existió algún tipo de delito. Cuando este responda, se tomarán decisiones políticas. En cualquier caso, el bipartito defiende que la etapa de «oscurantismo en este organismo»ya quedó atrás.