El tribunal de Hacienda avala la licitación del servicio de rescate en cuevas de 2020

Cabe recordar que Esocan, que también ha recurrido el asunto ante el Juzgado de lo Contencioso, impugnó la licitación del contrato -adjudicado a Cruz Roja- alegando «arbitrariedad, tratamiento desigual y discriminación». Sin embargo, según informan desde el Gobierno regional, el Tribunal Administrativo afirma «con rotundidad» que las mejoras y exigencias establecidas por la Consejería de Presidencia «redundan en la mayor calidad del servicio y no considera motivo de impugnación que la Administración haya elevado las exigencias técnicas del servicio».

En la resolución del recurso, el órgano que depende de Hacienda señala, además, que «la Consejería no ha otorgado ventajas a Cruz Roja a la hora de conseguir la adjudicación», por lo que no existe motivo de anulación.

Una vez conocida esta resolución, la directora general de Interior, Jezabel Morán, asegura que «el objetivo de la licitación es aumentar el nivel de seguridad en las operaciones de rescate en cuevas y mejorar los niveles de prevención y que precisamente los elementos que se han exigido elevan esa seguridad personal de los intervinientes en estos rescates». En estos mismos términos, el Tribunal ha avalado «todos los requisitos» destinados a aumentar el nivel de seguridad en las operaciones que habían sido denunciados por Esocan. «Estima procedente la exigencia de locales, vehículos, tiendas, ambulancia, técnicos sanitarios y terminales de comunicaciones por entender que son mejoras que contribuyen a satisfacer en mayor medida los fines públicos en materia de protección civil que motivan la celebración del contrato por la Consejería». Además, ha tenido en cuenta la complejidad de la gestión de los incidentes que suceden en las cuevas que requieren un elevado número de rescatadores y funciones muy específicas de coordinación.

Aunque deja claro que los aspectos de seguridad quedan salvaguardados con las exigencias de la Administración para este contrato, el Tribunal «modifica» el requisito formal de la propiedad de los vehículos requeridos, permitiendo el arrendamiento de los mismos. Es por ello que la Consejería cambiará en los próximos días este extremo en la licitación del contrato, manteniendo el resto de exigencias que el Tribunal considera motivadas y ajustadas a la legislación de contratos.