El Tribunal Superior destruirá 68.000 expedientes judiciales de 1980 a 2015

El pasado viernes, 30 de septiembre, la Junta de Expurgo del Archivo Judicial, encargada de gestionar este asunto, publicó un anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) en el que concedía un plazo de dos meses a aquellos interesados en recuperar documentos propios aportados en su día a algún proceso. Se trata del primer paso, una vez que los juzgados remiten al Archivo Judicial Territorial (ubicado en la Biblioteca Central, en Santander) los expedientes de los que se quieren desprender.

Los 67.980 causas a destruir -que se encuentran en 1.261 cajas que ocupan 158 metros lineales de baldas de estantería- corresponden al Juzgado de lo Social Número 2 de Santander (procedimientos laborales), al Juzgado de Primera Instancia Nº5 de Santander (juicios de faltas y diligencias previas), al Juzgado de Instrucción Nº1 de Laredo (diligencias previas) y al Juzgado de Paz de Camargo (procedimientos penales y juicios de faltas). «El espacio del Archivo Judicial es limitado y llega un momento en el que hay que hacer algo con toda esa documentación en papel para que no nos coma», explica Joaquín de la Serna, secretario de la Junta de Expurgo y subdirector general de Justicia.

Según detalla este letrado de la Administración de Justicia (LAJ), una vez que finaliza un procedimiento, el juzgado lo archiva, lo tiene un tiempo en sus dependencias y después lo traspasa al Archivo Territorial. «Allí tenemos mucho espacio ya que está compuesto de siete naves, pero ahora mismo está a tope. Y lo que estamos diciendo a los juzgados es que primero hay que expurgar para poder introducir nuevos expedientes», apunta De la Serna, al tiempo que resalta que «un problema acuciante que tenemos en la Administración de Justicia de Cantabria es la falta de espacio para expedientes archivados».

¿A quién corresponde iniciar el proceso de destrucción de documentos? La normativa recoge que los LAJ encargados del archivo del juzgado tienen que elaborar, anualmente, una relación de expedientes ya finalizados, sin interés procesal, para proceder a su expurgo. «Ellos mandan esas relaciones, como las que hemos publicado el viernes, y concedemos un plazo de dos meses para reclamaciones». Un trámite que «poca práctica tiene», estima De la Serna, «porque nadie lee el BOC y porque la gente desconoce el número del procedimiento que puede ser de interés».

Pasados los dos meses, Patrimonio Histórico tiene que emitir un informe, «preceptivo y vinculante», en el que determine qué expedientes hay que conservar por su valor histórico, para investigaciones posteriores, o casos con mucha trascendencia. «Generalmente en ese informe dicen que se destruya la gran mayoría de los expedientes y se conserve un 5% a modo de testigos». Una vez emitido ese informe, la Junta de Expurgo decide qué se elimina y se informa al responsable del Archivo Judicial para que guarde la documentación que estime Patrimonio y agrupe el resto para que lo recoja una empresa encargada de la destrucción, «al ser una documentación sensible que requiere una actuación con unas características específicas, es decir, unos determinados milímetros para que los documentos no se puedan reconstituir».

El proceso es tan «laborioso» que Juan José Moreno, responsable del Archivo, comenta que aún está pendiente de eliminar un expurgo de 2020, que se ha retrasado por «varios motivos». «Esperamos que para el primer trimestre de 2023 estén destruidos ya esos documentos».