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El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), José Luis López del Moral, compareció este martes en el Parlamento regional para dar cuenta de la Memoria Judicial de 2023, que recoge el balance de actividad de ese ejercicio, marcado por la «conflictividad laboral» ( ... por las huelgas de letrados judiciales y funcionarios), y en el que los asuntos ingresados cayeron un 3,4%, hasta los 76.848, y se resolvieron 73.237, un 4,5% menos.
Como es habitual, López del Moral aprovechó la ocasión para hacer mención a las necesidades de la Administración de Justicia de Cantabria, que ahora mismo pasan por la creación de un nuevo juzgado laboral, el que sería el Juzgado de lo Social Nº 7 de Santander, dada la elevada litigiosidad que registran los actuales juzgados (de las más elevadas de toda España); un nuevo juzgado para San Vicente de la Barquera, que solo cuenta con un órgano judicial que atiende a un territorio de gran extensión; así como un tercer juzgado para el partido judicial de Santoña.
Las necesidades de planta se completan con la petición de dos nuevas plazas de magistrado en la Audiencia Provincial: una para las secciones civiles y otra para las penales.
Sin embargo, López del Moral antepuso las necesidades derivadas de la tragedia ocasionada por la DANA a todas estas reclamaciones. «Estamos viviendo en una situación de luto y de emergencia nacional y, por lo tanto, todos asumiríamos que no se atendiera este año ninguna petición y que todas las dotaciones económicas que pudieran destinarse a incrementar la planta judicial y a atender las necesidades de la Justicia en Cantabria, se destinen a mejorar la situación de las víctimas de esta lamentable situación en la Comunidad Valenciana y en otras comunidades».
El presidente del TSJC no ocultó que sus compañeros «están deseando que se incremente la planta, están con ansiedad para que puedan prestar el servicio en mejores condiciones. Pero también sabemos que hay prioridades y hoy Valencia es una prioridad».
Según manifestó, «se entendería perfectamente que en este año no se incrementasen las dotaciones presupuestarias en Justicia para Cantabria». «Ojalá se pudieran atender nuestras peticiones. Y si se aumentan las dotaciones, no vamos a protestar; pero siempre y cuando las atenciones urgentes y de lo más básicas que tienen las víctimas de esta situación sean satisfechas», aseveró.
López del Moral espera que si los grupos parlamentarios deciden no incrementar esas dotaciones en materia de justicia, ese ahorro de costes suponga un incremento en los Presupuestos de la Comunidad Valenciana para que llegue a las víctimas. «Porque si no sería un brindis al sol».
Por otro lado, el presidente del TSJC anunció que va a pedir al Gobierno de Cantabria que, con independencia del plan de formación que tienen con el CGPJ, se realice un curso de formación sobre emergencias. «Tenemos dos jueces en Cantabria que han realizado formación con la UME y se ha creado una Redeme de magistrados a nivel nacional cuya finalidad es asesorar a jueces en situación de emergencia, pero ahora estamos viendo lo que ocurre en estas situaciones: nos hacen falta forenses, gestionar identificación, por desgracia, de muchos cadáveres, y hace falta que los jueces sepan qué hacer y que no sean un estorbo en una emergencia, sino que sepan coordinarlas».
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