El Tribunal Supremo confirma los 23 años de cárcel para el parricida de Calvo Sotelo

Así, la Sala de lo Penal ha rechazado el recurso presentado por la defensa, que alegaba que no debía concurrir la circunstancia agravante de ensañamiento y reclamaba la aplicación de una eximente o atenuante por sufrir un trastorno de la personalidad o psicopatía.

La defensa ya recurrió anteriormente la condena ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), pero al igual que ha hecho ahora el Tribunal Supremo este ratificó la pena dictada conforme al veredicto del jurado, que consideró que el hombre era consciente de lo que hacía cuando mató a su madre, Pilar Moreu, una enfermera jubilada, de 79 años de edad, que estaba muy vinculada a diversas causas solidarias, y con la que residía, además de con su hermano, en el número 6 de la calle Calvo Sotelo.

En concreto, la Sala de lo Penal apunta en su sentencia que, según concluyó el jurado y validó el TSJC, el condenado actuó «consciente plenamente de lo que hacía y de la gravedad de lo que llevaba a cabo». «Era consciente de lo que hacía, tenía conciencia y juicio de la realidad y no estaba afectada su capacidad volitiva (capacidad de decidir y ordenar la propia conducta). Además, no tiene ningún arrepentimiento posterior. Sabía y asumía lo que había hecho y que podía tener un castigo por ello», detallaron en el juicio las dos forenses que valoraron a Rafael.

El Supremo señala ahora que el «factum» describe a la perfección la existencia de un 'modus operandi' descriptivo tendente a causar más daño y dolor a la víctima, pues no se trató solo de matarla, sino también de hacerla sufrir, «que es la esencia y naturaleza de la agravante de ensañamiento».

Además, reitera que no consta en los hechos probados, ni en la prueba valorada por el Tribunal y revisada por el TSJC «una consideración grave del trastorno de la personalidad asociado a otra patología, o, incluso, una afectación directísima entre el hecho delictivo cometido y el trastorno del que con un vínculo directo de causalidad se relacione el trastorno de la personalidad, la anulación o limitación de la conciencia y voluntad del sujeto».

Por tanto, el Supremo confirma para el acusado la pena de 23 años de prisión por un delito de asesinato con la concurrencia de la circunstancia agravante de parentesco, y la prohibición de que se acerque o comunique con sus familiares durante 25 años. En concepto de responsabilidad civil, el magistrado presidente del jurado acordó, y así ha quedado respaldado en las dos siguientes sentencias, que el condenado indemnice con 85.000 y 80.000 euros a sus dos hermanos.

Según los hechos que fueron declarados acreditados por el jurado y que se recogen en la sentencia, Rafael Larios regresó hacia las nueve y media de la noche a la vivienda familiar en Santander, ubicada en la céntrica calle Calvo Sotelo, tras haber pasado unas horas fuera, y a su llegada inició una discusión con su madre, que se encontraba a punto de acostarse, durante la que «decidió acabar con su vida».

La empujó y la mujer cayó al suelo, fracturándose, al tratar de frenar la caída, ambos brazos, ya que padecía una importante osteoporosis. La mujer quedó tumbada boca abajo, «sin poder incorporarse ni defenderse, a merced del acusado», quien «seguidamente se puso sobre la espalda de su madre, lo que provocó la fractura de todas las costillas por aplastamiento».

Tras ello –continúa relatando la sentencia–, «con gran violencia la golpeó de forma reiterada y empleando diversos objetos, por diferentes partes del cuerpo, con claro ánimo de aumentar el dolor y el padecimiento de su madre». También le propinó varios mordiscos y le arrancó un trozo de oreja.

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