El TSJC condena al Gobierno de Cantabria a invertir 3,7 millones de las aseguradoras en los servicios de bomberos

En una sentencia notificada el 2 de septiembre, el TSJC estima la petición de un grupo de 58 bomberos de Cantabria que de forma particular acudieron a la Justicia para denunciar que «históricamente se está dando un mal uso» a la aportación que Unespa realiza a las administraciones. El dinero que recauda mediante impuestos a través de las pólizas de seguros debe destinarse a compensar las labores de prevención de accidentes que realizan los servicios de emergencias.

En concreto, reclamaron lo correspondiente al periodo comprendido entre 2018 y 2022, en el que Cantabria recibió más de 7,4 millones de euros y de los que el Gobierno ha justificado en torno a la mitad, si bien los bomberos se quejan de que ni siquiera esa parte corresponde a inversiones reales en el Servicio de Emergencias de Cantabria (SEMCA) sino que se ha destinado a gastos corrientes, como pago de nóminas o de combustible, rescates en cuevas, Protección Civil, etcétera.

La otra mitad sin justificar, unos 3,7 millones, es la parte que el TSJC ha obligado a invertir al Gobierno en el SEMCA. Una vez que la sentencia sea firme -contra ella cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo-, el Ejecutivo tendrá tres meses de plazo para llevar a cabo los trámites para ejecutar estos fondos. A continuación, «lo normal» sería que la partida se incluyera en los Presupuestos Generales de Cantabria para 2025.

Los bomberos denunciantes han anunciado que prevén reclamar también que se invierta en el servicio la cantidad aportada por las aseguradoras en 2023 y 2024, años en los que no ha habido «ningún gasto en el servicio» con esos fondos.

Los portavoces del colectivo, Josué Castillo, Roberto Labrada y Eugenio Saenz de Miera, acompañados por el abogado Javier Calzadilla, han ofrecido este miércoles una rueda de prensa en el Centro de Investigación del Medio Ambiente (CIMA) de Torrelavega para dar a conocer este fallo judicial que, como han explicado, llega después de uno similar en Asturias que abrió la puerta a denunciar a varios servicios de emergencias del país en la misma situación. Y es que, como han explicado, «históricamente se está dando un mal uso» a los fondos de Unespa en toda España, pero «nadie se había atrevido» a acudir a los tribunales hasta que lo hicieron los compañeros asturianos.

Además, han subrayado que es «un tema grave» porque «la seguridad ciudadana de Cantabria está en riesgo» al no invertirse lo necesario. De hecho, han destacado que «chirría mucho» que no se destine el dinero que por ley tiene que ser para los servicios de emergencias cuando la situación es «bastante nefasta» en cuanto a infraestructuras y medios, con parques de bomberos que «se caen a trozos», vehículos «obsoletos» y trajes que no cumplen la normativa. «Solo la profesionalidad de estos señores permite que los ciudadanos estén seguros», ha advertido su abogado.