El TSJC confirma la condena de los dos ex altos cargos del SCS a 14 y 11 años de inhabilitación

Ambos fueron condenados por la Audiencia Provincial en marzo de 2021por prevaricación en contratos menores, figura a la que acudieron de manera "deliberada" e incluso "reiterada" en su etapa en el cargo la pasada legislatura, según el fallo confirmado ahora por el TSJC.

En el caso de González, se le considera autor de un delito de prevaricación administrativa continuado, y en el de Rojo de no continuado, ya que su actuación se limitó a un único hecho, por el fraccionamiento de contrataciones de obras y servicios en el organismo sanitario.

Ambos interpusieron recurso de apelación, el primero solicitando su absolución y, de forma subsidiaria una pena menor, mientras que el segundo pidió su absolución y subsidiariamente la anulación del juicio.

Posteriormente González impugnó el recurso de Rojo y el Partido Popular, que ejerce la acusación particular y pedía 15 años para cada uno, impugnó ambos recursos, solicitando su desestimación íntegra y la condena a costas de los recurrentes.

Según recoge la Sala en su resolución, a la que ha tenido acceso El Diario Montañés, la sentencia de la Audiencia condenaba a Rojo como autor de un delito de prevaricación, porque promovió un fraccionamiento injustificado y arbitrario de la contratación de trabajos de reparación y pintado de cuatro centros de salud, cuando ya había un contrato de mantenimiento en vigor para toda la red de Atención Primaria con Elecnor. El contrato obligaba al repintado, arreglo e impermeabilización de diez centros de salud cada año a elección de la Gerencia. Sin embargo, nunca se pidió a la empresa Elecnor incluir a los ambulatorios de Dobra, Zapatón, Dávila y San Vicente, pese a estar dentro del contrato y tener un deficiente estado de conservación.

Frente a esto, Rojo defendía en su recurso que «no ha existido fraccionamiento contractual, porque cada contrato tiene una unidad funcional por referirse a un inmueble distinto, y que los contratos son legales». Pero la Sala comparte la conclusión de la Audiencia porque respecto de los cuatro contratos menores de obras, de esos cuatro centros de salud de la misma Gerencia de Atención Primera, que es el órgano de contratación, «existía una unidad funcional».

De su lado, González, –condenado por prevaricación por estos mismos hechos– denunciaba en su recurso que la sentencia incurre en error de valoración de la prueba respecto de su intervención en la realización de los cuatro contratos, negando ser autor, coautor y que concertase la voluntad de Rojo. Tampoco inductor ni cooperador necesario. Alegaba que el único responsable era Rojo como director gerente de Atención Primaria y que los actos realizados por él fueron posteriores al acto prevaricador.

Sin embargo, el TSJC considera que su intervención en los cuatro contratos, tal y como se califica en la sentencia, «fue relevante, decisiva e imprescindible, porque realizó los actos del proceso de contratación necesarios para llevar a cabo el fraccionamiento en cuatro contratos menores». «Reconociendo sus abundantes conocimientos y experiencia en materia de contratación administrativa, propuso la realización de cuatro contratos menores fraccionando ilegalmente la contratación».

González también formuló la misma alegación respecto de los 22 contratos menores formalizados para adquirir 22 ecógrafos para centros de salud, hechos por los que también fue condenado. Negaba que ordenase la compra de los aparatos, pero el TSJC inadmite esta alegación «porque esa orden queda acreditada en la documentación que obra en las actuaciones».

Esta sentencia no es firme, ya que cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.