El TSJC frena la vía abierta por Cantabria para matar lobos

La Sala de lo Contencioso Administrativo estima el recurso planteado por Ecologistas en Acción y es taxativa: el lobo «ha pasado a ser especie especialmente protegida en Cantabria» y «darle muerte está prohibido». De esta forma frena la vía elegida por la consejería que en 2022 dirigía el regionalista Guillermo Blanco y, aunque reconoce excepciones, señala que el Gobierno regional no las justificó de forma suficiente y advierte de que «la muerte del lobo no se puede autorizar, aún habiendo ataques al ganado, si dicha medida extrema impide mantener un estado de conservación favorable de la especie».

El tribunal afirma que la norma que protege la especie «es clara, precisa, incontestable, y responde al fin que se toma como punto de partida: el mantenimiento de la especie en un estado de conservación favorable».

Por eso insiste en que «no es suficiente con acreditar que el estado de conservación de la especie es favorable en el momento de la autorización; sino que es imperioso acreditar que la muerte de los ejemplares incluidos en la autorización no va a alterar la situación de modo que el estado de conservación ya no pueda calificarse de favorable». Sin embargo, cree que las órdenes de Ganadería no cumplieron este requisito, ya que el informe aportado no incorporaba estudios que avalasen los datos en los que se apoyaban las resoluciones de extracción, «ni delimita de forma diáfana el área objeto de estudio, ni se refiere a las características de las manadas afectadas, ni pone en relación directa la extracción autorizada con el estado de conservación de la especie». El Gobierno regional insistió en sus argumentos en que la población del lobo al norte del Duero es diferente a la del resto de la península, sin que allí esté en riesgo.

La sentencia reconoce que la norma permite excepciones siempre y cuando esten tasada y objetivadas y mantengan la salvaguarda de la especie . Como ejemplo cita que el lobo esté causando perjuicios importantes al ganado, pero advierte de que también exige que se cumplan otros requisitos. Entre estos insiste en que hay que acreditar, por un lado, que no haya otra solución satisfactoria alternativa a la muerte del lobo y, por otro, que la extracción no afecte al estado de conservación de las poblaciones sobre las que se va a actuar.

El TSJC considera que en el caso de las órdenes aprobadas por el Gobierno regional en 2022, la administración «se ha limitado a aseverar la presencia en las explotaciones ganaderas afectadas de perros mastines o de otras razas, y ha tratado de explicar la improcedencia de ciertos vallados en los montes públicos».

Para los magistrados, «tal explicación no es bastante para justificar el requisito de la necesidad de la medida; la norma exige mucho más». A su juicio, «la administración no explica con suficiencia el intento de activar algunas de las opciones que, sin exhaustividad, contempla el Catálogo de medidas para favorecer la convivencia entre el lobo y la actividad ganadera».

Las órdenes de la Consejería no llegaron a materializarse en ningún momento porque estaban pendientes de un informe del Ministerio de Transición Ecológica que aunque no era vinculante sí era preceptivo y este no llegó nunca. Además, la órden en si no permitía la muerte sino que establecía un marco general para que se pudiera realizar a través de una disposición concreta posterior.

El nuevo Gobierno regional llegado de las elecciones de 2023 también se ha puesto como objetivo sacar al lobo del Lespre, pero como se trata de un proceso lento que requiere de las autorizaciones de Europa, han apremiado al Ministerio para que emiti esos informes preceptivos que permitan ejecutar las órdenes que ahora han sido anuladas, aunque la sentencia puede ser recurrida. Castilla y León y Asturias tambien han seguido esta vía.

El consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, Pablo Palencia, ha asegurado este viernes en Potes que el Gobierno recurrirá la sentencia ante el Supremo y que seguirá dando la batalla judicial y política hasta conseguir que se pueda controlar la población de lobos. También ha reiterado la preocupación de la Administración por el cambio de comportamientos de esta especie que cada vez se acerca más a los núcleos de población, informa Pedro Álvarez.