El TSJC ratifica los quince años de cárcel para Carmen Merino por la decapitación de su novio

Sin embargo, el Tribunal Superior desestima el recurso contra la sentencia dictada por el magistrado presidente de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria, que en diciembre pasado la consideró, de acuerdo con el veredicto del jurado, autora de un delito de homicidio, con la concurrencia de la circunstancia agravante de parentesco.

La sentencia del TSJC, notificada este martes, descarta que se haya vulnerado el derecho a la presunción de inocencia, tal y como sostenía la defensa. Según el recurso, existe «una ausencia total de prueba de cargo» que afirme que la causa de la muerte fue violenta, por lo que la motivación del veredicto y el juicio de inferencia del magistrado presidente resulta, a su juicio, «irracional, ilógica y arbitraria». El tribunal afirma, por el contrario, que «no se revela errónea, arbitraria ni ilógica, por cuanto los indicios que integran la prueba indirecta son reforzadores de la conclusión a la que llegaron los peritos forenses que practicaron la autopsia de la cabeza». «Todos los indicios apuntan en la misma dirección: se trata de una muerte violenta, hipótesis que está dotada de un grado de confirmación prevaleciente respecto de la hipótesis que plantea el recurso», señala la sentencia.

Y añade: «No puede darse lugar a que una idea especulativa como la planteada en el recurso, que la muerte pueda ser natural o accidental, se presente como una probabilidad razonable», dado que «las especulaciones son posibilidades que no se basan en la razón». En este sentido, señala que «no se encuentra explicación lógica ni racional a que si la muerte fuera resultado de causas naturales o accidentales alguien se tome la molestia de cortarle la cabeza del tronco, la someta a la acción del calor para que se desprendan las partes blandas y guardarla, deshaciéndose del resto de su cuerpo, de sus teléfonos móviles, etc, eliminando toda posibilidad de demostrar que la muerte no fue homicida».

El segundo de los motivos de la defensa se refería a que en la sentencia no se reproduce exactamente el enunciado de uno de los hechos probados, extremo este que el tribunal sí ha admitido. Así, en los hechos probados debe figurar que la recurrente «participó intencionadamente en la muerte de la víctima y actuando como autora», en vez de «participó de forma activa en la ejecución de hechos que causaron la muerte de la víctima», como reproducía la sentencia. Sin embargo, señala la Sala que este cambio no supone una alteración del sentido del veredicto y recuerda que la calificación jurídica de los hechos y la participación en los mismos es competencia del magistrado presidente. El tercero de los motivos de la defensa para solicitar la revocación de la sentencia se refiere a la falta de prueba de cargo que permita afirmar que su representada participó en la muerte de la víctima. Sin embargo, el tribunal considera que el veredicto del jurado fue «suficientemente explícito y razonado» y que la valoración de la prueba que se realizó para llegar a la condena «no se aparta de las reglas de la lógica, de las máximas de experiencia y de los conocimientos científicos». Por lo tanto, la valoración efectuada «no es irracional, ni inconsistente o manifiestamente errónea, al existir indicios plurales de los que se deduce el hecho que se afirma demostrado y su participación en ellos».

Finalmente, la defensa solicitaba que, subsidiariamente, si no prosperaba ninguno de los anteriores motivos, su representada fuera considerada cómplice y no autora directa de la muerte. Pero la Sala desestima este motivo porque «la participación de la recurrente en la muerte de la víctima no tiene encaje en la complicidad y sí en la autoría».

En este sentido, explica que los jurados añadieron «actuando como autora» y que «de haber sido otro el sentido de la deliberación», «de haber concluido que no era la acusada una de las protagonistas principales en el hecho delictivo sino una participante con un papel secundario», hubieran consignado «actuando como cómplice». En definitiva, «una participación de naturaleza secundaria o inferior no puede atribuirse a quien tiene la intención de acabar con la vida de su compañero, lo plantea, lo organiza y, en definitiva, ejecuta su plan, sola o ayudada por otro, nos da igual, pues la pena seguiría siendo la misma». «La posible contribución en los hechos de otra persona no desvirtúa los razonamientos sobre los cuales asienta su convicción el jurado en relación a la participación de la recurrente en los hechos que terminaron con la muerte de la víctima», concluye la Sala. La sentencia no es firme ya que contra la misma cabe la interposición de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.