El turbulento final de legislatura no afecta al pacto de Gobierno, pero da alas a la oposición

La dimisión de la directora general socialista Alicia Renedo por los contratos en Juventud, el escándalo de los trenes encargados por el Ministerio de Transportes que no cabían por los túneles y, en esta última semana, la detención de un funcionario de alto nivel de la consejería regionalista de Obras Públicas -las dos últimas noticias con importante relevancia nacional- han dado alas a la oposición. Munición para la contienda en forma de argumentos adicionales a los ya conocidos con los que atizar a un bipartito que, al menos por ahora, ha optado por hacer piña contra las adversidades y no lanzarse cuchillos entre ellos.

Lejos de lo que podría pensarse, en el PSOE no han celebrado que explote ahora un posible caso de corrupción dentro de la Consejería de su aliado sin que el consejero se enterara «de nada». Los socialistas entienden que, aunque el departamento en el que entró la Policía Nacional y la Agencia Tributaria es del PRC, tienen que perder -es verdad que no en la misma proporción- los dos socios del bipartito. «Todos los cántabros saben que están en el Gobierno el PRC y el PSOE, pero no todo el mundo tiene claro quién lleva cada consejería», reflexionan. Lo que sí tiene claro el PSOE es que su única opción de seguir en Peña Herbosa es pactar con el PRC. La dirección de Pablo Zuloaga confía en igualar o mejorar resultados y espera que el desgaste que se da por hecho que sufrirán los de Revilla sea contenido. Un correctivo no tan amplio como para que la suma de ambos esté por debajo de los 18 diputados que dan la mayoría absoluta -ahora tienen 21- en el Parlamento regional.

Según la última encuesta de Sigma Dos, todavía dan los números. Llegarían al listón de los 18 escaños incluso en caso de que entre en la Cámara cántabra la confluencia de Izquierda Unida y Podemos. Esa formación de izquierdas aún sin bautizar, de estar PRC y PSOE apurados, apoyaría con condiciones una coalición regionalista-socialista antes que dar el poder a PP y Vox.

Tras el visto bueno de los médicos, Revilla señaló que uno de los motivos para volver a presentarse como cabeza de lista con los 80 años ya cumplidos era evitar la entrada de Vox en el Gobierno de Cantabria. Públicamente, sigue pensando que su tirón electoral impedirá que la formación de Santiago Abascal toque poder porque no sumará con los populares. Por ahora ningún sondeo da opciones a la suma PP+VOX, pero tampoco ninguno recogía por completo las tres últimas polémicas. De ahí el nerviosismo del bipartito y, particularmente, de su presidente.

Todo pese a que los dos socios dan por cerrado y con resultado satisfactorio para los intereses de los cántabros el escándalo de los trenes. Una vez que el error de Renfe retrasará tener las nuevas máquinas hasta 2026, tres años después de lo previsto, las compensaciones firmadas con la ministra Raquel Sánchez reparan el agravio. Sobre todo la gratuidad del servicio de Cercanías hasta que lleguen los nuevos convoyes, pero también la concreción del calendario de ejecución de los 970 millones del plan de inversiones y actuaciones urgentes para reparar las averías más evidentes.

Desde el PP, ni creen que el Gobierno de Sánchez vaya a cumplir ahora lo pactado ni creen que todas las responsabilidades estén solo en Madrid. A Revilla le culpan de no hacer un seguimiento de un contrato tan «crucial para Cantabria». Y de paso, apuntan contra el actual director general de Transportes del Ejecutivo autonómico, Felipe Piña, ahora bajo el foco público por haber sido el elegido como candidato regionalista a la Alcaldía de Santander. Vox, por ejemplo, reclama su comparecencia en el Parlamento.

El episodio de las mordidas que presuntamente llevaba a cabo un funcionario del servicio de Carreteras es un buen ejemplo de este pacto de no agresión en el bipartito. Aunque el vicepresidente regional, Pablo Zuloaga, dejó entrever que cuando se abriera el secreto de sumario sería el momento de ver si «hay que tomar responsabilidades y de qué tipo», ni mucho menos apuntó a la cabeza del consejero, como en el pasado sí hizo el PRC con los colegas socialistas. De hecho, públicamente los socialistas no han vuelto a pronunciarse sobre el asunto. El consejero Gochicoa reconoció el pasado jueves en el programa 'La Lupa' de El Diario Montañés que durante el Consejo de Gobierno había recibido un cariñoso abrazo de la consejera de Economía, Ana Belén Álvarez, y también un gesto de apoyo en este momento desagradable del propio Zuloaga.

Si Gochicoa o alguno de los puestos de designación política por debajo de él -como el director general Manuel de Jesus- cae, seguro que no será por la presión de los socialistas. El consejero no dice que no va a dimitir, sino que «sería egoísta echarse a un lado ahora», antes de solucionar el desaguisado. Desde su departamento recuerdan que, debido a la normativa nacional, desde 2017 ningún cargo político participa en las mesas de contratación donde parece que se han producido las irregularidades y donde la decisión está en manos de los funcionarios al 100%.

De producirse finalmente, la dimisión de Gochicoa sería la primera en la historia de un consejero del PRC en asunción de responsabilidades políticas. No había ocurrido nunca en las seis legislaturas que los regionalistas han estado en el Gobierno -cuatro con la Presidencia y antes dos en coalición con el PP de Sieso-. Hasta ahora, todos los elegidos por Revilla acabaron la legislatura o cesaron antes para ocupar otro cargo, como ocurrió con José María Mazón para ir al Congreso de los Diputados y con Francisco Martín para ir al Puerto de Santander. Y caso distinto fue el de Rafael de la Sierra, que sí dimitió, pero por problemas de salud.

Y sobre el asunto de Alicia Renedo, después de la sucesión de ofensivas de la oposición en el Parlamento contra el vicepresidente Zuloaga, lo que queda es ver en qué acaba el expediente interno que ha abierto el propio Gobierno contra su exintegrante. Cabe recordar que Renedo vulneró aparentemente la Ley de Incompatibilidad por empezar a trabajar como empleada de una empresa a la que había dado contratos menores y a la que volvió a contratar años después, al regresar a la política. «No ha actuado como debía y debe asumir responsabilidades», dijo rápidamente Revilla. Las prisas del presidente no gustaron al PSOE, que finalmente reconoció que el relevo era la única salida al asunto. Eso sí, insistiendo en que, lejos de ser una trama, todo se debió a un error: «Ignorancia o despiste», no corrupción.

Mientras tanto, la oposición se frota las manos. Especialmente el PP, que todavía inmerso en el 'efecto Feijóo' tiene mucho margen de crecimiento en Cantabria respecto a los resultados de 2019. Hace cuatro años las turbulencias no estaban en el Gobierno, sino en su casa por la operación instrumentada por Pablo Casado y Teodoro García Egea con la que intentaron apartar a María José Sáenz de Buruaga y sustituirla por la exatleta Ruth Beitia. Aquel extraño movimiento pesó más que los problemas de la gestión en el Gobierno, la guerra interna del PSOE entre zuloaguistas y tezanistas y escándalos como el del Servicio Cántabro de Salud.

En una comunidad autónoma poco acostumbrada a los grandes casos de corrupción más allá de desmanes urbanísticos como el de Castro Urdiales, el del SCS ha sido uno de los más sonados en los últimos tiempos y se saldó con la inhabilitación por 11 y 14 años de los dos altos cargos durante la etapa de Luisa Real. Por prevaricación, como Gastón Gómez (PP), exalcalde de Cayón.